61% considera que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años
Aunque el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró ayer en la Asamblea Legislativa que "uno de los pilares del Poder Ejecutivo es la lucha frontal y fehaciente contra la corrupción", lo cierto es que los costarricenses consideran que esa lucha no ha sido efectiva y el 61% considera que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años, o sea, en su gobierno.
De acuerdo con una encuesta realizada por la Contraloría General de la República, el 85% de los encuestados considera que "actualmente existe mucha corrupción" y ese tema es el que más preocupa a los costarricenses. Es más, el 21% dijo haber sido testigo o tener un conocido que ha sido testigo de un acto de corrupción en el sector público y para el 24% la corrupción es el problema más grave que enfrenta Costa Rica. Este dato solo es superado por el tema de la inseguridad (26%).
Solís habló ayer de "la probidad y la transparencia en la conducción de los asuntos oficiales" y aseguró que "la prevención y combate a la corrupción han sido enunciados fundamentales de esta Administración".
Pese a lo anterior el gobierno se ha visto sacudido, desde sus inicios, por nombramientos cuestionados, pagos indebidos y escándalos por ofrecimientos irregulares. Uno de los primeros en estallar fue la contratación de Iván Barrantes, exasesor de campaña de Solís, en Casa Presidencial. Barrantes tenía oficina, operaba desde Zapote pero además daba consultorías privadas.
Pese a los cuestionamientos de la prensa, del Partido Acción Ciudadana, de los diputados de varias fracciones y de distintos sectores, el gobierno defendía la presencia de Barrantes, negando que pudiese haber tráfico de influencias con un asesor que le hablaba al oído al Presidente pero ofrecía asesorías políticas y empresariales a terceros. Finalmente, ante la presión, Barrantes salió de Casa Presidencial y Solís aseguró que se había "exacerbado" el debate sobre el tema.
A ese caso le siguieron otros no menores. Uno de ellos fue el fiasco del FIA, en el que se dilapidaron más de ¢639 millones y a la fecha no hay un solo responsable sancionado por esto. Al inicio del escándalo, el gobierno insistió en proteger a la exMinistra Elizabeth Fonseca y al personal a cargo, hasta que la situación fue insostenible.
Eso estuvo unido a los cuestionamientos en torno al actuar del también exViceministro de la Presidencia, Daniel Soley, quien le ofreció una embajada a la Procuradora Ana Lorena Brenes a cambio de que dejara el puesto para colocar ahí a alguien "menos incómodo". 
Siguieron casos como el de la Ministra de Ciencia y Tecnología, Gisela Kooper, quien coordinó la redacción de la Ley General de Radio y Televisión, más conocida como Ley Mordaza. El texto resultó ser -además de peligroso para la libertad de prensa y expresión- una mala copia de documentos elaborados en otros países sudamericanos. Solís mantuvo a Kooper en su puesto a pesar de los cuestionamientos. La salida de la exMinistra se dio por presión de los medios y los diputados.
El amiguismo del Presidente con el exMinistro de la Presidencia, Melvin Jiménez, le pasó una cara factura política al mandatario y además generó dudas en torno a por qué Solís insistía en mantener a un funcionario que tenía malas relaciones con el Poder Legislativo, no rendía y había sido cuestionado por casos como el de la Procuradora y el de la Ley de Televisión y Radio. En medio de esos y otros cuestionamientos, Jiménez salió de Casa Presidencial y el mandatario lo victimizó "Ustedes han visto la cantidad de cosas que don Melvin ha tenido que soportar, lo ha hecho con gran estoicismo"…
El caso de las viceministras
No una ni dos, sino tres viceministras y un ministro han recibido pagos por prohibición sin cumplir con los requisitos para cobrarlo. La Viceministra de Gobernación Carmen Muñoz, la exViceministra de Vivienda Ana Cristina Trejos, la Viceministra de Presidencia Ana Gabriel Zúñiga y el Ministro de Turismo Mauricio Ventura han cobrado millones de colones que no les correspondían. El Presidente, lejos de ser tajante en sus decisiones y declaraciones ha disculpado los casos, asegurando que han sido "errores". Muñoz llegó a un arreglo para devolver lo cobrado de más en pago, igual hizo Trejos quien renunció a su cargo pero de inmediato fue nombrada en la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, donde ganará más de lo que ganaba en el Ministerio. Zúñiga se mantiene trabajando y solo devolverá ¢8 millones de los más de ¢30 que ha recibido y Ventura sigue en su puesto. 
El Ministro de Obras Públicas y Transportes Carlos Villalta también ha sido cuestionado, no solo por los incumplimientos en la fecha de entrega de la platina sino porque aprobó, firmó y dio luz verde para la construcción de una vía basándose en planos que sabía eran incorrectos y que los permisos ambientales estaban dados sobre un plan falso de construcción. Eso, que el ministro Villalta ha dicho no es un error, le costará al país al menos $14 millones de dólares. Tanto el Mopt como el Presidente han defendido la obra y aseguran que no hay error y que de todos modos el presupuesto ya está aprobado…