Oposición cuestiona contradicción del Gobierno en proyecto de Crucitas
Diputados de oposición acusaron al oficialismo de contradicción: horas después de que la presidenta Laura Fernández llamara al diálogo sobre Crucitas, la bancada del PPSO rechazó dos mociones que buscaban pausar el proyecto de explotación minera.
Las mociones buscaban abrir un espacio de análisis técnico y político antes de continuar el trámite legislativo. Ambas fueron rechazadas el martes pasado por el oficialismo, pocas horas después de que Fernández se reuniera con las fracciones y hablara de construir acuerdos sobre Crucitas.
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, cuestionó que el oficialismo negara incluso una pausa corta para revisar la información técnica disponible.
Ramírez sostuvo que el mensaje del oficialismo contradijo el tono de diálogo que prevaleció, según él, en la reunión con Casa Presidencial.
"En la mañana se habla de diálogo y construcción conjunta, pero en la tarde se bloquea cualquier posibilidad de abrir un compás de espera", reprochó.
La diputada Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), también criticó el giro tomado por la fracción oficialista luego del encuentro con la mandataria.
Dobles agregó que las mociones buscaban que las bancadas pudieran estudiar la documentación técnica que el Gobierno se comprometió a entregar sobre Crucitas antes de avanzar con el trámite.
La diputada del Frente Amplio (FA) Joselyn Sáenz afirmó que la negativa del PPSO evidencia que el Gobierno ya tiene trazada su ruta para reactivar la minería a cielo abierto.
"Ellos no quieren escuchar criterios técnicos ni ambientales; quieren avanzar rápido con la explotación minera", criticó.
La legisladora agregó que al oficialismo "solo le interesa mentirles a los costarricenses y la plata que le puede dejar a algunos pocos sacar el oro de Crucitas".
El diputado del FA Edgardo Araya calificó de "lastimosa" la decisión de rechazar las mociones.
Araya además sostuvo que el proyecto impulsado por el Ejecutivo "termina legalizando una actividad altamente cuestionada ambientalmente" y afirmó que "parece que el único interés es legalizar el robo en Crucitas".
La diputada socialcristiana Abril Gordienko expresó incomodidad con el ritmo del debate y defendió la necesidad de sustentarlo en evidencia técnica y ambiental antes de tomar decisiones definitivas.
En medio de la creciente tensión política, la presidenta Fernández invitó a los 57 diputados a visitar Crucitas el 19 de junio para conocer de primera mano la situación de la zona.
Gobierno impulsa minería mientras oposición plantea alternativas "sin extraer el oro"
El Gobierno de Laura Fernández impulsa el proyecto para reactivar la minería metálica a cielo abierto en Crucitas, actividad prohibida en el país desde 2010. Varias fracciones opositoras cuestionan el plan y proponen alternativas que eviten la extracción tradicional.
La iniciativa del Ejecutivo propone crear un régimen especial únicamente para Crucitas, con el argumento de combatir la minería ilegal, el daño ambiental y la violencia asociados a la extracción clandestina de oro en la zona.
El proyecto permitiría la exploración y explotación de oro bajo regulación estatal y controles más estrictos. Además, declara la actividad como de "conveniencia nacional", figura que agiliza trámites administrativos y atrae inversiones al proyecto.
Las concesiones se otorgarían mediante subasta pública, en la que las empresas deberían demostrar experiencia, solvencia financiera y certificaciones ambientales, además de ofrecer un royalty al Estado con un mínimo del 5%.
Los recursos se distribuirían así: 72% a la Caja Única del Estado, 25% a la Municipalidad de San Carlos y 3% a asociaciones de desarrollo comunal.
La propuesta prohíbe el mercurio y la lixiviación abierta, exige tecnologías de "ciclo cerrado" y crea una Comisión Mixta de Fiscalización Minera para monitorear el impacto ambiental y social de la actividad.
Uno de los puntos más polémicos es una cláusula de "seguridad jurídica" que mantendría vigentes las concesiones aunque la ley fuera derogada en el futuro, lo que, según críticos del proyecto, podría exponer al Estado a demandas millonarias.
El PLN, por su parte, no respalda la minería a cielo abierto. Su jefe de fracción, Álvaro Ramírez, propuso explorar la "tokenización" del oro, un mecanismo financiero que permitiría aprovechar su valor económico sin extraerlo físicamente.
Ramírez señaló que modelos similares se han aplicado en otros países y permitirían generar recursos para la Zona Norte sin los daños ambientales de la extracción tradicional.
La diputada Claudia Dobles señaló que la solución para Crucitas debe contemplar control territorial, oportunidades reales para las comunidades y beneficios directos para el país.
Meses atrás, Dobles planteó un modelo cooperativo inspirado en Abangares, en el que las comunidades locales administrarían una minería artesanal bajo controles estrictos.
Gordienko coincidió en que legalizar la minería no es solución suficiente y pidió un abordaje integral que incluya estudios sociales, económicos y ambientales.
"Definitivamente, se requieren estudios sociales, económicos y ambientales", señaló, e insistió en la necesidad de una "compensación ecológica real" como parte de cualquier solución.
Proyecto entra a nueva etapa con casi 644 mociones
El expediente fue presentado el 25 de noviembre de 2024 por el gobierno de Rodrigo Chaves y había sido dictaminado desde septiembre de ese mismo año.
Sin embargo, el trámite legislativo entró en una nueva etapa luego de que los diputados presentaran alrededor de 650 mociones al proyecto, que deben discutirse y votarse en comisión.
El martes se completó el segundo día de mociones bajo el artículo 137, mecanismo que permite a los legisladores proponer cambios al texto. La Secretaría del Directorio Legislativo contabilizó 644 enmiendas en total.
La avalancha de mociones se produjo tras el rechazo del PPSO a la solicitud opositora de pausar el expediente y discutir alternativas a la minería a cielo abierto.
Ante esto, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, ordenó trasladar el proyecto a la Comisión de Ambiente, que comenzará funciones la próxima semana.