Plan propone salvar empresas con utilidades de banca pública

(CRHoy.com).- La posibilidad de que la banca pública destine una proporción de sus utilidades para respaldar al sector productivo tras la pandemia de la COVID-19 está latente en un proyecto de ley que pretende salvar empresas que queden al borde del precipicio debido a la emergencia, en riesgo de vulnerabilidad o insuficiencia de pago.

El proyecto N.°  21.935, Ley de rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción, del diputado Walter Muñoz, de Integración Nacional (PIN), establece la obligatoriedad para los bancos estatales, Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR), el Banco Popular y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), de poner en práctica la figura del "fideicomiso especial de recuperación". 

Dispone, además, que, para tal fin, los intermediarios financieros deberán abrir una oficina especializada que brinde ese servicio a las empresas tocadas por la mala situación actual.

La figura del fideicomiso especial de recuperación, según el proyecto, "permite al banco actuar como fiduciario, con el poder tanto de flexibilizar las condiciones de los créditos otorgados originalmente a la empresa (ya sea por el banco o por otros bancos que formen parte de la red y con su aprobación), como llevar a cabo todo tipo de acciones para administrar el patrimonio y procurar su recuperación".

Según la propuesta de ley, al mismo tiempo, el fideicomiso le permite al banco sacar del balance las operaciones malas y así disminuir su riesgo de crédito, además de que le sería más sencillo recuperar buena parte del dinero adeudado.

Otro de los componentes del plan es que, por 20 años, el Infocoop redireccione un 50% del monto que recibe cada año de los bancos públicos, que es el equivalente a un 10% de sus ganancias anuales.

Esos recursos se deberán destinar a la formación de otro fideicomiso especial que servirían para beneficiar a las empresas agroindustriales cooperativas y a las cooperativas de autogestión que estén en riesgo de desaparecer.

Las condiciones a las que puedan acceder las empresas se regirán por la Ley que propone el diputado Muñoz y por los reglamentos que emitiría el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

El proponente dijo que la intención de su iniciativa es poner a trabajar las utilidades de la banca pública en función del sistema productivo, que quedará golpeado tras la pandemia del nuevo coronavirus.

"El problema que tenemos es que estamos frente a una situación ya diferente al origen de la situación económica que teníamos anteriormente. Tradicionalmente, los bancos, y ahora se manifiestó más claramente, han tenido utilidades que no las han puesto a operar ni para el apoyo de la producción, ni para la reactivación económica. Creemos importante que el origen del sistema bancario nacional siempre fue fortalecer, entre otras cosas, el sistema productivo nacional.

Entonces, me parece que desde esa perspetiva se debe crear un fideicomiso que garantice que el sector no solo sea apoyado económicamente, sino que, también, reciba respaldo desde la capacitación y el rescate, con la subvención que puede recibir en determinados momentos de crisis", dijo el Muñoz.

Red interinstitucional de apoyo empresarial

El planteamiento del diputado es que un grupo de instituciones públicas conformen una red interinstitucional de apoyo empresarial, con el objetivo de que brinden asesoría y apoyo a las empresas en estado crítico.

Esas otras instituciones, entre las que el proyecto incluye a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Ministerio de Hacienda, entre otras, harán aporte de fondos, condonación de intereses, deudas, y avalarán operaciones crediticias.

Además del Ministerio de Trabajo, la CCSS y Hacienda deberán plantear programas concretos para el rescate de empresas "de forma que se cubran diferentes fases antes del cierre de un negocio, facilitando de una u otra manera, el cumplimiento de los objetivos", especifica la iniciativa.

Las empresas ingresarían a la protección de la red, según el plan de Muñoz, después de pasar análisis técnicos que prueben su vulnerabilidad financiera y la viabilidad de la recuperación.

La propuesta indica que sería el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) el que dispondría cómo se integrará la red y la cantidad de recursos que deberá aportar cada uno de sus integrantes para el desarrollo empresarial, que servirán para dar acompañamiento a los beneficiarios de los programas de rescate.

