Exdirectivo de BCR denuncia que sufrió intimidación de Gobierno de Solís por denunciar el cementazo

Junto a Mónica Segnini, se encontraron una barrera para investigar el crédito

29 de Abr. 2019 | 10:34 am

(CRHoy.com)- El exdirectivo del Banco de Costa Rica (BCR) Francisco Molina denunció esta mañana ante los diputados que sufrió intimidación por parte del gobierno de Luis Guillermo Solís tras denunciar el caso del cementazo.

Las declaraciones las dio en la comisión que analiza el informe de la Procuraduría General de la República sobre el caso.

Tanto a Molina como a Mónica Segnini – también exdirectiva- se les advirtió que, si continuaban realizando denuncias por este caso, iban a ser remitidos al Ministerio Público, según declaraciones de Molina.

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Molina aseguró que no fue llamado a la PEP para brindar sus declaraciones sobre este tema. La Procuraduría tardó solamente dos meses en la investigación contra el expresidente Solís, quien develó su retrato en el Salón de Expresidentes de la República en la Asamblea Legislativa, en medio de cuestionamientos.

El exdirectivo recordó que todos los miembros de la Junta fueron llamados a Casa Presidencial para pedirles que se "portaran bien y no pelearan por este caso del cemento chino", en palabras del exdirectivo.

Dentro del órgano había divisiones, principalmente con Paola Mora y Mario Barrenechea, a quienes catalogó como los principales interlocutores con Zapote, además de Gustavo Arias y Ronald Solís, cercanos al exjefe de Estado.

El lunes anterior en esta misma comisión Legislativa, Segnini reveló no haber sido escuchada por el exmandatario para dar detalles de todo lo que sucedía en relación con la Junta y el crédito para el empresario Juan Carlos Bolaños.

Tres días después, Solís evitó responsabilidades y más bien cuestionó a los exmiembros de Junta por denunciar hechos gravísimos casi un año y medio después.

Ante esto, Molina defendió que hicieron todo lo que le era posible, precisamente por esas luchas internas.

La Junta Directiva comenzó a realizar investigaciones por el crédito de $30 millones a inicios del año 2017. Molina y Segnini fueron los que no quitaron de vista el manejo de ese dinero para Bolaños, frente a una barrera realizada por los mismos miembros de la directiva.

Ambos exdirectivos fueron suspendidos y posteriormente destituidos de sus cargos por Solís, en medio del boom por el cementazo.

En ese foro se investiga por qué esa institución notificó a la Asamblea Legislativa sobre el informe, en un lapso donde el primer poder de la República se encontraba en transición, entre la salida de diputados del período anterior y los actuales, por lo que los diputados no tuvieron acceso a tiempo.

Esa notificación contenía un documento donde aseguraba que Solís no cometió faltas de probidad por el cemento chino y nadie pudo refutar esa decisión de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), precisamente porque no conocieron a tiempo esa notificación y el plazo se venció.

 

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