Organización que vela por la transparencia alerta 5 riesgos sobre proyecto de ley jaguar

Costa Rica Íntegra (CRI), una organización sin fines de lucro creada en 2012, que se dedica a impulsar la transparencia, la probidad y promover la anticorrupción, emitió un análisis donde alerta de 5 riegos que incluye el proyecto de ley jaguar (expediente 24.364) que el Poder Ejecutivo quiere enviar a consulta popular vía referéndum.

En su informe, CRI indica en primera instancia que "la corrupción no es solo cosa del pasado, está presente y es creciente, el momento amerita fortalecer los controles".

Enfatiza que la evidencia reciente demuestra que el país no está en un periodo de mejoría de la transparencia y de la integridad.

Por el contrario, el informe recuerda varios episodios de casos de corrupción de alto perfil o también llamados de "cuello blanco" que son cada vez son más frecuentes como: "Cemento Chino", "Cochinilla", "Azteca", "Comején", "Madre Patria" y "Coraza", entre otros.

"En estos se descubrieron amplias redes de funcionarios públicos y actores privados que cooptan las políticas e intervenciones de las instituciones públicas, desviando importantes recursos a su favor y afectando los servicios que se brindan a la mayoría de la población", señala el documento.

Agrega que el incremento del crimen organizado trae aparejado un cada vez mayor riesgo de cooptación de la institucionalidad pública, ya que este tipo de crimen requiere áreas de corrupción y opacidad para operar, ocultar y luego legitimar sus ganancias ilícitas.

Por ello, CRI cuestiona que el proyecto de ley jaguar quiere restar capacidades de control a la Contraloría General de la República (CGR).

La coyuntura por la que pasa Costa Rica no es un momento para aumentar la discrecionalidad y eliminar algunos de los controles sobre el erario público. En concreto, no contribuiría a la transparencia y probidad el eliminar la obligatoriedad de compartir la información que hace la Contraloría sobre las compras y obras de manera anticipada, por el contrario, se disminuiría la capacidad de los entes de control de actuar para prevenir cualquier acto indebido que facilite la corrupción, y a su vez la posibilidad de que la ciudadanía conozca estas actuaciones oportunamente.

Vigilar la contratación pública

El segundo aspecto que resalta el informe es que la "contratación pública, en especial de obra pública, es un área altamente vulnerable a la corrupción que amerita una fiscalización robusta desde entes técnicos y ciudadanía".

Resalta que además que los mayores escándalos de corrupción han acontecido en el área de contratación pública, para la cual se presupuestan recursos públicos significativos.

Esos riesgos de corrupción aumenta, recuerda la CRI, en zonas del aparato público poco supervisadas: acciones ante las emergencias nacionales y empréstitos con ejecución más flexible en los controles de las compras públicas. La composición de las compras públicas en donde prevalece la compra directa atomizada tampoco ayuda.

Además, que este tipo de situaciones impacta directamente en la calidad de los servicios públicos y obras que recibe la población, muchas veces retrasadas, inconclusas o deficientes e incrementa la desconfianza a la población en sus gobernantes.

Recuerda el informe que la CGR juega un papel fundamental en los controles previos y posteriores de la contratación pública.

"Las leyes en las últimas décadas han facultado a la CGR, a las auditorías interna, al control interno de las instituciones para que su intervención no se limite a actuar al final, sino que puedan prevenir antes de que ocurra la irregularidad y no esperar a que se haya consumado. La recuperación a posteriori de los recursos públicos malgastados es muy difícil", indica el documento.

En este contexto, se considera negativa la propuesta del proyecto de ley jaguar, concretamente la posibilidad de arrendar inmuebles por hasta 30 años sin seguir procedimientos ordinarios estrictos. Los contratos de arrendamiento a largo plazo pueden dar lugar a compromisos financieros prolongados y desfavorables para el Estado si no se regulan adecuadamente.

La falta de procedimientos estrictos puede permitir que se firmen contratos que no sean beneficiosos para el interés público, comprometiendo los recursos del Estado por períodos prolongados.

El informe también hace referencia a la reforma a la Ley Órganica de Japdeva que se propone en la propuesta de referéndum de Chaves.

"La falta de mecanismos claros y regulados para la selección de aliados estratégicos en las alianzas de Japdeva, sin procedimientos transparentes y rigurosos para la selección de aliados estratégicos, permitiría un mayor riesgo de prácticas corruptas y favoritismos", indica el documento.

