Magistrados califican recortes de Hacienda como parte de un “plan de cierre” del Poder Judicial
Diversos magistrados de la Corte Suprema de Justicia aseguraron que los recientes recortes al presupuesto del Poder Judicial, sumados a la falta de nombramiento de magistrados suplentes, evidencian un intento del Gobierno de debilitar e incluso tomar el control de ese poder de la República.
Las declaraciones se dieron durante la sesión de Corte Plena de este lunes y en la conferencia de prensa posterior al anuncio de que el Ministerio de Hacienda ordenó retener ₡3.053 millones correspondientes al segundo semestre de 2026. Ese monto se suma al recorte de ₡13.242 millones que ya había sufrido la institución.
La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, una de las voces más críticas del accionar del Poder Ejecutivo, recordó que el exmandatario y actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, manifestó en el pasado su intención de ampliar el control sobre el Poder Judicial.
"Dentro de los discursos políticos, en algún momento Rodrigo Chaves dijo: ‘Ya tenemos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, vamos por el Judicial'".
Según Solano, cualquier disminución del presupuesto del Poder Judicial debe ser aprobada por una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, sostuvo que la retención de recursos ordenada por Hacienda produce, en la práctica, el mismo efecto sin pasar por ese procedimiento.
La magistrada también señaló que el Congreso aún no nombra ocho magistrados suplentes de la Sala Constitucional ni tres de la Sala Tercera, vacantes desde el año pasado que, según indicó, han limitado el funcionamiento de ambas salas.
"El intento es evidente"
El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, afirmó que el proceso para debilitar al Poder Judicial ya comenzó. El fiscal general, Carlo Díaz, coincidió en que el objetivo sería controlar la institución más que cerrarla.
"En el pasado, las democracias acababan con golpes de Estado. En el presente las democracias acaban con golpes presupuestarios. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia un autoritarismo. No tengo ninguna duda", manifestó Araya.
Por su parte, la magistrada Patricia Vargas cuestionó que mientras se exige combatir la criminalidad, se reduzcan los recursos destinados a la administración de justicia.
"Tenemos que se le pide a los bomberos que apaguen el incendio, pero no nos dan la manguera y nos quitan el agua (…) Debilitar a quienes combaten la criminalidad es darle un abrazo a la criminalidad", afirmó.
El magistrado Jorge Leiva también cuestionó la decisión de Hacienda de retener los recursos sin que exista una reducción presupuestaria aprobada por el Congreso.
"Nos están obligando a ahorrar en temas donde está de por medio la seguridad y la vida de los costarricenses. Nunca un país debería ahorrar en elementos básicos de la administración de justicia", indicó.
Advierten impacto en la atención de casos
Solano sostuvo que existe una contradicción entre el discurso del Gobierno, que exige combatir la mora judicial y la criminalidad, y la reducción de recursos para cumplir esas funciones. Agregó que el Poder Judicial ya enfrenta la posibilidad de una rebaja cercana a los ₡26.000 millones.
Entre las consecuencias mencionó la falta de recursos para cubrir pasajes y viáticos de víctimas de escasos recursos que deben asistir a audiencias, así como limitaciones para que médicos forenses y trabajadores sociales realicen inspecciones y peritajes en distintas comunidades.
También advirtió que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) podría enfrentar dificultades para financiar combustible y otras necesidades logísticas relacionadas con el levantamiento de cuerpos y la atención de escenas del crimen.
Finalmente, Solano afirmó que los resultados obtenidos en la lucha contra el crimen organizado, incluida la reducción del número de organizaciones criminales investigadas y la disminución de homicidios, podrían verse comprometidos si continúan los recortes. Añadió que la falta de recursos también impediría ejecutar reparaciones y dar mantenimiento a la infraestructura judicial.