Ley de empleo público es incoherente, advierte la Contraloría
(CRHoy.com).-La Contraloría General de la República (CGR) calificó de incoherente la Ley Marco de Empleo Público, en el análisis que realizó del proyecto, señalando que una iniciativa que pretende la aplicación unificada de normas establezca al mismo tiempo un conjunto de subregímenes con reglas diferenciadas y además sin una base jurídica ni técnica.
Los señalamientos del ente contralor, que estuvo a cargo de la División Jurídica, fueron comunicados al Departamento de Comisiones Legislativas, el 30 de agosto pasado.
La CGR señala que dicha ley pretende crear en el Capítulo IV "Organización del Trabajo", unos denominados "Subregímenes de enmpleo público", los cuales "se crean al reconocer las particularidades de los bienes y servicios que el Estado brinda y las particularidades de los perfiles de los servidores públicos".
Esos subregímenes son:
- Personas servidoras públicas en general: Incluye a los servidores públicos bajo el
ámbito de aplicación del título I y del título IV del Estatuto de Servicio Civil así como a
los servidores públicos que se desempeñan en las instituciones señaladas en el
artículo 2° de la presente ley que no estén incluidas en los restantes subregímenes
de empleo público. - Personas servidoras en ciencias de la salud.
- Personas servidoras policiales.
- Personas servidoras del sistema educativo público, que se encuentran bajo el ámbito
de aplicación del título I y título II del Estatuto de Servicio Civil. - Personas servidoras de las universidades públicas.
- Personas servidoras con dependencia del Poder Judicial.
- Personas servidoras de confianza.
- Personas servidoras del Servicio Exterior.
Esto para la Contraloría es una seria inconsistencia, ya que el objetivo del proyecto es configurar un verdadero régimen jurídico de empleo público, que sea uniforme y articulado con el ordenamiento jurídico administrativo.
"Lo anterior plantea una falta de conexidad en la propuesta que impide el logro de los objetivos de estandarización en todo el sector, provocando que la atomización de regulaciones en el ordenamiento jurídico y las disposiciones dispersas, sigan propiciando cada vez más diferencias sustanciales entre las condiciones de los empleados del sector público, pues siempre existirían aspectos regulatorios relacionados con algunos sectores separados, sin la suficiente claridad que amerite conceder esas particularidades", señalaron.
Incluso la Contraloría señala que la respuesta legislativa no puede estar en la exclusión de sectores específicos, sino que deben identificarse situaciones que resulten comunes a cualquier funcionario público y enfocar la propuesta normativa. No permitir mecanismos de exclusión.
Se mantengan diferencias salariales
La Contraloría indicó que en cuanto al esquema de remuneraciones, con la normativa planteada, lo que hace es propiciar que se mantengan o acentúen las diferencias salariales significativas entre instituciones.
Esto se daría no por las particularidades de la función, que es algo que siempre existirá en las instituciones, sino precisamente por la holgura y autonomía que les da la creación de los subregímenes.
"El proyecto no establece reglas claras respecto a la implementación del salario global y solo se limita a indicar que será de aplicación obligatoria para todo nuevo servidor, y que la fijación se realizará tomando en consideración una ‘valoración cualitativa y cuantitativa de los puestos'", señaló la CGR.
Además, en cuanto a las altas jerarquías, a las cuales se les aplicaría una estratificación salarial, la Contraloría indicó que se deben revisar los criterios técnicos y metodológicos que se crearon para arribar a las categorizaciones de cargos, los cuales, al parecer, se homologarían salarialmente.
De igual forma la CGR hizo varias observaciones sobre otros artículos de dicha ley:
Artículo 3. Principios rectores: Se considera importante que se defina adecuadamente cada principio rector utilizando una buena técnica legislativa, evitando incorporar elementos o consideraciones distintas al contenido propio de cada principio o haciendo referencia a otra norma sin indicar su contenido.
Artículo 30. Incentivos por desempeño y productividad: A criterio de este Órgano Contralor, es necesario que los incentivos no monetarios por competitividad, productividad y desempeño sean definidos (al menos de forma general) en la propia ley y no por otra vía.
Artículo 33. Tope de vacaciones: Este numeral establece que para todos los efectos, el tope máximo de vacaciones anuales será de un mes, por lo que surge la duda sobre los efectos que esta disposición pueda tener sobre aquellas instituciones que tienen establecido -como límite- un número menor de días, es decir, no queda suficientemente claro si ese tope máximo a su vez constituye un deber de adecuarse a dicho parámetro o podría establecerse un número distinto de días, sin exceder la cantidad que la norma estipula.
