“Vamos a usar piedras contra el crimen”: OIJ advierte crisis por recortes
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, advirtió este lunes en la sesión de Corte Plena sobre el impacto que tendrán los severos recortes presupuestarios impulsados por Hacienda sobre la policía judicial para 2027. "¿Qué será, que vamos a tener que usar piedras contra el crimen organizado?", cuestionó.
La preocupación se debe a la crisis operativa que se avecina si se concreta la millonaria reducción, que dejaría a agentes sin municiones, con chalecos antibalas vencidos, una flotilla vehicular en colapso y una fuga de personal que incluye desde investigadores tácticos hasta médicos forenses.
Esto ocurre, según Soto, en el año que él mismo califica como el más exitoso en la historia de la institución en su lucha contra las bandas criminales, mientras la reducción presupuestaria avanza de manera progresiva y silenciosa.
Según detalló el director a los magistrados, la institución enfrentó primero un recorte de ₡942 millones; luego la cifra escaló a ₡3.053 millones y actualmente se ubica en ₡8.654 millones. Si el panorama continúa igual, el recorte podría duplicarse al cierre de 2027 y llegar al triple o cuádruple para 2028.
Soto fue tajante al señalar que el OIJ ya no cuenta con suficientes fusiles para hacer frente al crimen organizado y que los recortes, que calificó de "muy severos y direccionados", los dejarán sin municiones. A esto se suma el estado crítico del equipo de protección personal.
Tras destacar el sacrificio de su personal —"ha sido uno de los años más exitosos, donde los agentes han puesto la sangre en la calle"—, Soto reveló que 342 chalecos antibalas expirarán el próximo año y más de 1.000 vencerán en 2028.
El director advirtió que "sin los recursos no se pueden mandar a la calle sin chaleco. Que se queden en la oficina; prefiero asumir las consecuencias de esa disposición".
Los recortes también afectarían los uniformes básicos, camisetas, botas y zapatos de trabajo.
Michael Soto y Vladimir Muñoz, director y subdirector del OIJ respectivamente, en el operativo de captura de Diablo.
Retroceso tecnológico y logístico
El desfinanciamiento forzaría al OIJ a retroceder en sus métodos de investigación. El Organismo desarrolló software propio, como el sistema centralizado Supercop, que permite a los agentes consultar múltiples bases de datos con un solo clic, pero las licencias que sostienen esa plataforma están por vencer y no hay presupuesto para renovarlas.
Soto explicó que los agentes tendrían que volver a métodos manuales, al tener que "caminar a las oficinas del Registro Civil o de la Propiedad a hacer consultas en bases de datos", lo que ralentizaría las investigaciones y pondría en riesgo la confidencialidad de los casos.
La movilidad y las comunicaciones correrían la misma suerte. Soto advirtió que la flotilla de vehículos del OIJ "se va a caer": sin dinero para mantenimiento y repuestos, los vehículos dañados quedarían varados. El sistema de radios de comunicación encriptada también se quedaría sin recursos para su mantenimiento, lo que podría aislar a los agentes en el campo.
En el ámbito forense, los recortes impedirían la compra de insumos básicos, reactivos, equipos para análisis de sangre, pruebas de ADN y kits para la recolección de muestras en víctimas de delitos sexuales, lo que podría paralizar la resolución científica de los crímenes.
Fuga de personal y colapso forense
El OIJ acumula actualmente más de 800 plazas vacantes en condición de interinato. Los funcionarios renuncian para buscar salarios más competitivos en otras instituciones o ante la escalada de violencia en las calles. Los médicos forenses enfrentan un déficit crónico de unas 10 plazas, y los que quedan apenas dan abasto para las autopsias de homicidios y las valoraciones de víctimas de agresiones sexuales.
Además, vacíos legales en las nuevas normativas de empleo público dejan en interinato tanto la plaza del director como la del subdirector del OIJ. De aprobarse la norma presupuestaria tal como está redactada, la policía judicial se quedaría sin sus máximos jerarcas en funciones formales.
Soto también criticó la rigidez de las normas presupuestarias, que en el pasado permitían mover recursos entre partidas según la urgencia. "Esa rigidez nos va a matar y nos va a hacer poner un candado", lamentó.
Según el director, esa misma rigidez podría hacer que, al cierre del periodo fiscal, se acuse a los jerarcas policiales de ser "malos ejecutores" por no gastar un dinero que en la práctica estaba congelado por la burocracia.
El OIJ maneja además datos altamente confidenciales de investigaciones de crimen organizado, casi todas digitalizadas. Sin inversión constante en ciberseguridad, esos sistemas se convierten en un blanco atractivo para los hackers de los cárteles, un escenario que, según Soto, genera "alta preocupación".