Empresarios se manifiestan ante freno de permisos para tala masiva por proyecto hotelero en Papagayo
La Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (Asopapagayo) emitió un comunicado de prensa en el que manifestó su "profunda preocupación" y alertó sobre los posibles efectos de la resolución emitida por el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, quien ordenó frenar el otorgamiento de permisos de tala de árboles para proyectos hoteleros, así como la suspensión de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad.
Los empresarios y sus abogados consideran que se trata de una decisión "ilegal, abusiva" y que "se atribuye potestades que solo corresponden al pleno de la Sala". Según su versión, esta resolución genera "inseguridad jurídica, afectación de la credibilidad en las instituciones y paralización del proyecto turístico más importante, así como el que más empleo y atracción de inversión genera para Guanacaste".
"No solo se está frenando un proyecto, sino que también se está poniendo en duda la seguridad jurídica del país", afirmó Rodrigo Castro, director ejecutivo de Asopapagayo. La organización hizo un llamado urgente a rectificar la decisión.
El Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP) ha canalizado más de $2.200 millones en inversión ejecutada y mantiene cerca de $2.900 millones en desarrollo, para un total que supera los $5.100 millones. "Estas cifras reflejan la confianza sostenida de inversionistas nacionales e internacionales en la estabilidad jurídica y ambiental de Costa Rica", argumentaron.
Empleo guanacasteco en peligro
La asociación explicó que esta decisión también se refleja en el empleo. Según expusieron, entre 4.000 y 5.000 empleos directos —dependiendo de la temporada— dependen del Polo Turístico Golfo de Papagayo, junto con alrededor de 13.500 empleos indirectos en encadenamientos productivos vinculados a servicios, comercio, agricultura, pesca y transporte.
"A esto se suma la actividad constructiva, que en momentos de mayor desarrollo ha llegado a concentrar más de 5.000 trabajadores en un solo día, lo que refleja la magnitud del dinamismo económico que hoy se ve amenazado", aseguró Asopapagayo.
Los empresarios indicaron que el 90 % de la fuerza laboral del Polo es guanacasteca y que son el principal generador de empleo formal en la provincia, con incidencia en otras zonas como Liberia, Carrillo, Guardia, playa Panamá, Altos del Roble y El Triunfo.
"La paralización no está afectando solo un proyecto; está impactando un ecosistema socioeconómico completo y a comunidades enteras, a las que se les cercenan oportunidades sin ninguna alternativa real. Está en juego la credibilidad del país", detalla el comunicado de la asociación.
El freno de los permisos
El magistrado Cruz frenó los permisos el pasado 17 de abril. La decisión se tomó como medida cautelar luego de que se presentara una acción de inconstitucionalidad contra un decreto que permite la "compensación de densidad" entre fincas colindantes. Con ello, se avalaba la tala de 748 árboles en playa Panamá, Guanacaste, en un terreno propiedad del Estado.
El accionante del recurso, Sergio Ortiz, alegó que la reforma permite trasladar derechos de construcción entre fincas no colindantes, lo que podría exceder los límites de densidad permitidos por concesión.
Por su parte, su abogado, Juan Pablo Xatruch Ovares, planteó el recurso y explicó que la normativa facilitó la autorización para la tala.
Xatruch Ovares explicó a CR Hoy que el PTGP había solicitado talar 3.600 árboles, pero solo se les había autorizado 748.
Papagayo
El proyecto hotelero aseguró que son "producto de una política pública de más de 50 años, sustentada en leyes, planificación técnica y decisiones del Estado costarricense".
"Estamos hablando de un modelo que el propio Estado construyó y ha respaldado durante más de 50 años, que ha sido avalado y ratificado por la misma Sala, por lo que esta abrupta y sorpresiva decisión genera gran incertidumbre", agregó Castro.