Revocatoria de Randall Zúñiga como director lo desvincula por completo del OIJ
Randall Zúñiga quedó desligado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Poder Judicial, tras la revocatoria de su nombramiento como director de la policía judicial, dictada por la Corte Plena la noche de este lunes.
No regresará a ningún otro puesto de trabajo en el OIJ, pese a que en el pasado tuvo otro nombramiento. Zúñiga López estaba nombrado en propiedad como director del Organismo; es decir, su designación no era por un tiempo definido, sino indefinida. Por eso no tenía otra plaza.
Cuando Zúñiga fue nombrado director, en agosto de 2023, existió una pequeña disputa legal sobre si su nombramiento vencía, como el de otros jerarcas —entre ellos el fiscal general—, o si era fijo.
En primera instancia, se creyó que debía aplicarse la nueva Ley Marco de Empleo Público, la cual señala que el nombramiento en puestos gerenciales se efectúa por un máximo de seis años.
Sin embargo, Zúñiga refutó que se le impusiera un plazo a su nombramiento y consideró que debía aplicarse la Ley Orgánica del Poder Judicial, una norma especial que le permitía ser nombrado por tiempo indefinido.
Zúñiga ganó aquella disputa legal y, al quedar de forma permanente e indefinida como director, perdió la plaza en propiedad que tenía como funcionario del OIJ de rango medio-alto.
Esa interpretación legal conllevó a que la única forma en que dejara el puesto fuera por renuncia, jubilación, fallecimiento o revocatoria del nombramiento, como ocurrió este lunes.
De esta forma, Zúñiga quedará completamente desligado laboralmente de la entidad. El Poder Judicial confirmó esta versión.
"Sobre el plazo, el mismo fue realizado a plazo indefinido conforme a la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial y el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Marco de Empleo Público" detallaron.
Defensa impugnará
Saúl Umaña, abogado del exdirector del OIJ en el proceso disciplinario, aseguró que no se quedarán de brazos cruzados, aunque esperan la notificación formal sobre el cese laboral de Zúñiga, dado que, por ahora, solo han sido informados formalmente de una extensión de su suspensión.
Una vez notificados, presentarán un recurso de reconsideración y pedirán a la misma Corte Plena que cambie de criterio sobre la situación del exjefe policial.
"Ayer a las 10:58 p.m. de la noche, Corte Plena me notifica a mí una resolución en la que decide prorrogarle a don Randall la medida cautelar por 8 días con goce de salario, pero a este momento yo no conozco cuáles son las razones, cuáles los argumentos, cuáles los fundamentos, qué discusión se dio, cómo fue analizada, valorada la prueba del caso.
La resolución de la Corte Plena, si bien es cierto no admite recurso de apelación, tiene un recurso de reconsideración", detalló el jurista.
Umaña explicó que se moverán en dos vías: una administrativa, ante la Corte, para pedir una reconsideración; y otra mediante las vías judiciales. Acudirán ante los juzgados de Trabajo o ante el Tribunal Contencioso-Administrativo para tratar de revertir el cese laboral.
En el trámite, podrían solicitar una medida cautelar provisionalísima para que un juez deje sin efecto el acto administrativo de la Corte de revocarle el nombramiento al exdirector del OIJ.
"Lo que pasa es que no va a ser en dos días hasta tanto que la corte no nos notifique. Si la corte nos notifica el tema dentro de 5 días, es a partir de ese momento que nosotros podemos comenzar a trabajar el tema de la reconsideración de las medidas cautelares", añadió Umaña.
El abogado indicó que le sorprende la actuación de la Corte de dar a conocer el resultado sin informar previamente al investigado.
¿Qué dice el exdirector?
Zúñiga aseguró que la sanción se basó en una interpretación disciplinaria que, según él, amplía indebidamente los cargos, desnaturaliza normas pensadas para otros supuestos y omite valorar que la información comentada ya era pública.
Según indicó en un comunicado, no se demostró que revelara información secreta, confidencial, reservada o desconocida públicamente sobre la investigación, sino que comentó con las presuntas víctimas aspectos que ya eran de conocimiento público.
Considera que lo que se sanciona es haber sostenido conversaciones privadas sobre hechos que ya habían sido comunicados públicamente por medios de comunicación o por vocerías institucionales en entrevistas, conferencias de prensa o declaraciones públicas.
"En el procedimiento disciplinario por el cual se revoca mi nombramiento se me trasladaron 50
cargos y se me sanciona únicamente por 6. Al no acreditarse que yo hubiera revelado datos reservados de una investigación penal, se terminó acudiendo a una interpretación distintaEsto es como si a una persona lo llevan a juicio por robo, como no logran encontrarlo culpable por esto, entonces lo condenan por evasión fiscal a pesar de que no formaba parte de la acusación", aseguró.
Zúñiga agregó que fue sancionado por un supuesto conflicto de interés, pese a que no se demostró gestión efectiva alguna a favor de una persona dentro de un proceso de reclutamiento.
También cuestionó sanciones relacionadas con hospedajes en giras oficiales, aun cuando dichas giras sí existieron. Además, considera que no se acreditó objetivamente, mediante prueba directa suficiente, la conducta que se le atribuyó.
"Durante todo este tiempo guardé silencio por respeto al procedimiento. Sin embargo, ese silencio no puede interpretarse como aceptación de versiones incompletas o imprecisas. Ejerceré las acciones legales correspondientes en la vía contencioso-administrativa para que se revise, con rigor técnico y jurídico, lo actuado", concluyó el jefe policial.
Zúñiga también afronta causas penales por supuestas conductas sexuales agresivas contra las mujeres con las que habría intercambiado estas conversaciones. Dichos procesos penales avanzan de forma paralela, pero separada, a su despido.