Pese a millones invertidos y generados, costo de polémico acueducto es incierto
Gerencia mencionó que podrían recibir 2 cifras distintas: del avalúo técnico y del análisis contable
El año pasado el Gobierno reanudó las obras del acueducto, al cual algunos grupos comunales se oponen. El proyecto sigue sin terminarse. (Imagen del AyA)
El acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal acumula 12 años de cuestionamientos, fracasos, dudas, un complejo fideicomiso y la recaudación de dinero para el sector privado sin la certeza por parte del Gobierno, de si ya recuperó lo que por Ley le corresponde.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no solo sigue sin saber cuánto invirtió el sector privado en un polémico e inconcluso acueducto en Guanacaste, sino que el monto podría variar según la óptica. El avalúo – aún pendiente – podría arrojar valores distintos: unos según el análisis contable (contratado por el privado) y otros según el análisis técnico de las obras (hecho por el AyA).
[accordionset][accordionx heading='¿Por qué un avaluó sobre lo hecho por privados? (Dele clic)‘]El punto es fundamental y necesario. Hace más de una década el AyA pactó con una empresa privada, para darle permisos a proyectos de urbanización y cartas de disponibilidad de agua, a cambio de que construyera el acueducto. La compañía cobró a otros privados por adelantado de forma ilegal y el Instituto intervino en el "desorden": cambió a un fideicomiso con otras empresas en el Banco de Costa Rica (BCR). (Ver línea de tiempo interactiva al final)
El fideicomiso podía recaudar fondos a cambio de que terminara el acueducto. Ha recolectado al menos $9 millones de otros privados y se entregaron más de 1.100 servicios de agua, en un mecanismo que la propia Auditoría Interna del AyA calificó de "venta de agua" y alertó de posibles irregularidades. Bajo la nebulosa de este fideicomiso, es necesario saber cuánto invirtieron, para definir si ya lo recuperaron o falta.
La Ley de Planificación Urbana en su artículo 38 permite construcciones, si el urbanizador se compromete a costear obras fuera de su propiedad, para ofrecer servicios necesarios. Ahí se dicta que futuros proyectos que usen los servicios, deberán abonar a la empresa principal "una cantidad por cada unidad de vivienda que contenga el nuevo proyecto" en un periodo de 5 años después de entregadas las obras. Ya se pasó de ese plazo.[/accordionx][/accordionset]
Comisión y casi un año de dudas
En diciembre del año pasado hubo manifestaciones en contra de la obra. (Imagen cortesía de Irene Gutiérrez)
Volviendo al presente, el AyA continúa sin determinar la inversión. Desde junio del 2017, el AyA pretendió desvincularse del fideicomiso y asumió el proyecto para terminarlo. Se firmó una carta de entendimiento entre BCR y AyA. La cláusula 7 acordó contratar a una firma para estimar los costos incurridos por el fideicomiso durante la ejecución del proyecto, que no terminó.
En noviembre del 2017, cuando CRHoy.com expuso la venta de agua en el proyecto, las autoridades del Instituto reiteraron el pendiente del avalúo para determinar si hubo ilegalidades. Ocho meses después aún no está. Incluso se formó una Comisión interna para ejecutarlo.
Esta Comisión debía formular los términos de referencia para la contratación. Pero su trabajo cambió, así como el panorama. El AyA hará el avalúo con sus peritos. Además ya el fideicomiso contrató una auditoría externa.
El Instituto respondió que el estudio de costos se compone de 2 análisis: el contable y el técnico pericial. El fideicomiso ya contrató a la firma Crowe Horwath para el estudio contable. El AyA lo avaló y destacó que esa auditoría debe cumplir las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las de Información Financiera (NIIF). "Este análisis lleva 3 meses y se espera conocer en setiembre los resultados", detalló el AyA.
El avalúo técnico del proyecto, por parte de los peritos del AyA, se iniciará hasta que la obra se concluya. Se estima que será en el último trimestre del año (octubre), es decir con meses de atrasos.
Dos posibles precios y ninguna certeza
El avalúo ha sido un tema arrastrado durante más años de lo que la Ley permite, para la recuperación de la inversión a empresas en estos esquemas. Es parte de la polémica del proyecto, pues se construyó lo que las autoridades llamaron la Fase I y ahora están en la Fase II.
En el 2010 el AyA recibió las obras y en el 2012 con un avalúo determinó que lo invertido hasta el momento valía ¢1.073 millones (poco más de $2,1 millones en esa fecha). Según el Fideicomiso desde marzo del 2011, el costo total del proyecto es de más de $11,3 millones. La inversión real fue y sigue siendo generador de diferencias.
Desde el año pasado el AyA aseguró que el avalúo lo determinaría. Pero ahora el subgerente del AyA Manuel Salas dijo que se van a manejar 2 cifras: lo determinado por el estudio financiero contable y el avalúo independiente del AyA sobre la infraestructura. Ante la consulta de si se dan diferencias, Salas no quiso responder sobre qué pasaría pues sería especular.
Incluso se molestó ante la insistencia en conocer cuál será la postura del AyA. "No le puedo contestar si no tengo fehacientemente y a la vista los documentos. ¿Qué parte es difícil entender eso?", espetó.
Aquí el extracto completo de esa parte de la entrevista, en la cual el Subgerente se negó a responder sobre qué pasaría si los montos son diferentes. "Tenemos que llegar a ese momento", afirmó, a pesar de la incertidumbre del conflicto que – según él mismo adelantó – podría darse.
