Cámara de la Construcción considera inconveniente que tren eléctrico se tramite sin reglas de Contraloría
La Cámara de la Construcción considera que es inconveniente que el tren eléctrico se tramite bajo las reglas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y sin la intervención directa de la Contraloría General de la República (CGR).
El proyecto estipula que las contrataciones requeridas que se vayan a hacer con fondos del préstamo utilicen las normas de esa entidad multilateral, una de las que aportará recursos para la obra. Además, las contrataciones con dinero estatal se harían bajo la modalidad de licitación reducida.
La organización sostiene que las contrataciones deben seguir los procedimientos ordinarios, pues se genera confusión al usar diferentes esquemas, según el criterio expuesto por Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios este martes 14 de abril.
Uno de los inconvenientes señalados es que la licitación reducida limita la recepción de ofertas y la participación de posibles interesados. Murillo también precisó que este mecanismo está diseñado para contratos de hasta ₡174 millones.
Este esquema tiene algunas diferencias con respecto al de una licitación mayor que se usa en proyectos de gran escala. En la licitación reducida el plazo para recepción de ofertas va de tres a cinco días, mientras en la mayor es de 15; en la reducida el acto final se declara en un periodo de 10 días, cuando en la mayor el tiempo es de 30.
La Cámara es escéptica de que la escogencia de las reglas BCIE y la licitación reducida ayudará a mejorar los tiempos de ejecución del proyecto, pues indicó que los atrasos más comunes en proyectos de infraestructura se deben más a la falta de cumplimiento de etapas previas que a los procesos de contratación.
Aún así, Murillo enfatizó en que las garantías de control tienen carácter constitucionales y que el ente contralor tiene la potestad de fiscalizar ejerciendo su función.
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) también advirtió la semana anterior ante esa misma Comisión sobre esta disposición del contrato. La principal preocupación de esa entidad es que en una licitación reducida los recursos se presentan ante las instituciones que desarrollan el proyecto y no ante la CGR.
Para el CFIA, esa condición va en contra de las salvaguardas administrativas, pues deja la resolución de controversias del proceso en manos del Ejecutivo.
CR Hoy consultó al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) sobre este tema, pero se está a la espera de respuesta.