Oficialismo y Frente Amplio chocan por proyecto de armonización eléctrica
La discusión sobre el proyecto de armonización del mercado eléctrico volvió a generar diferencias entre la fracción oficialista de Partido Pueblo Soberano (PPSO) y la bancada del Frente Amplio (FA) que mantienen posiciones opuestas sobre los efectos de la iniciativa.
Mientras el oficialismo defiende el proyecto como una reforma necesaria para aumentar la generación eléctrica y atraer inversión, el Frente Amplio asegura que la propuesta pone en riesgo el modelo eléctrico actual liderado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
PPSO rechazó las críticas realizadas por el FA y afirmó que el expediente 23.414 no pretende privatizar el sistema eléctrico nacional. Según indicó la bancada oficialista, el ICE seguiría siendo un actor central en el sistema y la reforma permitiría generar más electricidad, aumentar la competencia y reducir tarifas.
El oficialismo también sostuvo que el país necesita ampliar su capacidad energética para atraer inversiones y generar empleo, y aseguró que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos continuaría regulando las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores.
El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, afirmó que Costa Rica no puede seguir atrasando decisiones relacionadas con el crecimiento energético del país, mientras que el subjefe de fracción, Juan Manuel Quesada, defendió la necesidad de impulsar medidas para abaratar la electricidad y promover el desarrollo económico.
Por su parte, el FA cuestionó el proyecto y aseguró que la propuesta busca fragmentar el sistema eléctrico nacional y debilitar el modelo público encabezado por el ICE. La bancada sostuvo que la iniciativa abriría más espacio a empresas privadas dentro del mercado eléctrico.
Entre las principales críticas señaladas por el partido opositor está la creación del ECOSEN, un nuevo ente que asumiría funciones técnicas y operativas del sistema eléctrico. El FA considera que esto podría trasladar decisiones estratégicas desde el ICE hacia una estructura con nombramientos políticos.
La agrupación también advirtió sobre posibles impactos en las tarifas eléctricas y cuestionó que empresas privadas puedan exportar energía utilizando la infraestructura nacional. Además, señaló que permitir que grandes consumidores compren electricidad directamente a privados podría aumentar los costos para usuarios residenciales y pequeños comercios.