Rector de UCR promovió comprar terreno más caro que el avalúo, aunque ley lo impide

La Universidad de Costa Rica (UCR) –mediante gestión directa autorizada por su rector Henning Jensen– intentó adquirir un terreno para ampliar su sede en Guápiles, pagando un precio mayor al avalúo.

Esto a pesar de que la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento prohíben expresamente a las entidades del Estado pagar cualquier precio que sea mayor a lo que indiquen los peritos, aún y cuando así lo establezcan las condiciones de mercado.

El terreno tiene una extensión de 25.725 metros cuadrados, de los cuales se consideraron en el avalúo 24.650 metros cuadrados. Se ubica colindante a la sede universitaria y consiste en un lote plano inscrito a nombre de Hacienda San Elías S.A, limitante además con un río.

El 20 de noviembre pasado la UCR solicitó permiso ante la Contraloría General de la República para hacer la compra de forma directa; en su justificación ofrecieron pagar $499.510.

Como parte de la información que tuvo que solicitar la Contraloría, la UCR presentó un avalúo realizado el 24 de abril de 2018 por el perito Manuel Álvarez Fuentes, quien fijó el valor del terreno en $454.099; es decir, un 10% menos de lo establecido posteriormente en el valor de compra.

Si bien este avalúo fue por los 24 mil metros cuadrados, se especificó que el área total de venta serían los poco más de 25 mil metros cuadrados, esto considerando que el área útil se reducía debido a la presencia del río.

La posibilidad de que surgiera esa diferencia entre el avalúo realizado en abril y el precio de venta era algo conocido por las autoridades universitarias. Así consta en el documento DCA-0687 de la Contraloría al hacer referencia al oficio OEPI-2327-2018, elaborado el 19 de agosto por la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la UCR:

Mediante el oficio OEPI-2327-2018 del 19 de agosto de 2018, emitido por el Director de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones se remitió el avalúo realizado y estableció como parámetro de negociación, que el estimado del costo de venta puede tener una fluctuación de +/- 10%, dato aceptado en el ámbito de la evaluación de bienes inmuebles.

De hecho, la opción de compra por parte de los dueños del terreno se emitió el 22 de octubre pasado; osea, seis meses después de realizado el avalúo y dos meses después de la nota de la Oficina Ejecutora, y en ella se confirmó el precio final de venta de $454.099.

A pesar de esa diferencia y de que la Ley de Contratación Administrativa prohíbe adquirir bienes inmuebles por encima de los avaluos, la UCR estuvo dispuesto a pagar la diferencia y siguió adelante con el proceso. De hecho, hasta señaló tener dinero de sobra para hacer frente al costo mayor, al señalar que "la solicitud cuenta con recursos presupuestarios por un monto total de ¢315.340.663. Esto es alrededor de $511 mil al tipo de cambio actual.

[accordionset][accordionx heading='Artículo 71  Ley de Contratación Administrativa']Para adquirir bienes inmuebles la Administración acudirá al procedimiento de licitación pública, salvo que use las facultades de expropiación o compra directa, dispuestas en leyes especiales. Podrá adquirir por compra directa, previa autorización de la Contraloría General de la República, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta.

Nunca podrá adquirirse un bien inmueble por un monto superior al fijado en el avalúo, por el órgano administrativo especializado que se determinará reglamentariamente.

(Así reformado por el artículo 1º, inciso i), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996) [/accordionx][/accordionset]

La solicitud de autorización fue gestionada directamente por el rector Henning Jensen, sin que mediara gestión alguna de otra dependencia.

Así lo ratificó la Contraloría:

Denegado

Debido a que implicaba una violación clara a la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría decidió denegar el permiso para realizar la compra directa. En ese sentido consideró que la gestión no era "jurídicamente factible":

El legislador fue categórico en disponer que nunca podrá adquirirse un bien inmueble por un monto superior al fijado en el avalúo; impedimento que refleja con claridad el artículo 139 inciso j del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando dispone que el precio máximo a reconocer será el que se fije en el respectivo avalúo. De esa forma, no es jurídicamente factible que se pueda autorizar un monto superior al fijado en el avalúo, aunque esto sea una práctica aceptada en la valoración de bienes como se afirma.

Este no fue el único punto analizado para rechazar la compra.

El segundo punto cuestionado fue en relación al terreno necesario para realizar las ampliaciones.

En su justificación la UCR señaló  que requería el espacio para ampliar el área existente y desarrollar actividades sustantivas de la universidad relacionadas con docencia, investigación social. En total, lo necesario para colocar nueva infraestructura ascendería a 11.787 metros cuadrados, pero el lote a comprar tendría poco más del doble de eso.

Según la Contraloría "se echa de menos" en la solicitud de la Universidad, el detalle de para qué utilizará el terreno sobrante o por qué es necesaria su compra en caso de no utilizarse en infraestructura.

En la gestión ante la Contraloría, la Universidad únicamente detalló que se consideró ese terreno tomando en cuenta aspectos como la ampliación de la ruta 32, la entrada en operaciones de la nueva terminal de contenedores en Limón y que alrededor del actual recinto ese lote era el único posible para adquirir.

El Órgano Contralor también le pidió a la Universidad explicar el impacto que tendría la presencia del río sobre el proyecto de ampliación que planea realizar la UCR, lo cual simplemente no fue respondido.

Obras en paralelo

Al tiempo que la casa de enseñanza superior promovía la compra del terreno con la Contraloría, también desarrollaba en paralelo un plan de expansión en el recinto de Guápiles, que lo llevó a invertir alrededor de ₡1.000 millones el año pasado.

De hecho, en una actividad llevada a cabo el pasado 6 de diciembre, Jensen visitó la sede para la inauguración de un nuevo módulo de aulas y un edificio de residencias estudiantiles con capacidad para 26 ocupantes. 

La obra constó de 6 aulas climatizadas con capacidad para 40 estudiantes, pizarras, acceso a Internet, pantallas y proyectores de audiovisuales.

Estas obras se unían a la inauguración, un año antes, del Laboratorio Multimedia de idiomas y una cancha sintética de fútbol cinco.

En ese momento Jensen explicó que el proyecto forma parte de un plan de crecimiento y regionalización en sedes y recintos, "entendida como el empoderamiento de cada comunidad local en los proyectos que  la universidad propone y pretende desarrollar en conjunto".