Exjuez, abogados y otros imputados del caso Madre Patria quedan en libertad 

11 de Ago. 2026 | 12:08 pm

El Tribunal Penal de Goicoechea rechazó este martes una solicitud de la Fiscalía para extender la prisión preventiva de 17 sospechosos del megacaso de fraudes registrales y lavado de dinero denominado Madre Patria.

Con la decisión, el exjuez Luis Venegas, los empresarios españoles Fernando Gómez y Unai León, los abogados Jonathan Chaves y Danilo Loaiza, así como el resto de los sospechosos, quedaron en libertad.

El voto fue emitido a las 10:50 p. m. de este martes. La resolución completa aún está en proceso de redacción, por lo que se desconocen las razones por las cuales el juez Daniel Masís rechazó la petición de la Fiscalía.

Hace tan solo tres semanas, el Tribunal Penal de San José había anulado la libertad de 18 imputados clave y ordenó su recaptura inmediata para que cumplieran prisión preventiva.

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada (Fadeo) logró revertir una polémica medida judicial impuesta en febrero de 2026, mediante la cual se había sustituido la prisión preventiva por medidas cautelares alternativas, bajo el argumento de que no existía riesgo de fuga.

El juzgado dictó inicialmente una extensión de 11 días de prisión preventiva mientras se definía el futuro jurídico de los imputados, pero con la nueva resolución estos quedaron en libertad.

El caso Madre Patria estalló formalmente en junio de 2024, tras la ejecución de 47 allanamientos simultáneos por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La red criminal es procesada por fraude registral, estafa mayor, legitimación de capitales (lavado de dinero), falsedad ideológica y cohecho.

El grupo se dedicaba al robo y despojo de propiedades de alto valor mediante la adulteración de firmas y la falsificación de escrituras ante el Registro Nacional. Las autoridades decomisaron más de 35 vehículos de lujo e inmovilizaron 13 propiedades de gran valor, incluido un condominio en Guanacaste valorado en $34 millones.

El expediente involucra a ocho abogados y notarios, exjueces, oficiales de la Policía de Tránsito y exjerarcas del Consejo de Transporte Público (CTP).

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