Poder Judicial abre 14 procesos disciplinarios al día contra sus funcionarios
Durante los últimos 5 años se suman 17.048 causas abiertas
La Inspección Judicial, órgano a cargo de los procesos disciplinarios de todo el Poder Judicial, abre en promedio 14 nuevas causas sobre sus funcionarios por día hábil durante el presente año.
Así lo muestran las cifras recopiladas por la misma entidad, que hasta el pasado 31 de mayo tenía 1.530 expedientes de nuevo ingreso. Durante los últimos 5 años, suman 17.048 causas abiertas por primera vez sobre los empleados judiciales.
A esto hay que sumar que 23 procedimientos disciplinarios volvieron a entrar y 403 testimonios de piezas llegaron a la Inspección Judicial. Estos últimos son acusaciones que ingresaron desde otra jurisdicción. En total, los procesos en gestión son 1.956 hasta dicha fecha.
De esta cifra, el 6% de los casos terminaron con una sanción durante los primeros meses de este año. De 1.742 procesos disciplinarios resueltos, 55 culminaron en amonestación escrita o advertencia.
Solo 53 llegaron a una suspensión sin goce de salario o a una revocatoria de nombramiento. En total, durante los últimos 5 años se han terminado 18.408 asuntos, de los cuales solamente 1.530 cerraron en algún tipo de sanción.
Esto equivale a apenas un 8.3% del total de expedientes. Gran parte de los casos que finalizan en nada, es por desestimaciones, porque se declaran sin lugar, porque se acumulan con otras causas, se delega la competencia disciplinaria o bien, se archivan.
Propuesta para desaturar
En la Corte Suprema de Justicia reconocen que el volumen de casos que tramita el Tribunal de la Inspección Judicial ha generado gran carga de trabajo que se ha trasladado a niveles superiores, incluso al Consejo Superior o a la propia Corte, que en ocasiones deben tomar decisiones de algunos casos o resolver asuntos.
Por esa razón, los magistrados Luis Porfirio Sánchez, presidente de Sala Segunda y Jorge Leiva, de la Sala Primera, trabajan en una reforma para cambiar la estructura de cómo se tramitan los expedientes disciplinarios a lo interno del Poder.
Actualmente, los magistrados conocen el régimen disciplinario de los jueces en los casos de atraso injustificado y error grave, mientras que el Consejo Superior atiende recursos de apelación y el Tribunal de la Inspección Judicial.
Con el proyecto de ley que se formula, cambia la estructura organizacional y hasta el nombre: ahora se llamará Tribunal Administrativo Disciplinario del Poder Judicial, además de un tribunal de apelaciones disciplinario, para liberar de saturación a las altas autoridades.
"Utilizaríamos el mismo recurso que tenemos hoy. Con esto, ya la Corte no tendrá que conocer procesos disciplinarios en esos temas de error grave y de retraso injustificado, ni el Consejo Superior con las apelaciones. Eso únicamente va a estar en manos de los órganos especializados", explicó el magistrado Sánchez.
Por su parte, las Oficina de Asuntos Internos del Organismo de Investigación Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa Pública actualmente solo pueden imponer sanciones de hasta 15 días y el resto de casos se trasladan la Inspección Judicial.
Con el cambio, estos órganos internos podrán emitir sanciones de hasta un mes, es decir, podrán manejar un abanico más amplio de temas.
"Eso implica también descongestionar un poco el Tribunal de la Inspección Judicial, porque todos esos procesos que se tramitan a lo interno del OIJ, en la Defensa Pública o en el Ministerio Público, en los cuales se estime que son sanciones superiores a los 15 días, terminan en la Inspección Judicial y necesitamos un Tribunal de la Inspección Judicial más abocado al tema de la corrupción que a algunos asuntos de poca de poco interés para la institución", añadió el presidente de Sala Segunda.
Por su parte, el magistrado Leiva recalcó que estos cambios propuestos apuntan a centrar a las autoridades superiores en combatir la corrupción y la incursión de la delincuencia organizada dentro de la administración de justicia. Esto dado que es cada vez más común que grupos criminales tengan en sus planillas a funcionarios judiciales.
"La intención con esto es que Corte le diga a los órganos técnicos que dentro de todo lo que tienen que hacer, den prioridad a corrupción. Cuando todo el tema de corrupción se logre atender, entonces en un segundo momento decir a los órganos disciplinarios, ahora atendamos dilación de justicia y mora", señaló el alto juez.
En el proyecto de ley que se alista a lo interno de la Corte para reformar integralmente el régimen disciplinario de toda la institución, también pretende reestructurar los plazos y herramientas para investigar a los funcionarios que incurren en faltas dentro o fuera del ejercicio de sus funciones.