Día clave: Corte tiene en sus manos discusión de reforma fiscal
Texto, aprobado en primer debate, será sometido a discusión entre magistrados
Fiel a la costumbre del último año, la Corte Plena vuelve a estar con todos los reflectores encima.
La atención no tiene que ver con un posible caso de corrupción o irregularidades cometidas por altos miembros de ese poder de la República, como ha sido lo habitual, sino con la aprobación del proyecto legislativo más polémico de los últimos años: la reforma fiscal contemplada en el expediente 20.580 (aprobada ya en primer debate).
Como todos los caminos conducen a la Corte Suprema de Justicia, este martes los magistrados tienen previsto discutir una consulta planteada por la Asamblea Legislativa sobre el plan de reforma fiscal.
Es, hasta este momento, el escollo más trascendental que enfrenta el proyecto y que –sin duda alguna- irá muy de la mano con el rumbo que tomen las posteriores consultas ante la Sala Constitucional.
¿Por qué? En caso de que los magistrados consideren –de manera unánime o por mayoría- que el proyecto fiscal afecta su funcionamiento y así sea indispensable que 38 legisladores aprueben el texto, la Sala Constitucional tendrá que aclarar -luego- si hubo vicios de procedimiento que –en caso de determinarse- obligarían a regresar el proyecto a primer debate para someterse de nuevo votación con el requisito de 38 votos para ser avalado.
De igual forma, si más de 10 diputados se unen y firman una petición podrían solicitar a la Sala Constitucional resolver posibles inconstitucionalidades del proyecto.
No puede ser una consulta genérica o general para que los magistrados revisen todo el proyecto. Más bien, se requieren planteamientos sobre dudas concretas que tengan los legisladores ante posibles vicios de constitucionalidad.
La discusión llega sazonada con un ingrediente extra: una opinión jurídica no vinculante, dictada por el Poder Judicial a petición del presidente Fernando Cruz, señala que el proyecto sí influye en el funcionamiento de la institución y subraya que -particularmente- una incidencia en los salarios.
"El Poder Judicial en materia de empleo público posee potestades de autogobierno y consecuentemente sus políticas y lineamientos no están supeditadas a las de otro Poder de la República, lo que cambiaría radicalmente de ser aprobado en definitiva el proyecto de ley de análisis", cita el documento.
El jerarca Cruz, meses atrás, externó inquietudes sobre los topes salariales que impondrá la reforma fiscal en los funcionarios judiciales.
Incluso, la semana anterior, el presidente judicial señaló a este medio que en el pasado consideró inconstitucional la tramitación de proyectos de ley a través de la denominada vía rápida (conocida como 208 bis).
Esto, según dijo, no es motivo suficiente para eventualmente inhibirse en la discusión de la respuesta que se le dé al texto (tramitado por vía rápida).
Para Cruz, el proyecto tuvo que ser puesto en consulta del Poder Judicial antes de ser aprobado en primer debate.
Sindicatos anuncian movimientos
Sabedores de lo que se juega el martes, gremios sindicales convocaron a sus militantes a acercarse a las inmediaciones del edificio central de la Corte desde horas tempranas.
Así lo hicieron, por ejemplo, el Frente Gremial del Poder Judicial y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
"Defenderemos no solo la independencia judicial, sino el derecho del país a tener una reforma fiscal más justa", apuntaron los gremios judiciales.
Mientras, para la ANEP no es una ‘cita cualquiera'. Agruparse en las cercanías del corazón del Poder Judicial tiene como fin ‘vigilar' lo que resolverán los magistrados.
Mientras todo esto se dilucida, el gobierno de la República y los diputados que acuerpan la iniciativa esperan que el texto quede aprobado en segundo debate antes de que finalice este año.