Fiscalía Ambiental inspeccionó zonas con supuestos daños ambientales en Puerto Jiménez
La Fiscalía Ambiental y personal del Sinac inspeccionaron algunos canales y manglares.
En la visita también participaron personal del Sinac y de la Fuerza Pública. Las zonas revisadas fueron: playa Amapola, playa Blanca, el Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares y Terrón de Agujas. En estos lugares, el Ministerio Público investiga los delitos de daños al patrimonio natural del Estado, invasión a la zona marítimo-terrestre y manglares.
Este medio consultó al Sinac sobre las diligencias en conjunto con la Fiscalía, pero al cierre de esta información no hubo respuesta al correo enviado desde la semana pasada.
Los casos
Un trabajo de CR Hoy documentó las intervenciones denunciadas por los vecinos en la zona e investigadas por las autoridades.
En Playa Blanca, Amapola, Aguja, Preciosa y Carate, precaristas construyeron ranchos de zinc y madera, tanto en fincas privadas como en zonas protegidas, provocando daños ambientales y apropiándose de la zona.
Los vecinos han sido víctimas de amenazas y ataques a balazos cuando llegan a reclamar sus propiedades y a pedir el desalojo.
De acuerdo con los testimonios, este movimiento está vinculado con grupos narco, que aprovechan la zona marítima para el trasiego de droga.
Imágenes aéreas obtenidas por este medio muestran varias construcciones dentro de áreas boscosas, muy cerca del río Platanares, así como intervenciones en manglares donde se cortó vegetación.
Miembros de una familia, de apellido Gardela, son investigados por daños ambientales dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Preciosa-Platanares y en el sector conocido como Terrón de Agujas.
Según confirmó el fiscal ambiental, Luis Diego Hernández, ya existen informes incorporados al expediente judicial e incluso se ha planteado un desalojo en estas zonas.
Un patrón, dice la fiscalía
Hernández advirtió que lo que ocurre en Puerto Jiménez responde a un patrón mucho más estructurado. Se ha identificado una ocupación sistemática en manglares, bosques y áreas silvestres protegidas.
Estas acciones no solo generan un grave impacto ambiental, sino que además facilitan otras actividades ilícitas como el narcotráfico, que se aprovecha de la compleja geografía de la zona.
"Estos territorios pueden ser utilizados como rutas o puntos logísticos para el trasiego de drogas, debido a sus canales naturales. Además, quienes ocupan estos espacios pueden terminar funcionando como apoyo o 'campanas' para grupos criminales", advirtió el fiscal.
La incursión en la zona también contó con la participación de la Fuerza Pública y el Sinac.
El funcionario también alertó sobre un cambio en la dinámica del delito ambiental, ahora con mayor organización y presión sobre las autoridades.
Según indicó, se han presentado denuncias por amenazas, intimidaciones y presiones contra funcionarios, con el fin de frenar investigaciones o evitar reportes de irregularidades.
Incluso, se han registrado traslados de personal que era activo en estos casos, lo que calificó como un retroceso en el control de estas zonas.
La situación ha escalado a tal punto que el fiscal ambiental de Osa tuvo que ser retirado del área por amenazas, mientras que dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) fueron incorporados al programa de protección a víctimas y testigos y trasladados a otros puestos.
Para la Fiscalía, todos estos elementos apuntan a un "modo de operar" de grupos que buscan consolidar su presencia en territorios estratégicos, aprovechando tanto la riqueza ambiental como las debilidades en el control estatal.