4 preguntas para entender el proyecto que busca que el Estado pague la defensa penal de jerarcas
Laura Fernández, presidenta de la República. (Captura de pantalla).
El gobierno de Laura Fernández impulsa un proyecto de ley que pretende que el Estado pague la defensa penal de funcionarios públicos que enfrenten procesos judiciales.
La iniciativa fue convocada por Fernández a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, periodo en el cual el Poder Ejecutivo define la agenda de proyectos que deben ser conocidos, discutidos y votados por los diputados.
Esto es lo principal que usted debe saber del texto:
¿A quiénes cubre?
La propuesta busca autorizar a la Administración Pública, instituciones descentralizadas, empresas públicas estatales y entes públicos no estatales para que asuman la defensa de sus funcionarios y colaboradores —en el caso de juntas directivas— que sean denunciados penalmente en el ejercicio de sus cargos.
¿Cuáles requisitos deben cumplirse?
Establece tres:
- Que el funcionario denunciado haya actuado en estricto cumplimiento o ejercicio de las funciones o deberes que resultan de su competencia.
- Que al asumir la defensa del funcionario por cuenta de la institución, se haya corroborado que tal medida contribuirá a evitar mayores perjuicios económicos en el futuro o que, mediante una defensa profesional y oportuna del representante de la institución, se evite una condena mayor en perjuicio de los intereses de la entidad.
- Si el funcionario público defendido penalmente con fondos públicos es condenado, deberá restituir a la institución los gastos en que esta incurrió en su defensa. La Administración deberá asegurarse de ese resarcimiento en caso de una condena contra el funcionario.
¿Quién hizo la propuesta?
El texto fue planteado por el exdiputado Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien argumentó que se pretende brindar una protección adecuada a aquellos servidores públicos que, en el desempeño de sus labores, se ven expuestos a denuncias infundadas o maliciosas que ponen en riesgo su reputación y estabilidad laboral, así como salvaguardar los intereses de la institución.
¿Cuáles son sus antecedentes?
El proyecto de ley recibió dictamen afirmativo de mayoría en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa el 22 de octubre de 2024.
Fue convocado a las sesiones extraordinarias legislativas por el Poder Ejecutivo dos años después de que la Contraloría General de la República (CGR) frenara la polémica póliza impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles para proteger a jerarcas ante eventuales procesos judiciales.