Mideplan a sindicatos: Analizaremos sus objeciones, pero ley de empleo público va

La ministra de Mideplan, Laura Fernández. (Foto: cortesía)

(CRHoy.com) El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) realizó este lunes una "mesa de escucha" con representantes de sindicatos en torno a la Ley Marco de Empleo Público, que entrará en vigencia en marzo del 2023.

La ministra de Mideplan, Laura Fernández, explicó a los medios, que abrieron un espacio de diálogo para escuchar las inquietudes que se puedan tener, con el fin de mejorar el reglamento que se tiene que confeccionar.

La jerarca recordó que la principal negociación de esta norma ya se hizo en la Asamblea Legislativa, y lo que el Gobierno tiene es una ley aprobada y que debe ser reglamentada e implementada y en ese proceso se quiere escuchar dónde están las dudas para "balancear la cancha", pero dejando claro que la ley va porque va.

"En este proceso corresponde atender a todas las partes, cumplir una norma, y mi estilo de gestión es primero escuchar las dudas para que el ejercicio venga lo más revestido de seguridad jurídica", apuntó.

Fernández recordó que si bien el Gobierno tiene respeto por la posición y preocupaciones de estos sectores sindicales, ella tiene una tarea mayor que va en favor de todo el resto del país.

En la silla que estoy sentada tengo un fin mayor, que es defender los intereses de los costarricenses, no es defender a uno o al otro, sino buscar equilibrios y aplicar cabalmente la ley, afirmó.

"Lo que yo tengo que hacer en el marco del Estado de Derecho es cumplir la ley, y es la que está vigente y a eso nos vamos a enfocar, aunque cumplir la ley no significa que lo tengamos que hacer de espaldas a los sectores que forman parte del empleo público del país", agregó.

Fernández dijo que lleva material escrito y señalamientos que van a estudiar y tomar en consideración.

"Flaco favor le haría yo a este proceso si no escucho a las partes involucradas", agregó.

Oposición

Entre las dudas que los sindicatos manifestaron, según dijo la jerarca, -ya que la prensa no tuvo acceso al foro-, se basaron en el debido proceso para el despido y en el tema de la negociación colectiva.

Fernández dijo que lo que buscan evitar es que cuando en marzo del 2023, que la ley entra en vigencia, le "lluevan" acciones de inconstitucionalidad y se caiga de alguna vía.

La ministra en ese sentido no quiso adelantar si la norma aprobada requiere o no de alguna reforma adicional.

"Tenemos varias posiciones al respecto, esta norma ya fue revisada dos veces por la Sala IV, y en mi caso yo no estaría en contra a presentar una reforma puntual o normativa conexa que haga falta para complementar esta ley", apuntó.

Reconoció que esta normativa crea una ruptura de paradigma que genera incertidumbres, y por ello buscan implementar un plan de acción.

"En el marco del respeto a la norma, la norma es lo que es, vamos a reglamentarla, que sea equilibrada y balanceada, y que atienda los puntos medulares donde se requiera una precisión reglamentaria para una mejor precisión", mencionó.

El Mideplan quiere tener antes la reglamentación de la norma, aunque Fernández no quiso adelantar un plazo, más allá del que le da la ley, que es seis meses, una vez entre en vigencia.