Tras caso Coopeservidores, presentan plan para que ahorrantes tengan representación en crisis financieras
El caso de Coopeservidores R.L. dejó una pregunta entre miles de afectados: ¿quién defendía realmente a los ahorrantes durante el proceso de resolución financiera?
Ahora, un nuevo proyecto de ley pretende cambiar eso y darle voz formal a los clientes de entidades financieras que entren en crisis.
La iniciativa propone reformar la ley que regula el Fondo de Garantía de Depósitos y los mecanismos de resolución financiera en Costa Rica. El principal cambio sería la creación de una Asamblea y un Comité de Ahorrantes y Acreedores para representar a los clientes afectados durante procesos de intervención o resolución de entidades financieras.
Actualmente, cuando una cooperativa, financiera o banco es intervenido, los ahorrantes no tienen representación formal dentro del proceso y dependen de la información que emitan las autoridades financieras.
Con la reforma, los afectados podrían elegir representantes que funcionarían como enlace entre los clientes y las autoridades encargadas de manejar la crisis.
Según el proyecto, el comité tendría acceso a información general sobre el avance del proceso, podría trasladar consultas y emitir observaciones o recomendaciones no vinculantes.
Además, si al menos el 50% de los acreedores acreditados se opone a la recomendación de resolución planteada por el administrador, podrían presentar una oposición formal.
La propuesta toma como referencia directa el caso de Coopeservidores. En la exposición de motivos se menciona que cerca de 145.000 personas resultaron afectadas y que muchas enfrentaron incertidumbre, desinformación y dudas sobre la recuperación de sus recursos.
El texto señala que hubo ajustes en saldos, intereses e información de productos financieros, lo que aumentó la preocupación entre los clientes.
Incluso, el proyecto plantea qué habría cambiado si estas reformas hubieran existido durante la crisis de Coopeservidores. Según la iniciativa, los afectados habrían tenido representantes identificables, acceso a información institucional y una vía formal para expresar observaciones dentro del proceso.
Otro de los cambios relevantes es la creación de un fondo único de garantía de depósitos.
Actualmente, el sistema funciona mediante compartimentos separados según el tipo de entidad financiera. El proyecto propone unificar esos recursos para que exista mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante una crisis financiera.
La propuesta argumenta que hoy podría existir dinero suficiente dentro del sistema financiero para responder a una intervención, pero que legalmente no pueda utilizarse porque pertenece a otro sector.
El proyecto también endurece las sanciones contra las entidades financieras que incumplan con sus aportes al Fondo de Garantía de Depósitos.
Las multas irían desde un 0,10% hasta un 0,40% del patrimonio de la entidad, dependiendo de la cantidad de atrasos acumulados durante un año calendario.
Además, si una entidad acumula más de 30 días hábiles de atraso en sus pagos, eso podría convertirse en causal automática de intervención por cesación de pagos.
La iniciativa también obligaría a publicar las sanciones tanto en la página de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) como en la de la propia entidad financiera.
Otro de los puntos de la reforma busca evitar que una sola persona controle todas las etapas de un proceso de resolución.
La propuesta impediría que el mismo administrador participe tanto en la fase de intervención como en la ejecución de la resolución, con el objetivo de reducir conflictos de interés.
Además, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero tendría que crear un registro de profesionales especializados para estos procesos.
La propuesta de ley es del legislador oficialista, Antonio Barzuna. El proyecto deberá ahora iniciar su trámite en la corriente legislativa.
