Fiscalía consigue congelar caso PetroCoke contra Macho Coca para agilizar extradición
El Juzgado Penal de Limón avaló la solicitud de la Fiscalía de suspender la causa penal por robo agravado de combustible que enfrenta Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, con el fin de detener temporalmente la tramitación del expediente en Costa Rica y acelerar su extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos de narcotráfico.
La causa, conocida como PetroCoke, constituía un obstáculo para concretar la entrega, ya que la extradición autorizada es diferida; es decir, no puede ejecutarse hasta que todos los procesos penales pendientes en Costa Rica hayan sido resueltos.
Con la suspensión del expediente, queda despejado el camino para entregar a Macho Coca a las autoridades estadounidenses. Posteriormente, será puesto a las órdenes de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentará el proceso judicial en su contra.
Ahora solo resta que el país norteamericano presente una serie de garantías, en las que se comprometa a no imponer la pena de muerte, no exceder la pena máxima establecida en Costa Rica, que es de 50 años de prisión, juzgarlo únicamente por los delitos de narcotráfico incluidos en la solicitud de extradición autorizada y reconocer y computar el tiempo que permaneció en prisión preventiva en Costa Rica como parte de una eventual condena.
El caso "Petro Coca" (también llamado "Petro Coke") fue una investigación penal en Costa Rica contra una presunta organización criminal dedicada al robo masivo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
El grupo extraía combustible de forma ilegal directamente de los poliductos del Estado. De acuerdo con el OIJ, la organización generaba ingresos ilícitos de hasta ₡400 millones mensuales por la venta de este combustible robado.
Utilizaban planteles, predios y vehículos pesados en la provincia de Limón para almacenar y distribuir el hidrocarburo de manera ilegal y, en apariencia, el extraditable conducía la operación.
Estados Unidos requiere a Bell Fernández, por presuntamente liderar una estructura criminal dedicada al acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína hacia ese país.
Según las autoridades, Bell coordinaba operaciones logísticas de narcotráfico a gran escala. Los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido principalmente entre marzo de 2022 y agosto de 2023.
La solicitud formal de extradición incorpora evidencia recopilada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con las investigaciones, la agencia infiltró agentes encubiertos y obtuvo grabaciones de audio y video en las que Bell supuestamente se comprometía a enviar un cargamento de 700 kilogramos de cocaína a Nueva York.
