Estado de la Nación detalla 2 rezagos que comprometen el crecimiento económico y el desarrollo
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
Costa Rica enfrenta una situación crítica en dos frentes fundamentales para su desarrollo económico: la infraestructura vial y la seguridad ciudadana.
Según el Estado de la Nación 2025, la desatención, la baja inversión y la deficiente gestión de proyectos en el sector de transportes, junto con el crecimiento acelerado de la criminalidad, generan pérdidas económicas, debilitan la competitividad y amplían las brechas territoriales.
El informe señala que, en el periodo 2014-2024, el país invirtió en promedio el 0,8 % del producto interno bruto (PIB) en infraestructura de transportes y que, desde 2020, la inversión en esa área cayó al 0,50 %.
Esto, a pesar de que las obras contempladas en el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 requerían el 4 % del PIB anual entre 2019 y 2035 para alcanzar estándares adecuados.
Mientras tanto, los proyectos en ejecución enfrentan atrasos y sobrecostos significativos: la Circunvalación Norte acumula 66 meses de retraso y un sobrecosto del 65 %; la ruta 32 registra una demora similar y un sobrecosto del 43 %; y el proyecto Taras–La Lima se ha demorado 30 meses y ha aumentado su costo en un 23 %. En conjunto, los sobrecostos asociados con estas tres obras ascendieron al 0,64 % del PIB en 2024.
El rezago en mantenimiento también es considerable. Según un informe técnico del Lanamme-UCR, el 70 % de los puentes se encuentra en estado "alarmante", "de falla inminente" o "deficiente", lo que evidencia un deterioro progresivo y la urgencia de intervenciones.
Costos elevados
Luis Vargas, investigador adjunto del informe, afirmó que la falta de inversión y la mala ejecución de obras le cuestan caro al país.
Los costos estimados por la problemática de transportes, únicamente por concepto de ingresos perdidos por parte de las empresas en 2024, ascienden al 1,58 % del PIB.
"Un ejemplo práctico es el puente sobre el río Tempisque, donde un cierre parcial durante 121 días costaría 1,38 veces su valor de reposición, mientras que un cierre total implicaría pérdidas equivalentes a 15,78 veces. En la mayoría de los casos, resultaría más barato reconstruir las estructuras que mantenerlas parcial o totalmente cerradas", comentó Vargas.
Inseguridad
El documento advierte que Costa Rica vive una epidemia de homicidios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes en 2024.
Los cantones costeros concentran las mayores tasas, y el litoral pacífico registra la escalada más pronunciada. En conjunto, los 38 cantones con tasas epidémicas representan el 62 % de la producción nacional.
En muchos de estos territorios, la criminalidad está directamente asociada con el desestímulo a la actividad industrial y la expansión del comercio informal o de fachada.
Un análisis econométrico incluido en el informe muestra que la actividad industrial se reduce en los cantones con mayores tasas de homicidios, mientras que la actividad comercial tiende a aumentar.
"Este último hallazgo, aunque contraintuitivo, tiene una explicación: el crimen organizado necesita pequeños comercios locales para sus operaciones de lavado, distribución y logística, lo que genera un crecimiento aparente del comercio, pero sin beneficios reales para la economía formal. La industria se deprime, pero el comercio no, lo cual refleja un patrón económico distorsionado por la criminalidad", señala el informe.
El documento alerta que la combinación de una infraestructura rezagada y una inseguridad en aumento configura un panorama de alto riesgo económico.
La desatención de la inversión pública y la incapacidad para contener la criminalidad limitan la competitividad y el crecimiento, al tiempo que profundizan la desigualdad territorial y social.
"Para avanzar hacia un desarrollo económico sostenido e inclusivo, Costa Rica debe aumentar la inversión pública en obras estratégicas de infraestructura de transportes, garantizar su ejecución eficiente y fortalecer el mantenimiento de activos clave como puentes y rutas nacionales. Al mismo tiempo, se requiere una política de seguridad con enfoque territorial, capaz de contener la criminalidad y sus efectos sobre la productividad, el empleo y la cohesión social", concluye el informe.