Fiscalía investiga a tres diputados por edificio legislativo
Causa incluye a Henry Mora, Luis Vásquez y Jorge Rodríguez
La Fiscalía investiga a los miembros titulares del Directorio Legislativo 2014-2015. (CRH)
La Fiscalía General de la República investiga a tres diputados por el supuesto delito de prevaricato en el proyecto para construir una nueva sede de la Asamblea Legislativa.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó que la investigación se inició desde el 27 de julio de 2015 y se tramita bajo el expediente 15-000026-033-PE.
La causa incluye a los legisladores Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y expresidente del Congreso, así como a Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), exvicepresidente y exsecretario del Directorio Legislativo en la legislatura 2014-2015, respectivamente.
La oficina de prensa de la Fiscalía General añadió que el 6 de octubre de este año recibió un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que contiene una relación de hechos vinculada con el "Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011" para que sea utilizado como insumo en la investigación.
La contralora general, Marta Acosta, denunció ese día, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, que el fideicomiso, constituido para financiar el proyecto, giró un pago de $690 mil de forma presuntamente indebida al contratista, el arquitecto Javier Salinas, por concepto de honorarios.
La contralora general de la República, Marta Acosta, detalló una serie de cuestionamientos al proyecto. (Cortesía)
Según una investigación que realizó la entidad fiscalizadora, el pago incumplió el contrato que establece que del monto destinado a honorarios por la elaboración de planos ($1.188.995), 40% se daría a Salinas cuando entregara los diseños y 60% cuando obtuviera todos los permisos.
El contratista recibió el 60% ($690 mil), a pesar de que nunca obtuvo el permiso del Centro de Investigación del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, institución que objetó fuertemente el proyecto por considerar, entre otras razones, que afectaría las edificaciones históricas ubicadas alrededor del Congreso.
El fideicomiso, suscrito entre la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica (BCR) hasta por ¢52 mil millones, giró el pago cuando los diputados Mora, Vásquez y Rodríguez fungieron como miembros titulares del Directorio Legislativo 2014-2015.
Ese pago en enmarca en la primera contratación del proyecto, que no pudo avanzar por la oposición de Cultura.
Por esta razón, la Contraloría ordenó al actual Directorio, presidido por el liberacionista Antonio Álvarez, sentar las responsabilidades que correspondan y adoptar las acciones necesarias para cobrar el dinero girado.
El Directorio comenzó este martes a estudiar el caso, pero todavía no ha llegado a una decisión final, según dijo Álvarez.
Mientras, los congresistas Mora, Vásquez y Rodríguez fueron citados a comparecer el próximo 27 de octubre por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
"Bien asesorados"
El expresidente del Congreso Henry Mora dijo que fueron bien asesorados. (CRH)
El diputado Mora dijo que el Directorio que presidió siempre fue asesorado por "gente de altísima calidad" de la Asamblea Legislativa y del fideicomitente del BCR.
"En el caso concreto que nos corresponde a nosotros, que es el pago al arquitecto Salinas, estamos recabando información (…) Con lo que respecta al año en el que yo fui Presidente ese es el aspecto más importante (…) Tenemos información adicional que estamos recabando que la Contralora no manejó ese día", declaró.
Agregó que "estamos obligados a aclarar esto. No me cabe la menor duda. Será cuando nos convoque a audiencia la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Creo que para ese día ya tendremos reunidos todos los argumentos, particularmente legales".
Vásquez y Rodríguez, por su parte, indicaron, mediante un comunicado de prensa, la conveniencia de que se constituya un órgano director que determine las responsabilidades civiles que correspondan y de que el actual Directorio tome las medidas necesarias para corregir las debilidades administrativas en el manejo del fideicomiso.
Añadieron que el proceso para la construcción del nuevo edificio legislativo se ha prolongado por varios años y ha enfrentado obstáculos que ha logrado superar paulatinamente.
"Cada año de retraso en la construcción del edificio implica el pago de alquileres por más de $2 millones anuales en los múltiples edificios que la Asamblea Legislativa alquila actualmente, más $500.000 por año en costos de mantenimiento de instalaciones que se encuentran en muy malas condiciones", enfatizaron.
"Sarcófago" carísimo
El diputado Otto Guevara comparó la torre con un sarcófago. (CRH)
El legislador Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, comparó al proyecto del nuevo edificio, una torre de 21 pisos, con un "sarcófago", que terminará costando más caro que lo estimado inicialmente.
"Ese mamotreto que van a hacer ahí, ese sarcófago que van a hacer en el costado oeste, tiene ya un valor estimado, no definitivo, de casi $100 millones para menos de 1.000 funcionarios y con 52 mil metros cuadrados, con problemas de ventilación, iluminación y aires acondicionados (…) Ya eso debiera encender todas las alarmas en el Directorio", comentó.
El libertario pidió a Álvarez que frene el proyecto de inmediato.
"No le metamos más plata al hueco ese. Mejor convirtamos eso en una plaza, extendamos la Plaza de la Democracia, si fuera el caso, y abortemos de inmediato el proyecto de construir el nuevo edificio porque me parece que es una señal equivocada en un momento de desequilibrio en las finanzas públicas", sostuvo.
Guevara pidió a todas las bancadas legislativas cerrar filas y evitar que el proyecto continúe. "No puede seguir adelante. Es demasiado dinero: $100 millones", enfatizó.
Cuestionamientos
Este es el diseño propuesto para el nuevo plenario (Cortesía).
Además del pago hecho de forma indebida al contratista, la Contraloría General de la República hizo los siguientes cuestionamientos:
- Contrataciones sin solicitudes de materiales, bienes o servicios.
- Contrataciones sin términos de referencia conforme a lo regulado.
- Contrataciones sin evidencia de la elaboración y formalización del respectivo documento contractual.
- Contrataciones de bienes y servicios sin la respectiva garantía.
- Entre 2012 y 30 de junio de 2016, se tramitaron 34 contrataciones de bienes y servicios que representó un desembolso con cargo al fideicomiso por ¢3.418.665.
- Incumplimiento en la verificación de las obligaciones de los proveedores con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en los procesos de contratación.
- El fiduciario no realizó la retención del impuesto sobre la renta del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) sobre las operaciones canceladas a los contratistas sujetos a esa carga.
- El Comité de Vigilancia no ha cumplido a cabalidad con su deber de fiscalización del fideicomiso.