Proyecto eléctrico del Gobierno no tiene asegurados los 38 votos

El proyecto de armonización eléctrica impulsado por el Gobierno enfrenta un nuevo obstáculo político en la Asamblea Legislativa: un informe del Departamento de Servicios Técnicos concluyó que la iniciativa entraría en el terreno de las mayorías calificadas de 38 votos, una cifra que el oficialismo hoy no tiene asegurada.

Un informe del Departamento de Servicio Técnicos del Congreso, emitido el 31 de enero de 2024, sostiene que el expediente 23.414 podría afectar la autonomía constitucional del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y además crea una nueva institucionalidad autónoma, elementos que colocan la reforma dentro del ámbito de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política.

El primero protege la autonomía de instituciones como el ICE, mientras que el segundo regula la creación de nuevas entidades autónomas.

La conclusión del informe cambia el escenario político del proyecto, ya que el Gobierno necesitaría construir una mayoría mucho más amplia para sacar adelante una de sus principales apuestas en materia energética.

Actualmente, el bloque oficialista de Pueblo Soberano (PPSO) que impulsa la iniciativa suma 31 votos, aunque hoy dispone de 30 debido a la licencia de maternidad de la diputada oficialista Kristel Ward.

Sin embargo, la oposición al proyecto comenzó a consolidarse en las últimas horas.

El Frente Amplio, que cuenta con siete diputados, ya anunció su rechazo a la propuesta.

También se manifestó en contra la diputada de Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

A eso se sumó este lunes el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya fracción legislativa anunció que votará en contra de la iniciativa luego de que el Directorio Político de la agrupación aprobara un acuerdo rechazando el texto impulsado por el Gobierno. Los verdiblancos representan 17 votos.

Solo esos bloques representan 25 votos alejados del proyecto.

En el caso del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el panorama tampoco luce completamente despejado para el oficialismo. La diputada Abril Gordienko afirmó estar "en principio de acuerdo" con la propuesta, aunque advirtió que el texto tiene "varios defectos importantes" que deben corregirse antes de una eventual aprobación, por lo que su respaldo no está asegurado.

Ese escenario deja cuesta arriba para el Ejecutivo alcanzar los 38 votos que ahora aparecen sobre la mesa tras el criterio de Servicios Técnicos.

La intención del oficialismo es someter el proyecto a votación en primer debate este martes 26 de mayo. En esa etapa, la iniciativa podría aprobarse con mayoría simple de 29 votos.

Sin embargo, el principal reto aparecería en el segundo y último debate, donde el criterio de Servicios Técnicos abre la puerta a que sean necesarios 38 votos por las implicaciones constitucionales del proyecto.

Además, si el expediente es aprobado este martes en primer debate, el proyecto podría ser enviado a consulta ante la Sala Constitucional, para que determine si la reforma afecta la autonomía institucional del ICE o presenta roces con la Constitución Política.

Informe cuestiona viabilidad jurídica y técnica de la reforma

El análisis legislativo también lanza fuertes advertencias sobre el contenido del proyecto.

Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), organismo que asumiría funciones estratégicas que actualmente ejerce el ICE, entre ellas la operación técnica del sistema eléctrico, la administración del mercado nacional y la representación de Costa Rica ante el Mercado Eléctrico Regional.

Según el informe, el rediseño institucional genera dudas sobre la capacidad técnica y operativa del nuevo ente para asumir responsabilidades consideradas críticas para la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

"El riesgo de regresión técnica es real", advierte el documento, al señalar que podría producirse un "vacío técnico" si el ECOSEN no logra absorber adecuadamente la experiencia acumulada por el ICE durante décadas.

Servicios Técnicos también cuestiona la seguridad jurídica del proyecto. El informe señala que el artículo 2 pretende dar prevalencia a la nueva ley sobre tratados internacionales ratificados por Costa Rica, incluyendo acuerdos vinculados al Mercado Eléctrico Regional, lo que —según el análisis— podría entrar en contradicción con el artículo 7 de la Constitución Política.

Otro de los puntos señalados se relaciona con el cambio en la naturaleza jurídica de algunas actividades eléctricas. El proyecto deja de considerar la generación y comercialización de electricidad como "servicios públicos" y las redefine como "servicios de interés económico general".