Presupuesto inflexible complicará gestión de crisis al Gobierno
Más de ¢4 billones de los ¢11,4 billones ya tienen un destino específico, limitando la capacidad de maniobra de Hacienda
Con fines ilustrativos. (Foto: Cortesía MEP)
(CRHoy.com).- El 2021 luce cuesta arriba y lleno de incertidumbre en materia financiera para el Gobierno. En ese contexto, la inflexibilidad del Presupuesto Nacional complicará aún más el panorama para la administración.
Así lo concluyó la Contraloría General de la República en su Informe técnico sobre el plan de gastos, que determinó que los destinos específicos siguen limitando la capacidad del Gobierno de maniobrar en contextos dificultosos, como el actual.
Uno de los aspectos más peligrosos de la rigidez en el gasto público es que la mayoría de los destinos específicos no tienen una fuente de financiamiento identificable, tal es el caso de los que se establecen por mandato constitucional.
Y, en el caso de los destinos específicos que sí están ligados a una fuente de financiamiento tributaria están a merced de factores como la caída en la actividad económica. Esto agrava la situación fiscal del país.
La Contraloría, entonces, consideró "imperioso" que se revisen todas las asignaciones presupuestarias de manera que respondan a principios fundamentales de gasto público.
"La rigidez que estas asignaciones imprimen sobre el Presupuesto constituyen un problema estructural que debe atenderse en el contexto de la discusión sobre la reforma del Estado costarricense", determinó el ente contralor.
Algunos de los riesgos que enfrentará el Gobierno durante el 2021 son la caída en los ingresos producto de la recaudación fiscal, otro coletazo de la crisis generada por la pandemia, y que se sequen las fuentes de financiamiento externo, de las cuales la administración Alvarado Quesada ha hecho uso intensivo durante este 2020.
Millonario problema
Para el año entrante, los destinos específicos que amarran el Presupuesto representan un 11,9% del producto interno bruto (PIB), es decir, ¢4.249.510 millones.
La cifra consume un 82,4% de los ingresos corrientes del Gobierno, un 5,5% más que en el Presupuesto Nacional para el 2020. El incremento está relacionado a la inclusión por primera vez en el plan de gastos de los órganos desconcentrados de los ministerios.
El principal destino específico es el que financia el gasto en educación pública, que asciende a ¢2.794.749 millones, un 7,8% del PIB, pese a su relevancia en términos de montos, la asignación cae un 2,1% en relación con el presupuesto del 2020.
Después, le siguen en tamaño la trasferencia de recursos para el Poder Judicial, por ¢462.705 millones; y la del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), por ¢176.345 millones.
A pesar de los llamados reiterativos de la Contraloría para que los destinos específicos se reduzcan, más bien el gobierno de Carlos Alvarado los incrementó con su decisión de incluir a los órganos desconcentrados de los ministerios en el Presupuesto del 2021.
La decisión incrementó el tamaño de los destinos específicos en un 1,05% del PIB, lo cual echó para atrás los pasos que había dado el Gobierno en el Presupuesto de este 2020 al reducir el monto amarrado de antemano.
Los cambios incluyeron derogatorias, flexibilidad en las asignaciones a destinos específicos que no están dispuestos en la Constitución, o cuyo financiamiento no provenga de una renta especial creada para financiar el servicio social de forma exclusiva.
"La rigidez que suponen los destinos específicos sobre el Presupuesto de la República contraviene el principio de flexibilidad presupuestaria. sobre esto el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la importancia en tiempos de crisis de ‘formular y planificar presupuestos más ágiles, que equilibren la necesidad de dar respuesta desde el Poder Ejecutivo con el necesario control legislativo", destacó la Contraloría.
El Informe Técnico concluye, sin embargo, que la suma de nuevos destinos específicos al presupuesto abre una ventana de oportunidad para que el Gobierno aplique la regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En este caso particular, el instrumento que limita el crecimiento del gasto establece que cuando la deuda del Gobierno supere el 50% del PIB nominal, Hacienda podrá presupuesta y girar los destinos específicos considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, así como lo niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias del destino específico.
La Ley también tiene otro mecanismo que el Gobierno podría aplicar en momentos de crisis como los actuales para limitar el giro de destinos específicos. Se trata del artículo 23 que dispone que la asignación presupuestaria de las transferencias se hará atendiendo criterios como las prioridades del Poder Ejecutivo de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y la ejecución presupuestaria de los tres periodos anteriores al año de formulación del presupuesto.