Presidencia señala 5 prioridades: entre ellas el tope a la usura

(CRHoy.com) Este lunes los diputados volvieron de sus vacaciones y el Poder Ejecutivo indicó los cinco proyectos sobre los que la Casa Presidencial quiere que presten más atención para su discusión y eventual aprobación.

El Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, dijo este lunes que estas prioridades son los proyectos de ley para regular las comisiones que cobran los bancos por el uso de datáfonos en los comercios -y que estos luego se trasladan al consumidor-, el plan para fijar topes a los intereses de los créditos -para fijar tasa de usura- y el de creación del Centro de Información Crediticia (CIC).

También van en este listado un proyecto que este lunes el gobierno presentó para redistribuir ¢12.197 millones de los ahorros anuales generados por el tope a las pensiones de lujo para atender a las familias más pobres del país y el plan sobre extinción de dominio.

Los diputados deberán priorizar la discusión de estos proyectos porque desde el 1 de diciembre y hasta el 30 de abril el Congreso está en periodo de sesiones extraordinarias. En este lapso es la Presidencia la que define la agenda de los legisladores tanto en comisiones como en el Plenario.

Los proyectos que quiere la Presidencia

La primera prioridad señalada por el Ministro Morales fue el proyecto de ley para regular las comisiones que cobran los bancos por el uso de datáfonos. Este expediente está en la Comisión de Asuntos Económicos, donde tiene alrededor de 108 mociones que se deben discutir.

El plan lo presentó el diputado oficialista Welmer Ramos, quien propone que estas comisiones sean fijadas por el Banco Central (BCCR)y el Ministerio de Economía a través de la Comisión para la Promoción y la Competencia.

Actualmente esta comisión las definen los mismos bancos y oscila el 5%.

El segundo es el plan para fijar la tasa de usura, el cual está en la comisión de Asuntos Hacendarios. Con este plan los diputados buscan fijar un tope a los intereses de los créditos. Según el plan sería el BCCR el que también fijaría los topes máximos anuales para el cobro de intereses de las operaciones en créditos y dólares.

En la comisión los diputados han acogido una metodología, fijando una tasa anual máxima de 30.18% y en dólares de 15,31%, según cálculos hechos en noviembre por el BCCR.

Los diputados que impulsan este plan son los de las fracciones de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y el Frente Amplio. Entre tanto legisladores de Restauración Nacional y del Republicano Social Cristiano piden una mayor discusión.

El tercero es el que tiene que ver con el plan de creación del Centro de Información Crediticia (CIC). Este plan lo anunció el Ejecutivo como parte de sus propuestas para ayudar a los costarricenses con altos niveles de endeudamiento. El plan se llama Ley de Protección al Consumidor y se tramita bajo el expediente 21.666.

Sobre el proyecto hay diferencias, sobre si podría tramitarse dentro de las propuestas para la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Recientemente el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, Elian Villegas, cuestionó el plan aludiendo que fue preparado por las superintendencias financieras y que busca fortalecer su rol.

El cuarto plan es el que se presentó este lunes. El Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley con el cual se pretenden redistribuir ¢12.197 millones de los ahorros anuales generados por el tope a las pensiones de lujo para atender a las familias más pobres del país.

Esta iniciativa aún no tiene una comisión asignada para su tramitación. La Presidencia del Congreso deberá encomendarlo en próximos días a una comisión legislativa.

Por último, el Plan de Extinción de Dominio está en la comisión de Seguridad y Narcotráfico. El proyecto que también es parte de los requisitos para ingresar a la OCDE establece mecanismos para evitar el financiamiento de las actividades criminales del narcotráfico y crear una jurisdicción que permita incautar bienes a particulares que no puedan demostrar su origen.

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