Tren eléctrico: empresa española ya tuvo señalamientos por otros trabajos en Costa Rica
Fue cuestionada por elaboración de planes reguladores en plan Prugam
Tren eléctrico que planteó el gobierno de Alvarado. La obra conectaría, en sentido este-oeste, comunidades de la GAM. Captura de pantalla/Casa Presidencial
(CRHoy.com) No es la primera ocasión en que un producto realizado en Costa Rica por la empresa consultora española IDOM está sujeto a cuestionamientos.
Esa compañía, con sede en la ciudad vasca de Bilbao, fue la encargada de realizar el estudio de factibilidad del proyecto Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido también como Tren Eléctrico Metropolitano (TEM), y cobró $1 millón, que fue donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Pero años antes, entre 2006 y 2007, IDOM fue adjudicada para la elaboración de los planes reguladores de 31 municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Esa gestión se hizo en conjunto con el programa Plan Regulador Urbano de la GAM (Prugam) adscrito al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), y estuvo lleno de críticas y señalamientos.
Las inconsistencias en ese trabajo realizado por la consultora española se recogen en un capítulo del décimo octavo informe del programa Estado de la Nación, presentado en 2011, denominado 'Impacto de la planificación regional de la GAM sobre el crecimiento urbano y el mercado mobiliario'.
En el análisis realizado por los investigadores Rosendo Pujol Mesalles y Eduardo Pérez Molina se señala que las propuestas elaboradas por IDOM presentaron "serias deficiencias".
"(…) incluso en aspectos que, dado el carácter simultáneo del trabajo, hubieran debido convertirse en fortalezas del proceso. Por ejemplo, se ha mencionado como un éxito de la regulación el Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales de la GAM (de 1985) porque concentró los usos industriales pesados en localizaciones muy específicas, reduciendo sus externalidades negativas".
"La zonificación propuesta por IDOM creó, para muchos cantones, pequeñas manchas industriales a lo largo de las carreteras regionales. Es posible que estas buscaran alguna desconcentración de trabajos o algún beneficio similar. Pero, en términos ambientales, de implementarse hubieran resultado en una dispersión de las fuertes externalidades negativas que se asocian con usos industriales", citaron los investigadores", citaron los investigadores.
Los señalamientos al trabajo realizado por la empresa también se retomaron en la edición 224 de junio de 2012 de la revista Ambientico, de la Universidad Nacional (UNA), en la cual se apuntan "muchas deficiencias" en los planes reguladores que se presentaron a 19 municipios en ese entonces.
"No se toma en cuenta la enorme diversidad de situaciones de los 19 cantones a los que se les entregó el plan regulador. Se proponen muchas zonas industriales muy pequeñas y con baja accesibilidad física en muchos cantones de la región. Además, se proponen zonas de alta densidad residencial, sin ningún tipo de transición con las zonas adyacentes y en general la alta densidad implica demasiadas viviendas por hectárea, mucho más de lo que es normal en Costa Rica", recordó la publicación.
Para la ejecución del Prugam, que estuvo vigente entre 2003 y 2009, la Unión Europea (UE) donó 11 millones de euros y el Estado costarricense aportó otros 7 millones de euros (un total de 18 millones de euros). Sin embargo, en 2010 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) rechazó su aplicación al alegar inconsistencias y riesgos de protección a zonas ambientales.
Incluso, el evaluador de los productos por parte de la UE, reforzó las dudas con los alcances de los productos hechos en esa oportunidad.
El director del Prugam fue Eduardo Brenes Mata, actual viceministro de Transportes.
Dudas con tren
Una de las primeras voces que cuestionaron el estudio elaborado por IDOM para el TRP fue el investigador costarricense Luis Enrique Loría Rebolledo, doctor en economía y miembro de la Universidad de Aberdeen en Escocia.
Loría cuestionó la metodología aplicada para realizar el apartado de estimación del Análisis Costo Beneficio (ACB) incluido en el estudio de factibilidad. Por ejemplo, indicó que IDOM no tomó en cuenta la confluencia de los distintos tipos de transporte.
El investigador mencionó falencias en el cálculo de la cantidad de horas de viaje que se ahorrarían los usuarios con el uso del tren. Como aspecto clave en este punto, dijo que no se tomaron en cuenta las proyecciones para otros modos de transporte (como buses o automóviles particulares).
El investigador sospecha que los autores del estudio hicieron una simplificación: asumieron que las personas que usan un medio de transporte solo usan ese medio de transporte. Por ejemplo, que si usted va de su casa al trabajo en carro, solo usa el carro (ni bus ni tren).
Análisis realizado por ProDUS y Estado de la Nación sobre el papel de IDOM en el Prugam. Captura de pantalla
Para implementar y analizar el estudio de factibilidad el Incofer – con recursos del BCIE- contrató a 3 consultores externos por un monto de $570 mil (más de 329 millones de colones, según el tipo de cambio actual) a un plazo de 3 años prorrogables para colaborar con la unidad ejecutora del proyecto.
Los miembros de la unidad ejecutora devengan salarios de entre $3.500 y $6.000 al mes con recursos facilitados a Incofer por el banco regional. Así se desglosan esos montos: Carlos Arguedas recibe un salario mensual de $3.500, Marcos Camacho unos $6.000 y Juan Gabriel Sauma Rossi alrededor de $4.700.
Ante una serie de consultas hechas por Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y miembro de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa que discute la aprobación de $550 millones otorgados por el BCIE para el proyecto, el Incofer confirmó que no existe ningún documento escrito con los alcances de la evaluación hecha a los estudios de factibilidad por parte de la Unidad Ejecutora del TRP y los 3 consultores externos contratados para ese fin realizaron una "interacción verbal" para discutir ajustes.
¿Cómo fue entonces que se fiscalizó el estudio de factibilidad? Mediante un correo electrónico, Incofer detalló a CRHoy.com que la unidad ejecutora usó 3 criterios puntuales: si el consultor (IDOM) cumplió con los alcances previstos en los términos de referencia de la contratación, si los trabajos tenían la calidad necesaria y si habían sido realizados usando normas y estándares adecuados y actuales.
El instituto explicó que cada consultor externo realizó los análisis por su cuenta (de manera individual e independiente), para luego llevar esas anotaciones personales a los talleres o sesiones de trabajo con representantes de IDOM. Esos encuentros se realizaron en algunas oportunidades de manera presencial y en otras vía videoconferencia, mientras los ajustes se discutían en "tiempo real".
Mientras, Jorge Rodrigues Duarte, representante de IDOM en Costa Rica, aseguró el pasado 25 de julio ante la Comisión de Infraestructura que los análisis se realizaron apegados a los mejores estándares y normativas requeridas por el proyecto.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, está estimado en $1.550 millones y contaría con un préstamo de $550 millones otorgado por el BCIE. El plan sería dado en concesión a una empresa privada por 35 años, la cual tendría que invertir $1.000 millones.
Durante la concesión el Estado deberá brindar un aporte anual que rondaría entre $50 millones y $150 millones.