Atención médica tardía y deficiencias en la alimentación: dos casos exponen fallas en las cárceles

Un hombre de 64 años cumple una condena en el sistema penitenciario costarricense desde 2012. Padece varias enfermedades, entre ellas una diabetes muy avanzada que le provocó pérdida de visión en uno de sus ojos y le está comenzando a afectar el otro.

En 2021, un examen confirmó ese deterioro. Sin embargo, según Jorge Abarca, familiar del privado de libertad, no fue sino hasta 2025 que recibió tratamiento con insulina.

Durante años, la familia logró mitigar parte de los efectos de la enfermedad llevándole alimentos preparados desde la casa. Esa posibilidad desapareció tras las recientes restricciones impuestas en los centros penitenciarios.

Aunque al privado de libertad se le asignó una dieta especial, Abarca afirma que esta consiste únicamente en recibir porciones más pequeñas que las del resto de la población penitenciaria.

La situación se complica por los horarios de alimentación. La cena se sirve alrededor de las 4:00 p.m., justo cuando debe aplicarse la insulina. Para evitar descompensaciones durante la noche, el hombre guardaba parte de la comida y la consumía horas después.

Sin embargo, hace aproximadamente dos semanas las autoridades retiraron los recipientes donde conservaban los alimentos y, en ocasiones, incluso desechan la comida sobrante.

Desde entonces ha sufrido varias descompensaciones y aunque el privado de libertad solicita asistencia médica cuando se siente muy mal, en varias ocasiones la atención no llega sino hasta el día siguiente.

A ello se suma una cirugía pendiente desde hace diez años por una hernia de gran tamaño. Su familia señala que, pese a haber ganado dos recursos de amparo para garantizar la atención médica, las citas se han perdido porque el centro penitenciario no realiza los traslados a tiempo.

Según los reportes médicos, la hernia presenta zonas con gangrena. Aun así, denuncian que en ocasiones tiene que dormir en el suelo o sobre cajones y sin colchón.

Obligación del Estado

El abogado penalista Gerardo Huertas recordó que la única restricción derivada de una condena es la pérdida de la libertad. El Estado mantiene la obligación de garantizar los demás derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, entre ellos el acceso a la salud.

Implica asegurar valoraciones médicas oportunas, traslados cuando sean necesarios y una alimentación adecuada para quienes padecen enfermedades que requieren dietas especiales.

Huertas sostiene que es frecuente que los privados de libertad pierdan citas médicas porque no son trasladados a tiempo o porque el sistema no cuenta con suficiente personal para realizar esos desplazamientos.

A su criterio, las recientes medidas adoptadas por el gobierno agravaron la situación al impedir que las familias cubrieran necesidades que el sistema penitenciario no logra atender. Considera que esto no solo afecta la salud de los internos, sino también el propósito de rehabilitación de la pena.

Las denuncias no son aisladas

Katherine Ortiz asegura que su familiar, quien lleva casi 14 años privado de libertad, comenzó a presentar problemas de salud durante 2025.

La familia solicitó atención médica en repetidas ocasiones debido a un soplo en el corazón que tiene, sin embargo el centro penitenciario se la negaba.

Ante el deterioro de su condición y la negativa del centro de atenderlo, Ortiz costeó una consulta médica privada. El centro de salud gestionó el trámite para atender al paciente, pero, según relata, en el centro penitenciario le negaron la salida bajo el argumento de que la atención debía brindarse dentro de la cárcel.

De nuevo, insistió para que fuera valorado por el servicio médico del centro penal hasta que al fin lo valoraron y le indicaron que se encontraba bien.

Con el paso de los meses comenzó a perder peso de forma acelerada, presentó dificultades para comer y dormir y mostraba signos de que estaba empeorando.

Luego de que Katherine peleara y exigiera, finalmente fue trasladado de emergencia a un hospital, donde le diagnosticaron tuberculosis, anemia y desnutrición.

Katherine afirma que la médica tratante del hospital ordenó una dieta reforzada, pero esta nunca se aplicó en el centro penitenciario.

Recientemente el hombre fue trasladado a otro centro penal. Actualmente, la familia asegura que siguen sin proporcionarle la dieta porque ambos establecimientos atribuyen la responsabilidad al otro.

Para Katherine, el sistema no solo falló en brindar la atención mínima que requería su familiar, sino que además le impidió a la familia buscar alternativas para atenderlo por sus propios medios.

Denuncias ante la Defensoría

Las quejas por omisiones en la atención médica dentro del sistema penitenciario son constantes.

De acuerdo con datos de la Defensoría de los Habitantes, durante 2025 la institución recibió 2.681 denuncias relacionadas con este tema. En lo que va del año 2026 ya contabilizaba otras 1.350.

En materia de alimentación, la Defensoría informó que las denuncias surgieron tras la implementación del Circuito de Alta Contención en el Sistema Penitenciario Nacional, en 2025, una medida impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves.

A ellas se sumaron las relacionadas con la restricción para ingresar alimentos, vigente desde junio de 2026 e implementada por la administración de Laura Fernández.

De acuerdo con la Defensoría, las personas denunciantes reportan pérdida de peso, insuficiencia de alimentos y largos periodos de ayuno, debido a que la cena se sirve entre las 3:30 p. m. y las 4:00 p. m., mientras que el siguiente tiempo de comida corresponde al desayuno del día siguiente.

Durante este año la Defensoría ha recibido 17 denuncias relacionadas con la alimentación, por lo que recientemente abrió una investigación de oficio sobre el tema.

La investigación pretende determinar el criterio técnico y nutricional utilizado para definir la ingesta calórica de la población penitenciaria, verificar si las porciones responden a las necesidades energéticas según la edad y condición de los privados de libertad, y establecer si existe presupone suficiente para garantizar el abastecimiento de alimentos durante todo el año.