Diputados apuran proyecto para limitar incentivos salariales

Normativa pone en la mira a 6 pluses en el sector público

Sandra Piszk

Diputada Sandra Piszk: "Proyecto no elimina incentivos". (Foto de su Facebook)

Las presiones sindicales no detienen a los diputados que impulsan reformas legales para restringir el pago de remuneraciones adicionales al salario en el sector público.

Los legisladores acogieron el miércoles un nuevo texto que busca poner límites al pago de 6 incentivos: dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidad y zonaje.

Con ello, la propuesta pasará a su debate en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde deberá ser sometida a votación para su dictamen y luego se vería en el plenario.

Si el pleno aprueba las reformas, aplicaría para los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), instituciones autónomas y semiautónomas, así como municipalidades.

Pero no incluiría a empleados de los bancos públicos, entes públicos no estatales, empresas públicas que operen en competencia, servidores que reciban salario único, docentes del Ministerio de Educación Pública y funcionarios de los cuerpos policiales.

Los cambios a 5 de los 6 pluses los puede ver en la siguiente tabla.

Tipo de remuneración Escenario actual Escenario propuesto
Dedicación exclusiva Administración no justifica la necesidad institucional. Administración tendrá que demostrarlo.
Prórroga se hace sin que la administración determine su necesidad. Administración deberá determinar la necesidad.
Se paga 20% sobre el salario base para bachiller y 55% para licenciados o posgrados. Se mantendrá igual.
Contrato no tiene límite. Contrato no podrá exceder 5 años.
Anualidad  Se paga 1.94% (piso) y 2.56% (techo) en Gobierno Central. En el resto del sector público va de 3% a 70%. Se unificarían porcentajes de 1.94% a 2.56% en todas las instituciones.
Se paga sin importar si el empleado obtuvo calificación de "bueno", "muy bueno" o "excelente". Solo se pagaría 1.94% a quienes obtengan "muy bueno" y 2.56% a quienes alcancen "excelente".
Se le reconoce a los jerarcas. No se les reconocerá.
Aplica para calificación mínima de "bueno". Aplicará para calificación mínima de "muy bueno".
 Prohibición Se paga a puestos no profesionales. El beneficiario deberá demostrar que puede hacer ejercicio pleno de su profesión.
Existen distintos montos en varias leyes, decretos y resoluciones, que van de 20% a 85%. Reforma y deroga leyes para unificar montos: 25% para bachiller y 60% para licenciatura o superior.
  Otorga beneficio a profesionales y no profesionales. Deroga esta ley.
 Carrera profesional No existen criterios para aplicar incentivo. Solo se pagará a funcionarios en jornada superior a medio tiempo.
Se reconocen más de 8 factores para su pago. Solo se reconocerán 4 factores.
  Cada institución lo regula. Contraloría y Servicio Civil reglamentarán aplicación.
 Disponibilidad Va de 5% a 70% sobre el salario base. No se requiere contrato. El máximo a reconocer será de 35% sobre el salario base. Se debe firmar contrato.
Albino Vargas. Archivo.

El sindicalista Albino Vargas pide enterrar la iniciativa. (CRH)

En el nuevo texto, se establece que no proceden los pagos por discrecionalidad y confidencialidad.

Según un análisis de la Contraloría General de la República, los incentivos salariales consumirán el 42,5% de los ¢2,5 billones que el Gobierno Central gastará en remuneraciones en el 2017.

En promedio, por cada colón presupuestado para remuneraciones básicas, se estima pagar ¢1,07 en pluses, de acuerdo con el informe.

Solo para el pago del incentivo por prohibición se presupuestaron ¢62 mil millones.

¿Qué más afecta?

plenario (2)

El plenario tendría que discutir y votar las reformas. (CRH)

La iniciativa también incluye las siguientes reformas:

  • Prohíbe el pago de prohibición y dedicación exclusiva a un mismo funcionario.
  • Limita los salarios de los jerarcas a ¢5 millones mensuales aproximadamente.
  • La cesantía se regulará de acuerdo con el Código de Trabajo, con un tope de 8 años para todo el sector público. Pero establece un tope máximo de 20 años para respetar derechos adquiridos.
  • El plazo de vigencia de las convenciones colectivas será de 1 a 5 años.

Las reformas regirían 12 meses después de su publicación en La Gaceta.

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