Fiscalía investiga cambios a decreto para importar cemento
Causa incluye otorgamiento de crédito de $20 millones por parte del BCR y a dos diputados
La investigación la lleva a cabo el fiscal general, Jorge Chavarría. (CRH)
La Fiscalía General de la República investiga si en las modificaciones a un decreto ejecutivo para permitir la importación de cemento desde China existió alguna irregularidad de índole penal.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público a través de un correo electrónico, en el cual detalla que se trata del decreto N° 32253-MEIC, Reglamento Técnico RTCR, Cemento Hidráulicos, tras la publicación hecha ayer por La Extra.
El decreto fue firmado el 6 de marzo de 2015 por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos.
La Casa Presidencial, a través de su vocera, Stephanie González, indicó que no ha sido notificada de la investigación.
El ministro de Economía, Welmer Ramos, sostuvo que los cambios fueron transparentes. (CRH)
Ramos, por su parte, dijo desde El Salvador que desconoce sobre la indagación y que no tiene información al respecto.
Adujo que las modificaciones al decreto siguieron todos los procedimientos legales y que fueron sometidas a consulta.
"Fue un asunto totalmente transparente. No hay nada que ocultar, ahí están los expedientes", agregó.
La Fiscalía también indaga si hubo irregularidades en el otorgamiento de un crédito de $20 millones por parte del Banco de Costa Rica (BCR) a una empresa privada para la importación de cemento.
La investigación se abrió después de recibir una denuncia anónima que involucra a cuatro personas, dos de las cuales son diputados, quienes gozan de inmunidad.
"Por esa razón esa causa es tramitada por el Fiscal General, según lo estipula la legislación nacional", indica el Ministerio Público en su respuesta.
La Fiscalía agrega que "la denuncia indica la posible existencia de un delito de enriquecimiento ilícito".
Cambios al reglamento
El decreto fue firmado por el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Economía, Welmer Ramos. (CRH)
El decreto introdujo cambios al reglamento para la comercialización del cemento hidráulico en el país, especialmente en materia de etiquetado.
Cuando la normativa se puso en consulta en enero de 2015, el viceministro de Economía, Isaac Castro, explicó que las modificaciones estaban relacionadas con aspectos que limitaban la comercialización del producto.
"Ahí estamos haciendo un proceso de flexibilización para que se pueda comercializar cemento más en granel y que no tenga que pasar por el tema del empacado, porque incluso tenemos estudios técnicos que dicen que el cemento no tiene que estar necesariamente empacado para ser comercializado", aseguró en esa ocasión.
El decreto también estableció que es responsabilidad del fabricante o empacador indicar en el empaque la fecha recomendada de uso y las condiciones necesarias de almacenamiento.
La modificación fue planteada al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por el diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara y posteriormente se unieron la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Rosibel Ramos y el diputado de ese partido Luis Vásquez.
Los cambios al reglamento fueron cuestionados por diversos sectores e incluso se cuestionó el hecho que la Comisión Nacional de Emergencias utilizara el producto para la construcción de un dique en Nosara antes de que la resolución que daba el visto bueno al uso del cemento traído de China estuviera en firme. El Colegio de Ingenieros y varios diputados cuestionaron el proceso de aprobación del cambio en el reglamento.
Desconocen
El concreto se utiliza en el país para obras de todo tamaño. (Imagen con fines ilustrativos)
Consultados al respecto, Guevara y el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC) Víctor Morales Zapata manifestaron que desconocen si son objeto de la investigación.
Una fuente cercana a la Fiscalía y otra de la Asamblea Legislativa manifestaron a CRHoy.com que ambos serían los indagados.
Consultado, el libertario respondió: "que yo sepa no" y afirmó que no ha recibido ninguna notificación.
Morales Zapata, por su parte, también aseguró que no ha recibido ninguna notificación y que tampoco conoce si está siendo investigado.
Dijo que, si así fuera, aplaudiría la investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias por un tema de transparencia.