De ese tejido formarán parte también:

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Instituto de Desarrollo Rural
• Caja Costarricense de Seguro Social
• Ministerio de Hacienda
• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
• Instituto Mixto de Ayuda Social
• Instituto Nacional de Aprendizaje
• Ministerio de Salud
• Comisión Nacional de Emergencias
• La banca privada que desee sumarse voluntariamente

Bancos cautelosos

Los bancos estatales prefieren por ahora pisar con pies de plomo cuando se les consulta sobre el proyecto de ley de Walter Muñoz.

Tanto el BN, como el BCR, indicaron a este diario digital que procederán a analizar la propuesta a profundidad, debido a la reciente publicación del texto en el diario oficial La Gaceta, este lunes 11 de mayo.

"El Banco Nacional está y ha estado presente y en la mejor disposición para aportar y colaborar con todas las iniciativas para enfrentar de la mejor manera la emergencia del Covid-19 y atender las necesidades financieras de las personas y de las empresas. Sobre esta iniciativa de ley, el Banco, de manera responsable, debe proceder a analizarla a profundidad, en conjunto con todos las entidades que tendrían vinculación, y cuando ello suceda, podremos dar a conocer el criterio y posición al respecto", dijo Francisco Gamboa, director general de Relaciones Institucionales del BN.

Por su parte, Douglas Soto León, gerente general del BCR, dijo que la entidad aguardará a recibir una consulta formal de la Asamblea Legislativa para pronunciarse sobre la propuesta.

"Sin perjuicio de lo anterior, celebramos toda iniciativa legislativa que pretenda proteger y recuperar los segmentos empresariales más afectados como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional del COVID-19", dijo ante consulta de CRHoy.com.

Marvin Rodríguez, gerente general del Banco Popular, también dijo que el análisis de la propuesta apenas inicia.

 "Si es importante indicarle que en la actual coyuntura están surgiendo casi de forma permanente una serie de iniciativas, y en ese marco, como Banco, desde el primer momento hemos llevado adelante un trabajo de la mano con las personas y los sectores que están siendo afectados por la crisis que ha generado el Covid-19.

Con cifras actualizadas al día de hoy, indicarle que, por ejemplo, solo a través de nuestro Programa Solidario ya hemos aprobado 79.594 operaciones de apoyo, para una cantidad total de 57.062 clientes tanto físicos como jurídicos beneficiados en todos los rincones del país. Lo anterior representa un alivio en el flujo de caja y cuotas de operaciones de nuestros clientes, que impacta saldos de carteras por el orden de 1.03 billones de colones", contestó.

 Sí anticipó las condiciones en las que el Popular estaría en anuencia de dar su criterio positivo sobre los proyectos de ley que pretenden aumentar el caudal de recursos para ayudar a las empresas afectadas por la crisis, con nuevas medidas y proyecciones financieras, cumpliendo con "estricto rigor" el marco normativo interno y externo.

"Ese trabajo que estamos llevando adelante, ya nos permite establecer modelos por sectores y clientes afectados por la crisis, sobre todo aquellos que van a requerir de mayor apoyo en los próximos meses, destinando nuevos recursos, eventualmente extendiendo la cobertura del Programa Solidario, definiendo ampliaciones de plazos, revisando las condiciones de tasas de interés, períodos de gracia y arreglos con combinación de estas variables. Es importante señalar que todo lo anterior está siendo evaluado de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente que va a requerir acompañamiento–porque es un hecho que esta emergencia está impactado de forma diferente cada persona física o jurídica–, y siempre con un enfoque que contribuya a que las personas trabajadoras, las familias, los sectores y las micro, pequeñas y medianas empresas podamos superar esta situación", declaró.

El proyecto pretende darles a los bancos las siguientes funciones dentro de la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial:

• Encargarse del diseño y ejecución de los procesos de rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas privadas.
• Responsabilizarse del diseño y puesta en marcha de los programas de financiamiento y refinanciamiento conforme los términos de esta ley.

Al BN, además de esas funciones, se pretende asignarle la función de fiduciario del Fondo de Sostenibilidad para la recuperación de empresas en riesgo y de fiduciario del Fondo Sostenibilidad para las empresas del sector agropecuario.