Auditoría pide enviar a cobro judicial millonaria deuda de la Desaf con la CCSS
Edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) mantiene una deuda de ¢8.107 mil millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, ante el agotamiento de la vía administrativa, la auditoría de la entidad ya recomendó elevarla a cobro judicial.
La deuda es por gastos administrativos de recaudación y manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) acumulados entre 2014 y 2025. La cifra fue certificada por la Dirección Financiero Contable de la CCSS mediante una resolución administrativa emitida en agosto de 2025.
Cambio desde 2020
La Auditoría advirtió que el comportamiento de pago de la Desaf cambió desde setiembre de 2020. Hasta antes de ese periodo, la entidad cancelaba de forma regular los montos facturados por la Caja, con diferencias mínimas o ajustes menores.
Sin embargo, desde entonces comenzaron pagos parciales y una acumulación progresiva de saldos pendientes.
El informe indica que, en los últimos años, la Desaf ha tendido a pagar montos fijos inferiores a lo facturado, aun cuando aumentan la recaudación mensual y los costos administrativos asumidos por la Caja.
La disputa gira en torno al cobro de una comisión por la administración de recursos del Fodesaf.
Desde 2007 existe un convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la CCSS. Ese acuerdo establece que la Caja realiza labores de empadronamiento, facturación, recaudación, gestión cobratoria y otros servicios administrativos relacionados con el fondo social. A cambio, la Desaf debe pagar una comisión sobre los recursos recaudados.
El convenio fijó inicialmente un cobro de 0,91%, pero desde julio de 2007 la comisión se estableció en 0,98% de la recaudación mensual, según un acuerdo de Junta Directiva de la Caja. Además, la Desaf se comprometió a tramitar el pago dentro de cinco días hábiles después de recibir la solicitud mensual de cobro.
Servicios se mantienen
La Auditoría sostiene que la Caja ha continuado brindando estos servicios de manera ininterrumpida y ha realizado las gestiones de cobro de forma periódica. También afirma que las áreas técnicas han facturado mensualmente el gasto administrativo, registrando los montos pendientes y dando seguimiento a las deudas.
La posición de la CCSS se fortaleció en abril de 2025, cuando la Dirección Jurídica institucional concluyó que la Desaf está legalmente obligada a cancelar la totalidad de los gastos administrativos derivados de los servicios prestados por la Caja. Ese criterio también estableció que, ante el no pago íntegro y oportuno, procede tanto el cobro administrativo como el judicial.
Posteriormente, Mónica Taylor, presidencia ejecutiva, comunicó formalmente ese criterio a la Desaf en mayo de 2025. La intención fue unificar la posición institucional sobre la obligatoriedad del pago.
El informe recuerda que al cierre de febrero de 2025 la deuda ya alcanzaba ¢7.680 millones. Además, la Caja señaló a la Desaf por no definir ni implementar un mecanismo para asumir su propio proceso contable, pese a compromisos previos establecidos mediante una adenda firmada en 2022.
A pesar de la resolución administrativa que certificó la deuda, la CCSS continuó enviando facturas mensuales.
Por ejemplo, en febrero de este año la Dirección Financiero Contable gestionó el cobro correspondiente a diciembre de 2025 por ¢434 millones, monto calculado con base en el 0,98% de la recaudación mensual. La Caja advirtió entonces que no puede financiar con recursos propios actividades ajenas a los seguros sociales, debido a lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política.
La Desaf, sin embargo, rechazó el cobro.
Cuestionamientos de la Desaf
En un oficio enviado en marzo de 2026, esa entidad cuestionó tanto el porcentaje aplicado como la base de cálculo utilizada por la Caja. También alegó limitaciones presupuestarias y sostuvo que su presupuesto depende de montos aprobados por la Asamblea Legislativa y girados por el Ministerio de Hacienda.
La entidad afirmó además que no cancelará montos adicionales a los autorizados presupuestariamente y rechazó cualquier registro contable sustentado en el cobro remitido por la CCSS.
En ese caso particular, informó que transfirió poco más de ¢371 millones correspondientes a diciembre de 2025, una cifra inferior a la reclamada por la Caja.
El conflicto también quedó reflejado en un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) emitido en abril de 2025 sobre la liquidación presupuestaria del MTSS.
En ese informe, el órgano contralor emitió una opinión adversa y señaló una diferencia de ¢1.364 millones entre lo facturado por la CCSS y lo efectivamente pagado por Fodesaf por el servicio de recaudación y administración de planillas a través del Sicere. Mientras la Caja aplicó el 0,98% establecido en el convenio, la Desaf respaldó sus pagos con un límite de 0,5% previsto en la Ley 5662.
Ante este panorama, la Auditoría Interna considera preocupante la acumulación sostenida de deuda y alertó sobre el riesgo de que la Caja termine financiando actividades ajenas a los seguros sociales con recursos propios.
También advirtió sobre la posibilidad de que se repitan esquemas de obligaciones no recuperadas oportunamente, como ha ocurrido con deudas estatales.
Por eso, el órgano fiscalizador concluyó que la administración de la CCSS debe valorar "de manera oportuna y responsable" el inicio de un cobro judicial, al considerar agotada la vía administrativa y expresa la negativa de pago por parte de la Desaf.