UCR deberá indemnizar a exestudiantes de Marina Civil tras fallo de Sala I
Ingeniería Marina Civil de la Universidad de Costa Rica. Crédito: Anel Kenjekeeva
La Universidad de Costa Rica (UCR) deberá indemnizar a siete exestudiantes de la carrera de Ingeniería en Marina Civil luego de que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Sala I) rechazara el recurso de casación presentado por la institución y dejara en firme la condena en su contra.
La sentencia, emitida el 26 de junio de 2026, confirma el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo y ordena compensar a los exestudiantes por el tiempo en que no pudieron ejercer la profesión, pese a haber aprobado la carrera.
Además, la Sala acogió, por mayoría, el recurso presentado por los demandantes sobre el cálculo del llamado "chance frustrado", es decir, la indemnización por la pérdida de la oportunidad de trabajar como profesionales.
Con esta decisión, la compensación deberá calcularse desde la fecha en que cada estudiante debió graduarse hasta la emisión de la sentencia, y no con el plazo más limitado que había establecido el Tribunal Contencioso Administrativo.
El monto definitivo de la indemnización se determinará posteriormente, mediante un cálculo individual para cada uno de los siete exestudiantes.
¿Cómo surgió el caso?
El proceso se originó tras la apertura de la carrera de Ingeniería en Marina Civil en la Sede del Caribe de la UCR, a la que ingresaron siete estudiantes entre 2012 y 2013.
Según la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la Universidad ofreció la carrera bajo la promesa de un convenio con la Universidad de Cádiz, en España, y de una formación con proyección internacional. Sin embargo, esas condiciones no se materializaron en los términos anunciados.
El plan de estudios tenía una duración de cinco años e incluía prácticas profesionales a bordo de embarcaciones, requisito indispensable para graduarse y ejercer como oficiales de marina mercante. No obstante, los estudiantes nunca pudieron completar esa etapa.
"Este caso nunca fue sobre dinero. Fue sobre siete jóvenes que entregaron los mejores años de su juventud persiguiendo un título que la Universidad les prometió sin poder entregarlo", afirmó el abogado de los exestudiantes, Carlos Lanzas Quesada.
En 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo condenó a la UCR a reintegrar los gastos de la carrera, pagar ¢10 millones por daño moral a cada estudiante e indemnizarlos por la pérdida de la oportunidad de ejercer la profesión. Con el fallo de la Sala I, esa condena queda en firme y se amplía el período que deberá tomarse en cuenta para calcular esa última compensación.
