El Gobierno incluyó la venta de la cartera de créditos de Conape en la propuesta de ajuste fiscal que negoció con el FMI. (Imagen del edificio de Conape con fines ilustrativos).

(CRHoy.com) -La posible venta de la cartera de créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) al Banco Popular, que impulsa el Gobierno, implica riesgos financieros y operativos.

Así lo reconoció la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en un oficio que dirigió al diputado Daniel Ulate, del Partido Liberación Nacional (PLN), el pasado 5 de marzo.

"En general, todo proceso de compra de cartera crediticia conlleva la incorporación permanente al balance de la adquiriente de los riesgos y beneficios asociados a dichos activos. En el proceso de compra, los riesgos son analizados diligentemente, a efecto de determinar que el precio de la transacción descuenta apropiadamente esos riesgos", respondió la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, a consultas hechas por el liberacionista.

La posible venta de la cartera de créditos -que forma parte del ajuste fiscal negociado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- "implicará que probablemente el precio de una cartera de alta calidad y con expectativas de desarrollo de nuevos negocios colaterales, tendrá un mayor precio que una cartera deteriorada, comparado con el saldo total adeudado de dichas carteras a la fecha de la transacción", amplía Aguilar.

Por esa razón-según la Sugef- en una operación de ese tipo los riesgos comienzan a gestionarse desde antes de la adquisición, como respaldo de la decisión misma de la compra y en el proceso de debida diligencia.

La Superintendencia sostiene que de manera directa pueden asociarse riesgos de tipo financiero, pero que también conlleva riesgos operativos.

"Normalmente, la compra de cartera crediticia de otra entidad supervisada tiene la ventaja de que su valoración y
aprovisionamiento sigue los mismos parámetros y estándares regulatorios. Sin embargo, en el caso de cartera crediticia proveniente de una entidad o empresa no supervisada, implica un esfuerzo adicional de valoración de su riesgo financiero y operativo", advierte.

En el oficio, Aguilar manifiesta que la empresa -en este caso Conape-  "no necesariamente ha aplicado parámetros o estándares regulatorios, los deudores pueden no tener historial crediticio en el Centro de Información Financiera, puede que la documentación del crédito no se ajuste a las políticas crediticias de la entidad, o el tipo de cartera se aleje de su modelo de negocio o Declaración de Apetito de Riesgo".

"También puede ocurrir que el diseño de los créditos no se ajuste a los esquemas operativos de la entidad o no incluya variables que normalmente las entidades reportan a la Sugef. También, cuando existen garantías
colaterales asociadas, el proceso de cesión y actualización de registro implica otros procesos operativos", señala.

A considerar

La jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, detalló los riesgos. (Archivo/CRH).

Según la Sugef, si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto para vender la cartera de créditos a un banco, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Una vez incorporada la cartera al balance de la entidad, deben aplicarse las normas contenidas en el reglamento para la calificación de los deudores, y esto requiere información que solo está disponible para las entidades supervisadas por la Sugef. "Consecuentemente, y dado que Conape no se encuentra supervisado, es probable que la evaluación de los deudores y su efecto en el valor de la cartera de créditos responda a criterios diferentes a los utilizados en un banco."
• Dado que la cartera, una vez incorporada al balance de la entidad, debe reportarse bajo las estructuras de información dispuestas por la Sugef y determinarse su riesgo bajo los criterios de la Superintendencia.
• Según la Sugef, desde un punto de vista estratégico, en el proceso normal de venta de carteras de créditos, en la labor de planificación de corto y largo plazo, las entidades deciden sobre las actividades y las proporciones de colocación de créditos. Estas decisiones implican la valoración de la capacidad de crecimiento de la entidad, la cual se encuentra asociada, entre otros aspectos, al cumplimiento de las regulaciones sobre suficiencia patrimonial. Pero manifiesta que cuando la compra está impuesta por una ley, como sería el caso de Conape, incluyendo el valor de la transacción, sí impacta las metas estratégicas y las decisiones de colocación, porque no se ha previsto el impacto en los requerimientos de capital o de provisiones crediticias, y esto puede encontrarse en conflicto con los objetivos establecidos. "Claramente, este impacto será mayor cuando la transacción es por un monto importante y si no corresponde al modelo de negocio de la entidad financiera".
• Desde la perspectiva de liquidez, según las condiciones en las que se realice la operación, el banco puede verse en la obligación de replantear su estrategia de liquidez, y en ese replanteamiento, puede incurrirse en pérdidas. "Este efecto está relacionado principalmente con las fuentes de financiamiento con las que el banco llevará a cabo la compra, en el sentido de si deberá desprenderse de activos financieros líquidos para generar las fuentes que serán aplicadas a dicha compra".
• Desde el punto de vista de gobierno corporativo, se espera que las entidades incursionen en negocios cuyos riesgos conocen y son capaces de valorar y administrar adecuadamente. "En la eventualidad de que la entidad bancaria no conozca las particularidades de la actividad crediticia a la que se dedica Conape, es probable que el análisis de riesgo resulte incompleto y, consecuentemente, la gestión de esa cartera presente debilidades".
• En relación con los temas operativos, las entidades supervisadas por la Sugef se encuentran en la obligación de suministrar datos periódicos a la Central de Información Crediticia (CIC) que podría no estar disponible en las bases de datos de Conape o en los contratos suscritos con los deudores.

Regulaciones

En la Asamblea Legislativa, hay dudas sobre el proyecto que el Gobierno aún no envía. (Archivo/CRH).

Si la venta de la cartera de créditos de Conape logra realizarse a un banco, una vez que se incorpore a los balances del mismo, quedará sujeta a todas las disposiciones prudenciales y contables que rigen a las entidades supervisadas por la Sugef.

"Se trata de normas de aplicación general que deben observarse desde el momento de la adquisición de los activos. La razón es que los riesgos y beneficios asociados al activo tienen efectos económicos desde el momento en que son incorporados al balance de la entidad", explica Aguilar en la respuesta a Ulate.

La Sugef llamó la atención sobre los riesgos que podría implicar la venta de la cartera crediticia de Conape en momentos en que ha crecido la oposición al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha circulado, a pesar de que no lo ha enviado formalmente al Congreso.

Este martes, el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular -máximo órgano de decisión de ese banco- acordó rechazar la iniciativa y pidió a sus representantes en la Junta Directiva de la entidad votar en contra de la compra de la cartera de créditos de Conape.

Días atrás, la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco) se pronunció en contra de las intenciones del Gobierno al igual que los empleados de Conape.

En la Asamblea Legislativa -que finalmente tomará la decisión- diputados de distintas bancadas anuncian guerra al proyecto de ley.

La idea de vender la cartera de créditos de Conape -valorada en ¢240 mil millones– surgió en la Mesa de Diálogo Multisectorial que el Gobierno convocó el año pasado.

El Gobierno quiere tomar los recursos de la cartera de créditos de Conape para amortizar al pago de la deuda pública.