Orlando Aguirre afirma que reelección automática de magistrados evita “manoseo político”
El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre Gómez, defendió el actual sistema de reelección automática de magistrados y aseguró que este mecanismo protege la independencia judicial y evita el "manoseo político" dentro de la Corte Suprema de Justicia.
Las declaraciones surgen por la intención de la presidenta Laura Fernández Delgado de impulsar una reforma para eliminar la reelección automática e indefinida de los magistrados.
"El sistema actual yo diría que es un sistema ideal. De otros países, cuando han considerado lo que nosotros tenemos, así nos lo han expresado. Siempre se nos ha alabado el sistema porque tiende a evitar el manoseo político de la judicatura mayor, como son las salas de casación que hacen jurisprudencia que sirve y se utiliza para ordenar todo el ordenamiento jurídico", detalló Aguirre.
En Costa Rica, los magistrados de la Corte se reeligen automáticamente al finalizar su periodo de ocho años, a menos que el Congreso vote en contra.
Los nombramientos están a cargo de la Asamblea Legislativa y, en lugar de votar afirmativamente sobre su continuidad, un magistrado únicamente puede ser removido si 38 diputados votan expresamente en contra de su reelección.
El mecanismo está establecido en el artículo 158 de la Constitución Política. Sin embargo, para Aguirre, la idea de cambiarlo no es nueva.
"Ya yo tengo muchos años de andar en esto y con frecuencia en todos los gobiernos, en todas las nuevas asambleas legislativas ha existido la idea de modificar ese sistema para crear sistemas en los cuales el nombramiento y el mantener a los magistrados se quiere modificar para hacerlo más político.
Los políticos quisieran cada cuatro años hacer una revisión de los magistrados y quitarlos por muchas razones: desde que no les gustan las resoluciones o hasta cuestiones ideológicas que pueden estar de por medio en los cambios de integración", añadió Aguirre.
La reelección automática de magistrados en Costa Rica fue diseñada originalmente como una garantía fundamental para la independencia judicial.
Al no depender de una votación afirmativa de los diputados para mantenerse en el cargo, los magistrados pueden libremente resolver casos complejos, emitir fallos contra el Gobierno de turno o dictar resoluciones políticamente impopulares sin temor a perder su puesto como represalia.
Además, exigir una mayoría calificada muy alta —38 votos en contra— evita que una mayoría simple de diputados destituya a un magistrado por desacuerdos ideológicos o por una sentencia específica.
Para el presidente de la Corte, incluso si se quisiera cambiar este mecanismo, técnicamente no podría hacerlo una Asamblea Legislativa actuando con poder constituyente derivado, sino únicamente una asamblea constituyente que reforme profundamente la Constitución Política.
¿Eliminar lo vitalicio?
Aguirre considera que uno de los aspectos que más suele generar cuestionamientos es la permanencia casi vitalicia de algunos jueces en la Corte Plena. Por eso, estima que la discusión podría centrarse no en eliminar la reelección automática, sino en establecer un límite máximo de reelecciones permitidas.
"Sí es que a mucha gente le molesta que las personas permanezcan de por vida en la Corte o por muchos años, podríamos pensar en limitarlo. Nada más es agregarle a la norma que la reelección solo se permite una vez y quedaríamos con 16 años máximo", explicó el magistrado.
La doctrina constitucional y diversos organismos internacionales señalan que la estabilidad en el cargo es un pilar básico para que los jueces actúen apegados estrictamente al Derecho y no a intereses electorales o partidarios.
Actualmente, la única manera de frenar la reelección automática es que la Asamblea Legislativa realice una votación expresa y alcance una mayoría calificada de dos terceras partes del total de diputados. Si no se alcanzan esos 38 votos, el juez queda automáticamente renovado en su puesto.
La legislación costarricense no establece un límite máximo en la cantidad de veces que un magistrado puede reelegirse. Debido a ello, existen magistrados que han permanecido en sus cargos durante varias décadas consecutivas.
Reformar ese sistema es uno de los planteamientos de la presidenta Fernández, aunque todavía no ha entrado en detalles mayores sobre sus propuestas. Su plan de gobierno plantea modificar la forma de elección de magistrados para establecer un plazo máximo que no supere los 10 años en el cargo.
Asimismo, se definiría si el proceso reformado aplicará también para eventuales remociones, particularmente cuando el desempeño del magistrado no respalde su continuidad.
Antes de la propuesta del Ejecutivo, diversas bancadas ya habían presentado iniciativas en la misma línea. Por ejemplo, un expediente legislativo impulsado por el exdiputado Gilberth Jiménez, el cual planteaba permitir únicamente una reelección.
Para Aguirre, estas iniciativas también deberían medir el impacto que tendría limitar la reelección, por ejemplo, a una sola ocasión, pues podría generarse un problema para personas de mediana edad que aspiren a ingresar al sistema judicial.
Esto debido a que, al concluir los periodos permitidos, podrían verse obligadas a salir del cargo en una etapa en la que aún no tendrían derecho a jubilarse.