Tribunal avala allanamientos y declara válida evidencia clave en caso “Pista Oscura”
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública ratificó que los allanamientos y la prueba recabada en el caso "Pista Oscura" son legales.
Este escándalo de presunta corrupción salpicó a altas figuras del Gobierno de Rodrigo Chaves y en la causa se investiga una posible desviación de $40 millones de recursos públicos destinados a la intervención del aeropuerto de Guanacaste.
La resolución judicial se emitió tras rechazar cuatro recursos de apelación interpuestos por la empresa MECO y por varios imputados .
Con ello, el tribunal confirmó la legalidad de las 23 diligencias de allanamiento realizadas en mayo de 2025, así como de toda la evidencia obtenida en esos operativos.
Los registros se efectuaron en viviendas, oficinas públicas y sedes de empresas privadas, y permitieron el decomiso de prueba considerada clave para la investigación, además de la detención de cuatro sospechosos.
A partir de este fallo, la legalidad de esos elementos probatorios queda en firme y podrán ser utilizados en el proceso penal.
La causa es tramitada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), que indaga una serie de presuntas irregularidades en torno a la inclusión del cantón de Liberia en una declaratoria de emergencia emitida tras el paso de ondas tropicales en 2022.
De acuerdo con la investigación, esa declaratoria habría sido utilizada para habilitar un proceso de contratación expedito que permitió intervenir la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, bajo un régimen de excepción.
Además, se analizan aparentes anomalías en la ejecución del contrato, específicamente en la promoción y aceptación de una ingeniería de valor que habría modificado el objeto original y por ende su valor.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el proyecto pasó de una rehabilitación integral a un recarpeteo, lo que habría desnaturalizado la inversión pública y generado un eventual perjuicio a la Hacienda Pública.
Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola; el director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís; el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte, y otros funcionarios.
En total, la causa penal contempla a 15 personas físicas y una persona jurídica como sospechosas de delitos como tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Las pesquisas se dividen en dos líneas principales: la primera, relacionada con la modificación del decreto de emergencia para incluir a Liberia y viabilizar la contratación; y la segunda, enfocada en la ejecución de las obras, donde se presume que se redujeron los trabajos previstos sin una disminución proporcional del costo.