¿Por qué Procuraduría desestimó faltas de Solís por cementazo?

(CRHoy.com) – Ronny Monge, exdiputado de la República conoce muy bien todo lo que sucedió alrededor del caso del cementazo, pues lideró la Comisión Legislativa que analizó el tema entre agosto y diciembre de 2017, por eso, fue considerado por los legisladores como un actor clave que podía brindar información para una nueva investigación del Congreso, dirigida desde la Comisión Especial de Procuraduría.

Esta última institución mencionada, está siendo objeto de análisis desde julio de 2018 por los congresistas, quienes buscan respuestas de por qué, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) notificó al Congreso el viernes 27 de abril de 2018 sobre la desestimación de las faltas al deber de probidad por parte de Luis Guillermo Solís en el caso del cementazo.

Aquí hay dos cuestiones por explicar: una de por qué la PEP hizo tal desestimación sobre Solís y otra por la fecha de notificación.

En el primer caso, Monge recordó que había prueba contundente para remitir a la Procuraduría detalle por detalle, los motivos por los cuáles, el expresidente de la República habría incurrido en esa falta.

Una de esas tiene que ver con que, en cada reunión realizada en Casa Presidencial con la presencia de Juan Carlos Bolaños, éste obtuvo beneficios.

Roberto Thompson, diputado liberacionista le consultó al Monge sobre cuáles creía que fueron las motivaciones que llevaron a la PEP a desestimar el caso.

"Lo que he escuchado es que la Procuraduría hizo una valoración sobre el informe final de la Comisión y lo que hicieron fue contrastarlo, no se leyeron todo el expediente de 92 mil folios donde está el asidero para llegar a la conclusión (de que Solís cometió faltas al deber de probidad)", manifestó la noche de este martes en el Congreso.

En palabras simples, según el excongresistas, la PEP evitó leerse toda la documentación y prefirió inclinarse solo por las conclusiones.

El excongresista criticó a la institución porque no tenían límite de tiempo para rendir el informe final y por tanto, tuvieron chance para leer todos los folios.

Monge fue claro en que ni él ni ninguno de los 8 exdiputados que formaron parte de la Comisión que investigó el caso, fueron llamados por la Procuraduría para ampliar sobre cómo llegaron a esas conclusiones, que fueron de análisis por 40 personas, pues cada exmiembro se hacía acompañar de 2 o 3 asesores.

"Cuando se va a llegar a una conclusión tan importante, sobre todo cuando se analiza la ética pública de funcionarios y el del más alto de la patria, debe haber un análisis profundo y una prueba testimonial de por qué se llegaron a esas conclusiones", compartió a los congresistas.

La notificación 

Como se indicó con anterioridad, la PEP envió el documento donde se desestimaba a Solís un viernes 27 de abril 2018, día en el que los diputados están de gira, pero, en esta ocasión, estaban a una sesión de dejar sus cargos, por lo tanto, estaban en transición. Algunos recogían sus pertenencias, otros, se despedían de asesores y compañeros de trabajo.

El lunes 30 de abril de ese mismo año, se realizó la última sesión del período legislativo 2014-2018 en horas de la mañana.

Laura Guido, diputada oficialista hizo la observación que ese lunes, a Gonzalo Ramírez, expresidente del Congreso se le entregó el documento cerrado, lo tuvo en sus manos. 

La pacsista cree que, si él hubiese tenido voluntad, habría hecho de conocimiento del Plenario, tal notificación en ese momento.

Sin embargo, Monge defendió que, en conversaciones telefónicas con Ramírez, éste ha expresado que el documento se conoció hasta en una sesión extraordinaria del Directorio Legislativo ese 30 de abril pero en horas de la tarde. 

Así fue como corrieron los minutos y los diputados quienes dejaban funciones ese día, no tenían conocimiento del asunto. 

Por eso, cree que fue un grave error de la PEP haber notificado en ese momento, pues pudo haberlo hecho con anterioridad o posterior al 1 de mayo de 2018, día en que iniciaron funciones los actuales congresistas.

Fue así como el plazo de 3 días posteriores a la notificación -para hacer objeciones a la decisión de la Procuraduría- comenzaron a correr y debido a tal transición, los diputados actuales tampoco se enteraron a tiempo, pues fue hasta el 18 de mayo que tuvieron en sus manos el documento completo.

El plazo venció y nadie pudo hacer nada. 

Monge asegura que tanto él como Patricia Mora y Ottón Solís, exlegisladores que conformaron la Comisión Legislativa y ahora son integrantes del gabinete, habrían hecho apelaciones a tal decisión.

"Si hubiéramos sabido, hubiéramos tomado las acciones legales pertinentes", sostuvo.

 

"Me parece desatinado por parte de la Procuraduría, haber entregado el informe justo en la transición de las 2 legislaturas de la Asamblea", subrayó.

Se espera que la Comisión rinda los informes correspondientes para su análisis en el Plenario.