Asociación Bancaria rechaza proyecto que permitiría al MEIC supervisar y cerrar bancos
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se manifestó en contra del proyecto de ley que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y que permitiría al Gobierno supervisar y cerrar bancos por medio del MEIC.
La organización indicó que el MEIC debería enfocarse en otros aspectos para velar por el bienestar de la población en la utilización de servicios y productos financieros.
La ABC considera que, al igual que como funciona actualmente, el MEIC debería centralizar la resolución de las reclamaciones contra los proveedores de servicios y productos financieros, independientemente de si estos son regulados o no por alguna de las superintendencias del sistema financiero.
Sin embargo, el MEIC no debería encargarse de la conducta de mercado de los entes financieros actualmente regulados por estas superintendencias.
La asociación sostiene que está de acuerdo con la creación de un marco regulatorio para proteger al consumidor financiero; sin embargo, considera que la forma planteada en el proyecto no es la adecuada. Por ello, sugiere que esa labor sea asumida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Además, aconseja modificar el esquema de multas para que estas se calculen con base en una cantidad determinada de salarios base o mediante un tope fijo, en lugar de un porcentaje sobre el patrimonio. También considera desproporcionado establecer un canon de hasta un 1% de los ingresos brutos de las entidades supervisadas para cumplir con lo dispuesto en el proyecto. Según la ABC, este canon equivale a 144 veces el presupuesto que el MEIC destinó en 2023 a la protección del consumidor.
Asimismo, considera que otorgar atribuciones tan amplias al MEIC representa un riesgo de coadministración y podría propiciar excesos regulatorios.
Este lunes, la comisión dictaminó el proyecto con cinco votos a favor, emitidos por diputados oficialistas, y cuatro en contra, de legisladores de oposición. La iniciativa introduciría un modelo de doble supervisión estatal para las entidades financieras y otorgaría al Gobierno la facultad de cerrar bancos en caso de detectar incumplimientos.