El lector opina: Costa Rica en latitud 0
No se trata de una línea imaginaria; las similitudes entre Ecuador y Costa Rica empiezan a ser realidades paralelas. Hasta hace unos pocos años, ese país sudamericano era considerado una isla en su región en materia de seguridad; hoy es una de las naciones más inseguras del continente.
Reconocido otrora un país de tránsito de la cocaína con ruta hacia el norte, aprovechando su posición y acceso al Océano Pacífico, evolucionó a convertirse en un sitio de almacenamiento, procesamiento y distribución de cocaína. Una serie de acciones, un tanto coincidentes con las costarricenses, se sumaron para que las organizaciones criminales encontraran mejores condiciones de operación.
Primero, en 2009, Ecuador finalizó un acuerdo con autoridades estadounidenses para un trabajo conjunto en la lucha y control del narcotráfico. Esto produjo el cierre de la Base Militar de Manta, desde donde coordinaban los operativos para atacar el principal punto de interceptación de drogas. Ese mismo año, decidieron cerrar la Unidad de Investigaciones Especiales de Ecuador (UIES), policía especializada en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y los delitos conexos (lavado de activos, guerrilla, tráfico de personas y armas). Si bien crearon una unidad nueva, se perdió el apoyo que recibía por parte de los Estados Unidos.
Por otro lado, en 2008, Ecuador se declaró libre tránsito de personas; significó una flexibilización de sus políticas migratorias, coadyuvó en el crecimiento del flujo de migrantes y facilitó la creación de organizaciones criminales transnacionales, quienes implementaron métodos de operación novedosos y más violentos.
Algunas de las políticas implementadas por Ecuador, que lo convirtieron en mediano plazo en uno de los países más violentos del continente; son coincidentes con las medidas y el rumbo tomado por Costa Rica en materia de seguridad y narcotráfico.
En setiembre de 2023, se ordenó la salida de los oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los distintos puestos de control fronterizos, así como de los aeropuertos y muelles. A pesar la PCD mantiene sus derechos y obligaciones de realizar operaciones policiales en estos puntos, ya no hay presencia de los oficiales, es decir, para realizar interdicciones de drogas, éstas son detectadas por empresas privadas u oficiales de otras unidades policiales, no capacitadas ni facultadas por ley para realizar labores de investigación.
Esta acción facilita a los flujos de droga ingresar y salir del país con total libertad, creando un punto de comercio. Así, Costa Rica toma un rol no como país de ruta, sino de almacenaje de la droga para comercializar y exportar a otros destinos.
Estas oportunidades creadas al narcotráfico en materia de interdicción, se asemeja a la decisión ecuatoriana del cierre del Puesto Militar de Manta.
Nuestro Gobierno no tiene una estrategia clara y definida en la lucha contra el narcotráfico, así lo demuestra el debilitamiento de la PCD, la policía que efectúa entre el 80 y 90 % de los decomisos de droga en Costa Rica.
El centralizar las decisiones de la PCD en la figura del Viceministerio de Seguridad, hizo éste tenga control total de todas las investigaciones y operaciones policiales realizadas en el país en contra del narcotráfico, perdiendo así cada unidad policial (entre éstas la PCD) su independencia y libertad de acción. Este debilitamiento de la policía equivale a la decisión en Ecuador del cierre de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).
Históricamente, nuestra nación es un país de tránsito de la droga originada en Perú y Colombia con destino a Estados Unidos y/o México. La cocaína transportada vía marítima aprovechaba el país para reabastecer combustible y suministros, al menos, esta droga no ingresaba a territorio costarricense, pero ahora las embarcaciones con drogas atracan en nuestra costa pacífica, transportándose y almacenándose en distintos puntos para su posterior comercialización o distribución. Lo mismo sucede con la droga ingresada vía terrestre por la frontera panameña.
La droga se comercia tanto para traficantes locales (para el mercado interno o exportaciones a pequeña escala) como para comercio internacional con organizaciones de mayor tamaño, quienes efectúan envíos ocultos en contenedores, embarcaciones, aeronaves o vía terrestre.
Se da un incremento de venta de droga más expedita y barata para consumo local, pero por otro, dada la custodia (por bodegaje y traslado), las organizaciones criminales arman a sus miembros, generando un aumento en el ingreso de armas de fuego. Como resultado inevitable, tenemos aumento de la violencia y homicidios entre los distintos grupos criminales producto de la interceptación de drogas, el asalto y robo de mercancía, entre otros.
Los métodos de exportación de droga cambiaron. Su transporte se busca ocultar en el interior de mercancías comercializadas en el mercado de forma legítima, implica para las organizaciones narcotraficantes adquirir o conformar compañías para tener control de la producción, empaque, transporte, entrega y comercio de ambos productos (lícito e ilícito). Así, se crean burbujas financieras para distorsionar la realidad de los mercados, estas compañías usualmente comercian sus productos lícitos con precios de mercado más bajos para lograr una mayor rotación y legitimar el capital recibido.
El crecimiento del dinero en mano por parte de estas organizaciones hizo proliferar los préstamos informales (gota a gota), donde quienes realizan el cobro de estos dineros son los mismos miembros, quienes se caracterizan por ser violentos.
En cuanto al tráfico local, la baja del precio aumentó el consumo, generando una severa afectación en el sistema de salud pública. Al mismo tiempo, para suplir la demanda de droga, las organizaciones deben crear más puntos de venta, eso significa mayor territorio en manos del narcotráfico.
El crecimiento de las organizaciones acaparó el comercio total en territorios definidos, barrios, cantones y hasta en provincias, en la actualidad, toda venta de droga está ligada a una organización generadora de un claro encadenamiento (suministro, producción -cocina-, empaque, venta, cobro, seguridad).
El objetivo de estas organizaciones es extender y ganar más espacios, inevitablemente, genera las luchas de territorios, siendo este uno de los factores de incremento de la violencia (por las guerras entre los grupos). Como resultado, estas organizaciones suman más personas en estas tareas, de igual manera, deben equiparse con más y mejores armas.
Pese a la evidencia, las decisiones y acciones gubernamentales en el combate al narcotráfico son contradictorias. Igual que en Ecuador, disminuimos las capacidades de combate y debilitamos las unidades policiales especializadas contra el crimen organizado. Restamos puntos de control y decomiso; en efecto, entre 2022 y 2023, la cantidad de decomisos de cocaína en el país cayó más del 50% con relación a 2021 y 2020.
Si no tomamos acciones concretas, nuestro próximo paso es la producción de drogas sintéticas, ya existen actuaciones policiales que dan cuenta de la presencia de almácigos de arbustos de coca en Costa Rica; las facilidades dadas y el poco control lo harían cada vez más posible.
El país se nos escapa de las manos; desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, hacemos todo lo posible para dotar al país de los cambios legales necesarios para enfrentar este flagelo, pero quien gobierna tiene la mayor responsabilidad, indelegable, de generar una estrategia firme para combatir al narcotráfico y sus organizaciones criminales.