San José batalla con el uso de casas y propiedades abandonadas como búnkeres de droga
En San José, el deterioro urbano y la criminalidad han abierto la puerta a un fenómeno delictivo que carcome la seguridad de los barrios: la transformación de viviendas y propiedades en búnkeres para el consumo y la venta de drogas.
Según datos de la Policía Municipal, al menos 13 viviendas en la capital han sido identificadas como búnkeres bajo el control de bandas criminales. Se trata de propiedades que se encuentran en proceso para su demolición.
Estas estructuras están distribuidas en sectores históricamente influenciados por bandas narcotraficantes, como el barrio 25 de Julio, en Hatillo (con tres búnkeres en Aguantafilo); barrio Naciones Unidas; barrio Lomas de Ocloro; barrio Cañada Sur y el precario El Pochote.
También se ubican en barrio Cuba; María Reina, en Hatillo 1; colonia López Mateos, y Pavas Centro; donde representan el epicentro de un lucrativo y violento negocio que las autoridades intentan desmantelar.
Las razones por las que estas propiedades quedan desocupadas son variadas: desde procesos judiciales de quiebra y disputas por herencias hasta la muerte de sus propietarios sin dejar herederos legítimos.
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, explicó que muchas de estas edificaciones caen en un limbo legal que las bandas aprovechan de inmediato.
"En todos los casos corresponden a casas abandonadas y en todos los casos se convirtieron en un punto de concentración de personas adictas o que en principio están siendo administradas por alguna banda o alguna organización criminal para propósitos de venta de drogas."
En otros escenarios, el abandono es provocado directamente por la violencia y la coacción del crimen organizado. Las bandas no siempre esperan a que una casa quede vacía; en ocasiones recurren a la fuerza armada para expulsar a familias enteras de sus hogares y apropiarse de los inmuebles para expandir sus operaciones.
Asimismo, el impago de préstamos informales o de deudas bajo la modalidad del "gota a gota" se convierte en el detonante para que los delincuentes despojen a los ciudadanos de sus propiedades.
Negocio redondo
Para las organizaciones criminales, estas viviendas representan activos de altísimo valor estratégico y financiero. En primer lugar, funcionan como escudos físicos que dificultan el acceso rápido de la policía, permitiendo a los expendedores ocultar evidencias durante los operativos.
En segundo lugar, se consolidan como mercados cautivos, donde la adicción de los consumidores es explotada de forma sistemática y altamente rentable.
Lo que buscan las organizaciones criminales con este tipo de estructuras es tener puntos de operación y de cierta forma también ayuda a evadir a las autoridades", explicó Erick Villalobos, supervisor de la Policía Municipal de San José.
El flujo de dinero que generan estos sitios es masivo. Según estimaciones de las autoridades, basadas en las declaraciones de los propios consumidores, un adicto puede consumir entre 20 y 30 dosis diarias, lo que equivale a un gasto mínimo de ₡10.000 por día.
"Es un sitio donde convertir la droga que queda en Costa Rica en dinero rápido es relativamente fácil."
Si se toma en cuenta que, en una sola intervención focalizada, las autoridades han llegado a retirar a decenas de personas de un mismo búnker, las ganancias diarias para las bandas que administran estos puntos ascienden a varios millones de colones.
Más allá de la droga
Estas viviendas no solo albergan el tráfico y consumo de estupefacientes, sino que también son utilizadas por las bandas como centros de acopio para almacenar cargamentos de droga, dinero en efectivo y armas de fuego.
La violencia armada es una constante alrededor. Las disputas territoriales entre grupos rivales por el control suelen desencadenar balaceras, agresiones graves y homicidios en las cercanías.
Además, la delincuencia común aumenta en los alrededores, ya que muchos consumidores recurren a hurtos y robos para financiar su dosis diaria, llegando incluso a enfrentarse entre ellos con armas de fabricación casera u objetos punzocortantes.
Para combatir este fenómeno, la Policía Municipal, en coordinación con la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Salud, ejecuta una estrategia que va más allá de los arrestos tradicionales.
El objetivo principal es la destrucción física de las estructuras para eliminar de forma permanente estos puntos de reunión del crimen organizado y los consumidores de sustancias como marihuana, crack y cocaína.
El proceso requiere documentar el deterioro de las viviendas para que el Ministerio de Salud emita órdenes sanitarias de inhabitabilidad y, posteriormente, de demolición.
"En todos los casos, lo que buscamos es el derribo de estas edificaciones porque las condiciones son muy ruinosas, son casas que realmente están estructuralmente muy deplorables y que no encontramos cómo puede ser compatible con la vida humana", dijo Solano.
Las fuerzas policiales mantienen una presencia constante en las zonas críticas para desgastar la capacidad operativa de las bandas.
"Tenemos toda una estrategia muy bien definida de intervención diario sostenida y no una vez al día, sino reiteradas ocasiones para minimizar el efecto que provocan estas organizaciones en las comunidades", detalla Villalobos.
La demolición de estos búnkeres ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para devolver la tranquilidad a los barrios. Solo el año pasado se logró poner fin a 15 búnkeres, la mayoría ubicados en espacios públicos, como parques que habían sido tomados por las bandas.
La eliminación de estos focos de actividad delictiva reduce de inmediato los índices de violencia armada y de robos en las comunidades impactadas, permitiendo que los vecinos recuperen la posibilidad de transitar por sus calles sin el temor constante de quedar atrapados en medio de un enfrentamiento entre organizaciones criminales.