[samba-videos id='477161280bad3998cb8cb2d6a78360a1′ lead='false']
Espera sobre costos a incluir
La Unión Nacional de Trabajadores del AyA (UNT) ha interrogado por el fideicomiso. Ana Cecilia Matamoros, directora Financiera del Instituto y quien preside la Comisión, respondió al sindicato que "no le corresponde a AyA desembolsar fondos públicos para contratar el avalúo que se requiere".
"El inversionista pretende recuperar toda la inversión realizada en el proyecto, pero para determinar el valor de las potenciales futuras conexiones se debe utilizar el valor que determine el informe pericial (el avalúo), porque no se pueden transferir costos improcedentes desde el punto de vista contable", respondió Matamoros a la UNT el pasado 12 de julio, en un correo electrónico del cual CRHoy.com tiene copia.
Financiero y sindicato conversaron sobre los costos que se le reconocerían a los privados. Según Matamoros no es procedente incluir gastos legales, ni la contratación de la firma. Las normas internacionales no lo permiten.
Pregunta de la UNT: ¿Cuál es la diferencia entre certificación de costos y el avalúo?
Respuesta de la Directora Financiera: La certificación de costos incluye todos los costos en que se haya incurrido para la construcción del proyecto, los cuales pueden incluir gastos que desde el punto de vista de la Norma Internacional de Contabilidad 16 (NIC 16), no forman parte del costo final del proyecto que puede contabilizarse, un ejemplo de estos costos pueden ser gastos legales en los que se haya incurrido durante el proceso, o bien gastos que superaron el presupuesto del proyecto por ineficiencia del constructor. Recordemos que en este caso algunas etapas del proyecto se atrasaron mucho por las situaciones que se dieron con la comunidad y esto hizo que los costos se incrementaran, no obstante, desde el punto de vista contable no procede imputar estos gastos al costo total del proyecto. Un avalúo pericial, determina el valor real de las obras a precio de mercado, el cual puede ser menor o mayor a los costos reales incurridos, si fuera mayor eso representa una ganancia para el constructor, pero si fuera menor eso representa un pérdida que debe ser absorbida por los inversionistas del proyecto.
Pregunta de la UNT: ¿Ese costo para el fideicomiso de contratar esa firma, la intentarán trasladar al proyecto y por ende al monto final que se debe compensar?
Respuesta de la Directora Financiera: No señores, acorde con la NIC 16 este costo no puede formar parte del valor total de la obra, es un gasto independiente al valor de los activos del proyecto.
Ante lo señalado el subgerente del AyA Manuel Salas afirmó que "todos los costos asociados a la gestión de esos recursos forman parte de los costos que ellos van a reportar". Es decir el precio de la contratación estará referido en el balance de costos por parte del fideicomiso.
Si bien la Directora Financiera fue clara, Salas aseguró que deben esperar para recibir la auditoría externa. Por eso dijo que no quiere "adelantar criterio".
Carta de entendimiento fue errada y debe cambiarse
El acueducto de Sardinal aún no se concluye, pero el AyA lo retomó a finales del 2017. (Imagen cortesía de Irene Gutiérrez)
Desde el primer informe de avance de la Comisión, del 6 de marzo de este año, se señaló a la Gerencia que el avalúo no debe ser contratado sino que debe ser realizado por los peritos de AyA. El problema fue que en la Carta de Entendimiento firmada por el AyA para desvincularse y asumir el proyecto, se acordó la contratación. Esto fue un error apresurado, según la misma Comisión interna.
"Esta comisión concluye que lo indicado en la cláusula sétima de la Carta de Entendimiento, fue incluido al calor de tirantes y fuertes negociaciones entre las partes involucradas, como una alternativa para lograr un acuerdo respecto al valor de las conexiones futuras al proyecto, no obstante, esta no es la mejor forma de lograr el objetivo final, por cuanto implica la erogación innecesaria de fondos públicos, siendo que AyA cuenta con los profesionales idóneos para realizarlo", señaló en ese informe de marzo.
Manuel Salas afirmó que esas valoraciones fueron subjetivas y justificó el cambio ya que es "válido reconsiderar". El 4 de junio pasado hubo una reunión en Casa Presidencial para realizar esta transformación. El Subgerente dijo que no se ha concretado el cambio, aunque se haría en forma de adenda. Se debe firmar una nueva carta.
Según Salas "el tema de que lo acepten o no lo acepten (el avalúo del AyA) (…) no es un asunto donde el fideicomiso tenga que decirle al AyA qué hacer o no hacer, el AyA lo va a hacer porque le corresponde hacerlo". El fideicomiso se negó a esta posibilidad.
Además la Comisión concluyó que el Fiduciario, el BCR, posee toda la información contable necesaria para determinar la inversión de los privados. Aún así se contrató a una auditoría externa. Para Salas el Banco debe tener los datos, pero la contratación da más "seguridad de que se han seguido las prácticas contables correctas".
Según la carta de entendimiento entre el fideicomiso del acueducto y el AyA, André Garnier Kruse era el representante de los privados. Desde enero pasado CRHoy.com intentó conversar con Garnier, pero aunque dijo que habría un espacio, se suspendió.
En marzo, el entonces candidato Carlos Alvarado anunció que Garnier Kruse sería su Ministro de coordinación con el sector privado. Se le consultó por quién es el contacto ahora, pero no indicó. Mencionó que ya está desligado.
