Orlando Aguirre sobre sacar a Fiscalía y Sala IV del Poder Judicial: “¿Será que aquí estorban más?”
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, conversó con CR Hoy sobre la propuesta de la presidenta Laura Fernández de sacar algunos órganos del Poder Judicial, tales como el Ministerio Público y la Sala Constitucional, para que no dependan de la Corte Plena.
El magistrado destacó que la razón principal por la que la Constitución Política y las leyes colocan a la Fiscalía y a la Sala IV bajo la sombrilla judicial es centralizar la administración de la justicia en un solo poder supremo e independiente, evitando la dispersión de recursos y garantizando la autonomía frente a los gobiernos y diputados de turno.
"Sí le puedo decir por qué están aquí: entre las razones, por la independencia. Podríamos hablar de otras razones, pero la más importante es porque aquí son más independientes", dijo Aguirre.
En las últimas décadas, el país ha evolucionado hacia el modelo actual para que la persecución de delitos no dependa del Poder Ejecutivo. Por eso, Aguirre plantea la duda de si, al extraer ambas instituciones del Poder Judicial, realmente se garantizaría su independencia.
"Uno tiene que preguntarse si se saca al Ministerio Público y a la Sala Constitucional de aquí, ¿serán más independientes donde vayan a estar? Entonces cabe otra pregunta y es para qué se quieren sacar de acá", añadió el jerarca.
Para Aguirre, tanto el Ministerio Público como la Sala Constitucional tienen mayor fortaleza para ejercer su rol al no depender de otros poderes, como el Ejecutivo o la Asamblea Legislativa, y un cambio podría más bien debilitar su trabajo.
"¿Para qué se les quiere sacar? ¿Será que aquí estorban más? Uno tiene que preguntarse primero el por qué y las respuestas son posiblemente diversas dependiendo de cada cabeza", puntualizó.
En Costa Rica, la Sala Constitucional es el tribunal supremo encargado de garantizar el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales. Funciona como un árbitro definitivo y sus resoluciones son vinculantes y obligatorias para todos.
Además, goza de una alta independencia funcional y de criterio, dado que sus siete magistrados propietarios fallan con total libertad frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo. A lo largo de la historia, la Sala IV ha frenado megaproyectos de distintos gobiernos de turno, anulado leyes clave y corregido políticas públicas sin que otros poderes puedan revertir sus órdenes.
Por su parte, el Ministerio Público, a través de todas sus fiscalías, se encarga de dirigir las investigaciones criminales y acusar a los presuntos responsables ante los tribunales de justicia.
Actualmente, posee una independencia funcional para investigar desde delitos menores, como hurtos, hasta los actos que involucran a los más altos jerarcas del país.
A diferencia de otros países, ni el presidente de la República, ni los diputados, ni los ministros pueden ordenarle a un fiscal archivar o abrir una causa criminal.
Cada fiscal adjunto o de juicio dirige sus investigaciones y decide a quién acusa basándose estrictamente en las pruebas del expediente, sin interferencia directa de otros poderes del Estado. Incluso, a lo interno existen leyes que garantizan la independencia de un fiscal de juicio o de investigación frente a las jerarquías de la propia institución.
Esto también permite que el Ministerio Público pueda investigar libremente a los políticos y evita que, por el contrario, los gobernantes de turno utilicen las instituciones como un brazo de persecución política.
Desde antes de asumir la Presidencia, la mandataria Fernández ha mencionado la separación de estos órganos del Poder Judicial como una de las reformas que impulsará su gobierno, el cual cuenta con mayoría en el Congreso para promover algunos cambios legales.
Su plan de gobierno habla de dotar de autonomía a la Sala Constitucional, la Fiscalía e incluso a la policía judicial y científica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sin profundizar en detalles sobre cómo lo haría ni cómo funcionaría ese nuevo modelo.