Pastor detenido atribuye ingresos de $80 millones a contratos con piñera de dirigente de fútbol
Pastor vinculado en caso Shark.
Juan Luis Barboza Pilarte, pastor evangélico que cumple prisión preventiva como sospechoso de integrar una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico (caso Shark), justificó ingresos por $80 millones mediante contratos con una empresa piñera que pertenece a un dirigente de fútbol de San Carlos.
La defensa del pastor presentó un informe económico con transacciones bancarias ante los jueces de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) para sostener que el dinero invertido en bienes inmuebles, durante los últimos 7 años, provino de actividades legales.
En ese periodo se incluyen más de dos años de pandemia, cuando muchos negocios reportaron caídas en sus ingresos debido a cierres.
Según su abogado Mario Quesada, al menos el 95% de esos recursos son fruto de contratos con Exportaciones Norteñas, cuyo presidente es Rodrigo García Brenes, conocido como "Chino García", quien es vocal de la junta directiva de la Asociación Deportiva San Carlos desde el 6 de setiembre de 2023.
De acuerdo con la documentación, Barboza Pilarte ofrecía a Exportaciones Norteñas un servicio de subcontratación para suministrar peones a finqueros para la cosecha de piña.
"El Ministerio Público está verificando la existencia de una actividad formal que le permitía tener un nivel de vida que se dijo no era propio de sus ingresos, porque se consideró que únicamente era un pastor", explicó Quesada.
Descongelaron bienes
La Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó varias propiedades como parte del caso Shark en setiembre de 2024.
Se trata de una causa penal abierta contra 12 personas por presunto lavado de dinero proveniente del narco en distintos negocios. Su líder es el extraditable Alexi Meléndez León, alias Volvo o Comando, un colombiano nacionalizado costarricense.
Alias Volvo, líder del caso Shark
En ese momento, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales solicitó al Juzgado Penal de San Carlos la inmovilización administrativa de bienes y productos financieros vinculados a Exportaciones del Norte.
El juez acogió la solicitud y ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) impedir cualquier movimiento. Además, prohibió cambios en juntas directivas, representación legal, venta de acciones o bienes de las sociedades relacionadas.
Sin embargo, recientemente los jueces levantaron la medida cautelar y liberaron fondos y bienes por más de $5 millones, que permanecieron inmovilizados durante más de 14 meses.
John Allen, abogado de Rodrigo García, confirmó la decisión del despacho judicial y aseguró que nunca existió prueba para sostener que la compañía tuviera relación con el supuesto lavado de activos ni con las personas requeridas por Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.
"Aportamos documentación que demuestra que Exportaciones Norteñas exporta alrededor de 124 contenedores semanales y nunca ha tenido una sola alerta por contaminación de droga", afirmó Allen.
El abogado indicó que estos elementos permitieron a la Fiscalía establecer que no existía una relación directa entre la compañía y el caso en el que se investiga el presunto lavado de dinero.
"Demostramos que las operaciones son lo suficientemente grandes como para no requerir legitimar ingresos de narcotráfico. Al parecer, hay personas que sí están vinculadas, con las que Juan Luis tuvo contactos telefónicos y relación contractual. Se intentó relacionar a Exportaciones Norteñas porque aducían que Juan Luis tenía participación accionaria, pero eso se desacreditó", concluyó.
Medidas diferenciadas para pastor
La semana pasada, el Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada dictó seis meses más de prisión preventiva a varios imputados del caso. Al pastor, en cambio, se le amplió la medida por tres meses.
El Ministerio Público no se opuso y ahora la defensa deberá aclarar si los peones que contrataba estaban asegurados ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), siendo este el motivo que sostiene al imputado tras las rejas.
Quesada añadió que el Banco de Costa Rica (BCR) remitió un oficio a la Fiscalía de Legitimación de Capitales en el que asegura que cumple con la normativa vigente en prevención de lavado de dinero, en el marco de la causa penal seguida contra Meléndez León, Barboza Pilarte y otros imputados.
Por este caso, dos gerentes de la entidad fueron detenidos como sospechosos de colaborar con la organización, principalmente con el pastor.
Gerente del BCR detenido por caso Shark
El banco indicó que aplicó las políticas de "conozca a su cliente" sin delegar esa función a terceros, como parte de sus controles para detectar operaciones sospechosas.
Según la investigación judicial, el pastor figura como una pieza clave dentro del esquema, ya que presuntamente habría utilizado su condición religiosa y actividades vinculadas a la iglesia para dar apariencia de legalidad a los fondos.
Incluso, el expediente señala que parte del dinero ilícito se registraba como ingresos de la congregación, mientras que la organización también mantiene posibles vínculos con redes internacionales como el Clan del Golfo por medio de Comando.