Hacienda custodia fideicomiso del Poder Judicial y se beneficia de sus intereses
Ministerio de Hacienda. (CRH).
El Ministerio de Hacienda custodia los recursos de un fideicomiso constituido para financiar obras del Poder Judicial y se beneficia de los intereses que estos generan.
La información fue dada a conocer por Ana Eugenia Romero Jenkins, directora ejecutiva del Poder Judicial, durante una reciente conferencia de prensa en la que los jerarcas de la institución cuestionaron los recortes presupuestarios aplicados por Hacienda.
"El fideicomiso no forma parte de nuestro patrimonio para disponer de esos recursos de esa manera. Sí quiero enfatizar: ¿dónde están los fondos del fideicomiso? Los custodia el Ministerio de Hacienda. ¿Y quién disfruta de los intereses que genera ese fideicomiso? El Ministerio de Hacienda también", dijo la funcionaria.
El fideicomiso cuenta con ₡37.000 millones, recursos con los que se financian diferentes proyectos de infraestructura del Poder Judicial.
Según informó la institución, para concluir los proyectos de infraestructura ya iniciados se requieren más de ₡80.000 millones.
Los proyectos en ejecución buscan unificar los diferentes servicios en un solo edificio, así como brindar instalaciones seguras tanto para el personal como para los usuarios del OIJ, el Ministerio Público, la Judicatura y la Defensa Pública en Quepos y Cañas.
La institución indicó que los inmuebles que ocupa actualmente en esas localidades son alquilados y presentan condiciones de vulnerabilidad.
El fideicomiso también contempla recursos para construir edificios propios para la Sala Constitucional y el OIJ, que actualmente pagan sumas importantes por concepto de alquileres en la Meseta Central. Asimismo, prevé recursos para aportar gradualmente a un eventual proyecto de construcción de un edificio para la Fiscalía General de la República, que también opera en un inmueble arrendado.
Romero Jenkins explicó que el patrimonio del fideicomiso es independiente del Poder Judicial y que no es posible trasladar recursos entre subpartidas para financiar gastos operativos de la institución, ya que esos fondos están destinados exclusivamente al desarrollo de obras.
"Ya tenemos compromisos, incluso con contratistas y, en caso de pensar en un proceso de resolución, tendríamos que asumir una serie de indemnizaciones", agregó.
Detalle
El fideicomiso está amparado en un contrato formalizado en 2015 y refrendado por la Contraloría General de la República (CGR).
Su creación respondió a la necesidad de dotar al Poder Judicial de infraestructura para la prestación del servicio público. El contrato contempla el desarrollo de 17 proyectos constructivos.
Hasta el momento, debido a las limitaciones presupuestarias, únicamente se han construido los Tribunales de Puntarenas y la Torre Judicial. El plan también contempla proyectos en Sarapiquí, Siquirres, Desamparados, Hatillo, Heredia, Cartago, Upala y Nicoya.
Por medio del fideicomiso se realizan los procesos de contratación de la consultoría para el diseño de los edificios y las contrataciones para su construcción.
Todos los procedimientos se realizan, de conformidad con la Ley General de Contratación Pública, por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Los procesos se tramitan bajo un esquema de seguridad que contempla una preselección de las empresas constructoras en una primera etapa y, posteriormente, un concurso entre las compañías seleccionadas, debido al grado de confidencialidad y seguridad que requieren los planos, los cuales no pueden estar disponibles para el acceso público.
El Ministerio de Hacienda propone una reducción del 42% de los recursos presupuestarios disponibles para el Poder Judicial este año, equivalente a ₡3.053 millones.