Luego de 2 años suspendidos y con salario, 4 funcionarios del PANI volverán a sus puestos
Luego de 2 años suspendidos y con salario, 4 funcionarios del PANI volverán a sus puestos
Luego de permanecer dos años suspendidos y con goce de salario, cuatro de los ocho funcionarios del PANI investigados por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes relacionados con menores de edad volverán a sus puestos a inicios de setiembre.
El Patronato decidió no prorrogar las medidas cautelares que pesaban sobre estos 4 funcionarios. La institución confirmó la decisión a CR Hoy en respuesta a una consulta sobre el procedimiento administrativo.
"Actualmente se mantiene en trámite el procedimiento correspondiente respecto de las ocho personas funcionarias indicadas. En cuanto a las medidas cautelares adoptadas en el marco de dicho procedimiento, estas son de carácter temporal y su vigencia es objeto de valoración individual conforme a las circunstancias de cada caso. En ese contexto, la Presidencia Ejecutiva determinó no prorrogar las medidas cautelares correspondientes a cuatro personas funcionarias", indicaron en el PANI.
Otros cuatro seguirán suspendidos
Mientras cuatro funcionarios regresarán a sus labores, los otros cuatro permanecerán suspendidos con goce de salario.
El Patronato señaló que, en estos casos, las medidas cautelares continúan vigentes.
"Es importante precisar que la finalización o continuidad de una medida cautelar no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del procedimiento ni determina responsabilidad o ausencia de responsabilidad de las personas involucradas. El procedimiento continúa en trámite respecto de las ocho personas y se encuentra pendiente la reprogramación de una audiencia", respondió el PANI.
Es decir, de acuerdo con el PANI, tanto los cuatro funcionarios que regresarán a sus puestos como los otros cuatro que continuarán suspendidos siguen vinculados al procedimiento administrativo.
El caso se mantiene abierto dos años después de que el PANI adoptara las primeras medidas cautelares.
La investigación administrativa se originó por presuntas irregularidades relacionadas con expedientes utilizados en procesos de protección de menores de edad.
Según información proporcionada por el OIJ en 2024, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2022.
En ese momento, la Policía Judicial señaló presuntas alteraciones de información contenida en expedientes y posibles irregularidades en procesos relacionados con medidas de protección y adopciones.
El entonces director general del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que, aparentemente, algunos funcionarios incorporaban información falsa en dictámenes técnicos.
"Por ejemplo, decían que las familias consumían drogas con el fin de excluir a la persona menor de edad de su núcleo familiar y trasladarla a un centro de cuido", afirmó.
La investigación penal también contempló presuntos delitos de trata de personas en la modalidad de adopción irregular, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
En agosto de 2024, el OIJ realizó seis allanamientos relacionados con el caso y detuvo a cinco personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
La causa penal y el procedimiento administrativo son procesos distintos y ninguno ha concluido con una resolución que determine responsabilidad de los funcionarios.