¿Qué esconde el gobierno PAC en contratos de vacunas COVID? Presidencia aduce confidencialidad

(CRHoy.com).- El gobierno del Partido Acción Ciudadana, de Carlos Alvarado, adujo cláusulas de confidencialidad para no suministrar a CRHoy.com copia del contrato firmado con la farmacéutica Pfizer-BioNTech y con AstraZeneca.

Este medio solicitó desde el 21 de enero pasado una copia de los acuerdos con Pfizer-BioNTech, AstraZenaca y COVAX, además de las adendas en el caso de que existan. La solicitud se hizo haciendo referencia al interés público ante la crisis que vive el país por la pandemia del COVID-19.

Incluso este medio, en el correo enviado, le indicó a la Oficina de Prensa de Casa Presidencia que existe jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional en cuando al acceso a la información de carácter público.

Sin embargo, en su respuesta, enviada el 29 de enero, Casa Presidencia señaló que "en el caso de Pfizer y BioNTech, se adjunta el comunicado de prensa referente al costo de las vacunas, información que se hizo pública el pasado miércoles 6 de enero, luego de un proceso de consulta y aprobación por parte de la farmacéutica, precisamente para evitar violar la cláusula de confidencialidad de dicho contrato".

"Referente al convenio firmado con AstraZeneca, la CNE realiza la consulta a la empresa para garantizar que no exista ningún inconveniente en compartir dicho acuerdo ya que existen algunas cláusulas de confidencialidad", indicaron.

CRHoy.com consultó este jueves 25 de marzo, cuál había sido la respuesta de AstraZeneca y bajo qué argumentos legales se establece la confidencialidad del contrato de Pfizer-BioNTech si los pagos del mismo se hacen con fondos públicos. Sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.

El gobierno está en medio de las críticas debido la lentitud de la vacunación y además porque en esta Semana Santa había decidido suspender el suministro de primeras dosis a los grupos 1 y 2, que podrían verse comprometidos ante el aumento de los casos en los últimos días y la posibilidad de una tercera ola de contagios en el país.

El Ministro de Salud, Daniel Salas, aceptó en una entrevista con CRHoy.com, el 11 de febrero pasado, la lentitud del proceso de vacunación y dijo que la farmacéutica Pfizer era la que decidía la distribución de las dosis a los países.

"Pfizer en realidad tiene dentro de toda su logística cifras contempladas para ir entregando, la idea es que eso se distribuya y cumplan con su contrato final durante todo el año. Ellos son los que al final van haciendo esa distribución, si por nosotros fuera le indicaríamos que nos manden 500 mil o 600 mil dosis en un solo embarque para poder avanzar mucho más rápido, pero Pfizer no está exclusivo para Costa Rica", dijo Salas.

¿Acceso público a los contratos?

¿Tiene derecho cualquier costarricense a conocer qué se negoció en los contratos firmados con las farmacéuticas Pfizer-BioNTech y AstraZenaca?

CRHoy.com consultó a varios abogados constitucionalistas y el común denominador de la respuesta es que sí, aunque algunos mencionaron algunas previsiones que se deben tomar ante una cláusula de confidencialidad.

Manrique Jiménez Meza, Doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid con un Postgrado de número de especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales del Senado de España, es de la teoría de que todos los contratos deben ser conocidos por el país pero se deben justificar de manera amplia los aspectos de confidencialidad.

"En primer lugar hay que tomar en consideración de que en principio, la administración pública en general, el Estado, está obligado a cumplir con el principio de servicio público y dentro de esos principios está el de transparencia y rendición de cuentas", comentó Jiménez.

Jiménez explicó que con la cláusula de confidencialidad existe un problema práctico y es que de por medio está la salud pública y los "ciudadanos tienen el derecho de conocer el alcance de esa contratación".

El experto en derecho constitucional comentó que debería ser la Procuraduría General de la República, en representación del Estado, la que defina cuál es la posición correcta y dar una explicación completa al ejercicio del derecho de petición dado que están implicados bienes fundamentales como la vida humana.

Audio abogado Manrique Jiménez. 

¿Puede usarse la declaratoria de emergencia para aducir aspectos de confidencialidad en este tipo de contratos?

Audio abogado Manrique Jiménez.

Rubén Hernández, abogado en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica y Constitucional con un doctorado en Italia, explicó que en el tema hay dos aristas, ya que se debe contemplar el derecho interno y derecho externo.

"Desde el punto de vista del derecho externo, si esa cláusula el Gobierno la violare podría estar sujeto a alguna penalidad que normalmente establece el mismo contrato o sino tendría que valorarlo un tribunal de acuerdo con el daño sufrido por la empresa", comentó.

Hernández dijo que con respecto al derecho interno el documento es de relevancia y de interés público que está cubierto por el artículo 30 de la Constitución.

Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.

Hernández dijo que hay un elemento fundamental y es que las vacunas fueron adquiridas con fondos públicos y esto las convierte en un elemento de interés público. "En principio, el gobierno debería entregar ese contrato", dijo.

Audio Rubén Hernández, Abogado Constitucionalista.

Esteban Alfaro, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, indicó que en este caso hay que unir dos cosas que son opuestas, por un lado, la libertad de petición y acceso a la información pública, que son derechos fundamentales que están en la Constitución Política; y en el otro lado hay que tener en cuenta que un particular que contrate con el Estado pueda solicitar la confidencialidad total o parcial de ese contrato y lo cual debe estar sustentada.

Alfaro comentó que en el contexto actual de pandemia en el que nos encontramos algunas cosas, con o sin razón, se han relativizado.  "En algunas casas farmacéuticas fundamentan la confidencialidad en temas de componentes y asuntos químicos de la vacuna que no pueden andar por la libre", dijo Alfaro.

Esteban Alfaro, abogado constitucionalista.

La solución en esto, dijo Alfaro, es que la Sala Constitucional defina que se deben dar a conocer los contratos pero tachando las partes sensibles.

Fuertes críticas

CRHoy.com dio a conocer el jueves 25 de marzo que varios congresistas tienen dudas y sospechas con el proceso de vacunación contra el COVID-19 que ha implementado el Gobierno.

Así lo manifestaron Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), así como Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Muñoz -médico de profesión- señaló que el sistema de vacunación no solamente ha tenido un protocolo equivocado, sino que se ha distribuido de manera anómala dándole prioridad a gente administrativa y no del primer nivel.

Hernández indicó que el país ha recibido dosis para 338 mil personas, sin embargo, solo ha vacunado a 206 mil personas. "Hoy la cantidad de dosis disponibles en el país es mayor a la cantidad de dosis aplicadas", dijo.

León reconoció que tiene dudas sobre los criterios utilizados por las autoridades de salud para distribuir y aplicar las dosis en las diferentes regiones del país.

"Seguimos sin entender las diferencias que hay en los territorios. ¿Cómo unos avanzan más y otros menos?", cuestionó.