Fiscalía pidió 132 años de cárcel contra expresidente Rodríguez en caso Reaseguros
Juicio culminó esta semana y sentencia se conocerá a fin de mes
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó 132 años de prisión contra el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, a quien acusa de 11 delitos de peculado en el caso Reaseguros.
El proceso penal persigue hechos ocurridos entre 1998 y 2002, hace casi 30 años, que hasta el año anterior fueron llevados a juicio. Se centra en presuntos pagos de dádivas e irregularidades ejecutadas por empresas reaseguradoras de origen británico, que se habrían realizado para asegurar contratos de reaseguro de pólizas con el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Las presuntas irregularidades incluyen la creación de fondos de capacitación paralelos con reaseguradoras y corredores (Willis, AON, Guy Carpenter-Reinmex y PWS), financiados con sobreprecios en las primas de reaseguro y corretajes inflados, según la acusación de la Fiscalía.
Estos fondos, que debían destinarse a la capacitación de funcionarios, presuntamente fueron utilizados para beneficio personal de los imputados y sus allegados, incluyendo viajes de placer, compra de bienes —como computadoras y lapiceros Mont Blanc— y pagos de tarjetas de crédito.
La Fiscalía señaló que, para ello, se crearon sociedades pantalla en Panamá (Inversiones Denisse S.A., Reska Financial Inc., Sun High Investment S.A., Colapez Group S.A. y Lescadia S.A.) con el fin de ocultar el rastro del dinero.
En este esquema, el exmandatario Rodríguez es señalado de utilizar su condición de gobernante para nombrar a personas de su confianza en puestos clave y de alta jerarquía —como Cristóbal Zawadzki en el INS— para beneficiarse de las irregularidades.
El daño económico estimado al INS por el reaseguro de incendio y líneas aliadas asciende a $2.083.957,95, además de ¢2.378.086,71 en comisiones a Acuña y ¢4.652.806,77 por doble facturación.
En una póliza de Recope, el daño incluye $294.976 en aportes al fondo de capacitación, ¢460.967.624,19 en egresos y un incremento de $1.200.000 en la prima. Estos montos corresponden a la época de los hechos.
El daño moral al INS se estima en $10 millones, mientras que, en una póliza del ICE, el sobreprecio en corretaje y primas sumó $6.539.302.
El expresidente Rodríguez cerró el juicio asegurando encontrarse tranquilo y seguro de su inocencia.
"Desde el inicio, cuando se me quiso involucrar en este caso, me he sentido muy tranquilo porque, como expuse al Tribunal en mi defensa material, no hay ni un hecho concreto y probado que me ligue a delito alguno.
El fiscal que por años me ha perseguido desde el propio inicio del juicio anunció que apelarían. Ojalá no lo hagan para no seguir dilapidando los recursos públicos y para no usar en vano el valioso y muy limitado tiempo de nuestras juezas y jueces. Claro, también para poder yo ver vivo el final de esta lamentable persecución", manifestó.
La resolución se dará a conocer el próximo viernes 29 de mayo.
Otros acusados
Contra Álvaro Acuña Prado, exjefe de la Dirección de Reaseguros del INS, se solicitaron 1.455 años de prisión por 121 delitos de peculado y dos de peculado de uso. A él se le reprocha haber sido una pieza clave en la sustracción y distracción de fondos públicos del INS mediante la creación de un fondo de capacitación con corredores para obtener beneficios económicos, así como la gestión de fondos para una póliza de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Según la Fiscalía, él se encargó de negociar con corredores, gestionar desembolsos, manejar el pago de facturas de viajes y designar a los viajeros. Además, habría utilizado su posición en una empresa para obtener beneficios patrimoniales para él y su familia, al recibir dinero en cuentas en Panamá y Estados Unidos.
Contra Ronald Bonilla Rodríguez, el Ministerio Público pretende 30 años de prisión por cinco delitos de peculado, al reprocharle que, como funcionario del ICE y aprovechando su conocimiento en gestión de riesgo y seguros, se encargó de girar instrucciones a funcionarios de PWS para ocultar transacciones de fondos públicos del INS destinadas a transferencias ilícitas.
Para Ramón Lara Molinari, exfuncionario del ICE, se solicitaron 27 años por nueve delitos de peculado, principalmente porque, en apariencia, se integró a la operación delictiva para solicitar giros de dinero a su favor y en favor de otras personas, incluyendo patrocinios para fiestas de Navidad y viajes a México.
Finalmente, la petición contra Antonio Corrales Moya fue de seis años de prisión por un delito de peculado. El exfuncionario del ICE ocupó jefaturas y habría promovido la colocación de la empresa cuestionada a cambio de jugosos montos de dinero.