Forense en huelga de hambre pide salida de magistrados

Marisel Fernández, médico forense del Poder Judicial, inició desde este lunes una huelga de hambre para solicitar la salida de los magistrados de la Sala Tercera.Fernández, funcionaria destacada en el complejo de ciencias forenses en San Joaquín de Flores, se situó en las afueras del Primer Circuito Judicial de San José, donde sesiona la Corte Plena, con un cartel y una bandera de Costa Rica.En concreto, para urgir la salida de Doris Arias, Jesús Ramírez y María Elena Gómez."Huelga de hambre por la destitución de los magistrados. Exigimos probidad", apuntó Fernández.Su rostro no es ajeno, pues fue una de las caras más conocidas de la huelga judicial desarrollada a mediados del año pasado en procura de luchar contra cambios en el régimen de pensiones.La especialista se apersonó al lugar desde horas de la mañana. Sin embargo, esta tarde algunos miembros de frentes gremiales del Poder Judicial le ayudarían a instalar un toldo en las afueras para mantener la manifestación.El descontento se agravó luego de que trascendiera que Carlos Chinchilla Sandí dejaba la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a partir de este lunes para acogerse a su jubilación.Esto sucede solo 5 días después de que la Corte Plena amonestara de manera escrita a los magistrados de la Sala Tercera, incluido Chinchilla, por desestimar una causa penal ligada al "cementazo" sin tomar en cuenta varios insumos aportados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

¿Cuál es este caso?

El expediente desestimado  se seguía contra los exlegisladores Víctor Morales Zapata, exdiputado independiente, Otto Guevara Guth, del Movimiento Liberario (ML) a quienes investigaban por el presunto delito de tráfico de influencias en favor de Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.En esa investigación también figuraba Walter Céspedes, exdiputado y exasesor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).Tras una desestimación firmada en enero de 2017 por Berenice Smith, exfiscala general subrogante, la Fiscalía General ordenó reabrir la causa en octubre de ese año debido a la presión mediática y popular en torno al 'cementazo'.

El tema de los estudios sobre intercambios de llamadas no es poca cosa. El 11 de octubre del año pasado, CRHoy.com dio a conocer que el análisis criminal de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, tomado por los magistrados simplemente como un indicio, identificó un flujo de 1.083 llamadas telefónicas entre el importador del cemento chino y los exdiputados.Por estas polémicas desestimaciones, los magistrados también enfrentan un proceso penal en la Fiscalía General.