Remarca que las decisiones pueden ser influenciadas por intereses privados, comprometiendo la integridad de los procesos y afectando negativamente el interés público.

Recuerda CRI que tanto las alianzas estratégicas como la licitación pública y otros mecanismos son válidos para la consecución de fines públicos.

"Lo importante es que sea el mecanismo idóneo para la selección del co-contratante, el que mejor garantice que se respete los principios de igualdad de trato, libre concurrencia, probidad y transparencia. En ese sentido, cabe por ejemplo, las alianzas estratégicas de una empresa pública con una o varias empresas privadas, en una relación de socios para hacer negocios en que cada parte aporta lo suyo, pero deben existir criterios técnicos, aportes, precios y objetivos claros para que la entidad pública seleccione a ese socio, y obtenga los mayores réditos de esa alianza", agrega.

Cuidar el diseño de los controles

Otro aspecto que el informe destaca es cómo el diseño del Estado costarricense "tiene controles que se complementan y refuerzan entre sí, cualquier cambio afecta la distribución de pesos y contrapesos y afectará la detección de las irregularidades".

Recuerdan que en la constitución de 1949 se adoptaron controles a la gestión de la hacienda pública.

"De hecho el estado costarricense tuvo un crecimiento de funciones y gasto extraordinario a partir de 1940 y los constituyentes valoraron el periodo de un régimen de despilfarro y de peculado y establecieron como prioridad el diseño de una arquitectura del estado para reducir oportunidades para la corrupción y para racionalizar la actuación financiera del Ejecutivo", menciona el documento.

Enfatiza que la Contraloría es el ente rector de este sistema control, clave para mantener el principio de legalidad y el Estado de derecho.

"Si alguna parte de ese diseño se ve trastocada, se modifica todo el conjunto del diseño y no se garantizaría su efectividad. Por ello, las reformas deben incorporarse con base en un criterio integral y de impactos del sistema de fiscalización. Las competencias que se eliminan de un alguno de los entes de control, deben verse fortalecidas en otro ámbito de control, de lo contrario se crearán silos no observados y aumentará la opacidad, que se sabe es caldo de cultivo para la corrupción", señala el informe.

Una cuarta consideración que expone el informe de CRI es cómo la Contraloría ejerce un "control efectivo de los fondos públicos, con áreas de mejora, pero su debilitamiento no contribuye en nada al desarrollo nacional".

Enfatiza que no cabe disminuir el ámbito de fiscalización sin violentar el diseño constitucional que responde a un modelo de control lo más abarcativo posible.

"Con ello no se está negando que hay una sentida necesidad de revisar procedimientos a lo interno de la CGR, sobre todo mejorando aquellos cuellos de botella que terminan haciendo más largo el proceso de las acciones u obras, y por ende más susceptible a la corrupción", menciona el informe.

Se recomienda seguir el camino ya iniciado de mejorar la efectividad de la CGR, por ejemplo la capacidad de imponer sanciones en los procesos de atención de denuncias e investigaciones, la construcción de una verdadera red de fiscalización general y en cada institución con auditorías con mayores instrumentos e independencia de los jerarcas, y la puesta en marcha efectiva del control interno, que aún no se ha consolidado.

La fiscalización a posteriori que postula la ley jaguar limita la actuación de la CGR a revisiones después de que las decisiones administrativas hayan sido tomadas y ejecutadas, una acción de autopsia forense frente a hechos consumados. Esta limitación debilita la capacidad de la CGR para prevenir irregularidades y actos de corrupción antes de que ocurran. La falta de controles preventivos reduce la posibilidad de detectar y corregir errores o actos ilícitos en etapas tempranas, lo que puede resultar en la malversación de fondos públicos y otros actos de corrupción que podrían haber sido evitados. La prevención es una herramienta esencial para mantener la integridad en la gestión pública.

Por último, el informe recuerda que "el cumplimiento de distintos compromisos del país y los estándares internacionales apuntan hacia el fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de los órganos de control".

Dice el documento que diversos instrumentos jurídicos de los cuales Costa Rica es signatario, obligan al país a un fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de las instituciones de control y detección y sanción de la corrupción.

"Compromisos de convenios internacionales anticorrupción y estándares internacionales OCDE, y objetivos de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción se ven violentados por la posibilidad de contratos abusivos a largo plazo, el aumento de discrecionalidad y falta de regulación que se pretende para la adquisición de bienes y uso de inmuebles", resume el documento.

El informe completo lo puede leer aquí: Declaración de la Asociación Costa Rica Integra sobre Proyecto Ley Jaguar