Plan de Chaves para minería en Crucitas podría ser inconstitucional, advierte Contraloría
Informe señala que la propuesta legislativa pone en riesgo principios ambientales fundamentales como el de no regresividad y prevención
El presidente visitó la zona de Crucitas el 16 de julio de 2022 (Presidencia)
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el proyecto de ley que permitiría la minería metálica a cielo abierto en Crucitas podría ser inconstitucional debido al riesgo ambiental que representa.
Según un criterio emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la CGR, la propuesta presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves no solo podría significar una regresión ambiental, sino que omite detalles sobre los procesos de explotación y carece de restricciones.
"Este Órgano Contralor considera que las disposiciones contenidas en el proyecto de ley resultan laxas e insuficientes para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen la protección ambiental. En suma, la propuesta legal omite regular los requisitos ambientales en los procesos de exploración y explotación, y no impone restricciones claras que garanticen un modelo de minería compatible con los compromisos ambientales", indicó la CGR.
Otro punto cuestionado es la autorización para utilizar "cualquier tecnología aprobada" por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud para realizar los procedimientos de exploración y explotación, sin establecer criterios técnicos. Según la Contraloría, esto abre paso a que puedan darse decisiones discrecionales y debilitaría los mecanismos constitucionales de tutela ambiental.
"Dicha amplitud genera una alta discrecionalidad administrativa y podría permitir el uso de tecnologías igualmente contaminantes si no existen parámetros objetivos previamente definidos, lo cual debilita el principio de objetivación de la tutela ambiental y pone en riesgo el cumplimiento de los principios preventivo y de no regresividad", agregó.
De acuerdo con el pronunciamiento, emitido bajo el oficio DFOE-SOS-0183, existe jurisprudencia de la Sala Constitucional, criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) y doctrina especializada que sostiene que la disminución del estándar de protección ambiental solo puede admitirse si se observan tres principios fundamentales del Derecho Ambiental: el preventivo, el de no regresividad y el de objetivación de la tutela ambiental.
Por otra parte, el criterio señala que la iniciativa no aporta una justificación técnica que respalde la elección del Consejo de Gobierno como órgano competente para decidir a quién se entregaría la adjudicación minera. Sobre este punto, la Contraloría advirtió que se podría comprometer "la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad técnica de la resolución".
El informe también cuestiona que el financiamiento para la recuperación ambiental en la zona afectada por la minería ilegal dependa exclusivamente de un porcentaje de los pagos anuales del concesionario, el cual también puede ser utilizado en proyectos de obra pública.
"Preocupa que la única fuente prevista para financiar la recuperación ambiental por las acciones de minería ilegal provenga de un porcentaje de al menos un 20% del pago anual del adjudicatario de la concesión minera, el cual también se define que puede ser utilizado para obras de infraestructura en el cantón de San Carlos, sin establecer criterios de distribución entre estos dos fines distintos", agrega.
En noviembre de 2024, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para autorizar la explotación de minería metálica a cielo abierto en Crucitas, distrito de Cutris, San Carlos. La propuesta, que se tramitará bajo el expediente 24.717, plantea una reforma parcial al Código de Minería con el objetivo de regular esta actividad y asignar concesiones mediante subastas públicas.