Abogada ofrecía servicios para lavar activos a grupo criminal asentado en San Vito de Coto Brus
Una abogada apellidada Mora Mora es mencionada en el expediente de investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el caso Furtivo, donde se le señala de, presuntamente, brindar servicios a la organización criminal investigada con el fin de manipular bienes y darles apariencia de legalidad.
De acuerdo con la investigación, ella mantenía una relación con un hombre identificado como Corrales Alfaro; esto facilitó su incorporación y colaboración dentro de la agrupación criminal. Se presume que ofrecía labores como la redacción y formalización de escrituras fraudulentas, así como traspasos de bienes muebles ficticios y la inscripción de prendas sobre bienes, presentadas como respaldo de préstamos carentes de justificación válida.
El expediente expone que estas labores se habrían realizado con el fin de ocultar la titularidad real de dichos bienes, dificultando el rastreo por parte de las autoridades, lo que configura mecanismos de legitimación.
"Mediante la utilización de conocimientos técnicos especializados, logrando encubrir patrimonialmente las ganancias obtenidas ilegítimamente, destacando su rol al garantizar que los bienes y recursos financieros puedan ser movilizados y administrados bajo la apariencia de legalidad", menciona el informe del OIJ.
Caso Furtivo
La madrugada de este martes 14 de abril, el OIJ realizó 21 allanamientos, la mayoría en Sabalito y San Vito de Coto Brus, aunque también en Heredia y Guanacaste. Las diligencias iniciaron a las 4:00 a.m.
El grupo criminal investigado estaría conformado principalmente por cuatro costarricenses, quienes presuntamente brindaban servicios de subcontratación y concentraban su accionar en la zona sur, cerca de la frontera con Panamá. En ese punto utilizaban fincas para recibir avionetas cargadas con estupefacientes.
Según la investigación, los sospechosos administraban pistas ilegales ubicadas en sectores como Puerto Jiménez y Punta Burica, para posteriormente redirigir los cargamentos a otras pistas ilegales en Guanacaste.
Los costarricenses investigados fueron identificados como Berny Vásquez Araya, Henry Jiménez Hernández, Alexander Picado Umaña y José Pablo Fonseca Barrantes. En la investigación también se detalla que tres colombianos habrían contratado a la estructura criminal de los costarricenses para obtener sus servicios. Se trata de Paulo Casquete Amu, Pastor Valencia Ortiz y otro hombre de apellido Quintero.
De estos tres, el perfil que más destaca es el de Casquete, quien figura en dos juntas directivas de sociedades anónimas. Aparece como vicepresidente de Vegetarianos de Oro OROVEG S. A. y como tesorero de Láminas Catalina S. A. Además, reside en un residencial en San Pedro de Barva, en Heredia.
En cuanto a Valencia y Quintero, preliminarmente no figuran como representantes de alguna estructura relevante.
Colombiano registra salida del país hace más de seis meses
Casquete Amu salió del país hace seis meses; al menos oficialmente eso es lo que muestran los registros aportados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). El colombiano salió del país el 30 de septiembre de 2025 y desde entonces no regresó.
Este hombre era uno de los objetivos de los allanamientos por este caso y se intentó detenerlo durante la madrugada del martes en un residencial ubicado en Barva de Heredia. Sin embargo, no fue ubicado por los agentes del OIJ.
Los movimientos migratorios evidencian que desde 2010 registra más de 70 entradas y salidas del territorio nacional. En varias ocasiones presentó salidas oficiales sin que existiera un registro previo de su ingreso.
Los detenidos en el caso Furtivo
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó que solicitará medidas cautelares en contra de los siete sospechosos de pertenecer a la organización criminal desarticulada. La petición se realizará ante el Juzgado Penal de Santa Cruz, en una audiencia que no ha sido programada.
Los detenidos son cuatro hombres identificados como Henry Jiménez Hernández, Alexander Picado Umaña, José Pablo Fonseca Barrantes y otro apellidado Rojas, así como tres mujeres de apellidos Guerra, Morales y la abogada Mora.
Según precisaron, en las acciones judiciales se logró el decomiso de teléfonos, computadoras, grabadoras, cámaras, vehículos y dinero.
"De acuerdo con la investigación, el grupo operaba principalmente en Guanacaste, Alajuela y Puntarenas, donde recibía, almacenaba, transportaba y exportaba droga, principalmente cocaína. Para ello, se presume que construyeron pistas de aterrizaje clandestinas, donde llegaban las aeronaves procedentes del extranjero, previa coordinación con cárteles internacionales (…) Según la prueba recabada hasta ahora, la banda alteraba vehículos para ocultar los estupefacientes y así evadir los controles policiales. Asimismo, se presume que poseían una red de personas que se encargaba de legitimar el dinero obtenido de la actividad ilícita", explicó la Fiscalía ante la consulta de CR Hoy.
