PPSO rechaza informe que advierte riesgos de contratos “a dedo” en plan para Ciudad Gobierno
La Asamblea Legislativa rechazó, con 29 votos de Pueblo Soberano (PPSO), el informe negativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso anterior, el cual advertía sobre los riesgos de contrataciones "a dedo" al posibilitar excepciones en la compra y arrendamiento de bienes inmuebles en proyectos como Ciudad Gobierno, y que recomendaba archivar dicho expediente.
Se trata de un dictamen negativo sobre el expediente que reforma la Ley General de Administración Pública, uno de los proyectos "estrella" de la administración de Rodrigo Chaves Robles y que recibió múltiples señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR).
Los oficialistas se opusieron a archivar definitivamente el expediente, al considerar que el proyecto aún puede discutirse pese a las advertencias planteadas en el informe.
El dictamen de mayoría sostenía que el expediente "posee serios vicios de constitucionalidad", los cuales, según sus redactores, no superarían el filtro de la Sala Constitucional ante una eventual consulta.
Además, el informe rechazado recomendaba al Gobierno actual y a futuras administraciones utilizar las leyes vigentes, en lugar de intentar debilitarlas, para construir una sede que concentre edificios gubernamentales no solo en San José, sino también en otras provincias del país.
Ciudad Gobierno
El Ejecutivo impulsó el proyecto de Ciudad Gobierno, que planteaba construir un complejo estatal en Plaza Víquez para concentrar instituciones públicas, financiado mediante un préstamo del BCIE por $450 millones y sin licitación pública. Sin embargo, la iniciativa se frenó en octubre de 2024 tras una advertencia de la Contraloría, que cuestionó el modelo de contratación y el esquema de arrendamiento.
Posteriormente, el Gobierno presentó dicha reforma; no obstante, también recibió fuertes críticasdel órgano contralor, que advirtió posibles afectaciones al ordenamiento jurídico. Además, se señaló que el terreno no pasaría a ser propiedad del Estado en un plazo de 25 años, lo que incrementó las dudas sobre el proyecto.
Por otra parte, la Comisión también generó un informe afirmativo de minoría que, por el contrario, ignoraba las advertencias y recomienda la construcción de Ciudad Gobierno sin la figura de licitación pública.
Diputados señalan riesgos
María Eugenia Román, subjefa de fracción del Frente Amplio, señaló que este texto del Gobierno, surgido de un informe de minoría, está redactado para permitir el amiguismo, las contrataciones "a dedo" y la corrupción.
Román enfatizó que se trata de un texto declarado inconstitucional en varias ocasiones.
Diana Murillo, diputada del PLN, aseguró que existe consenso sobre la importancia de construir el complejo gubernamental, pero bajo controles públicos y modelos económicos adecuados. Defendió el informe negativo de mayoría, el cual proponía avanzar con Ciudad Gobierno, pero bajo mecanismos de fiscalización.
"Hagámoslo bien, como corresponde, estrictamente bajo el marco de la legalidad", manifestó.
Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio, calificó la propuesta como un "adefesio jurídico" que podría convertirse en un mecanismo para promover la corrupción.
Trejos afirmó que el texto actual elimina controles previos de la Contraloría y agiliza las contrataciones, permitiendo que cualquier entidad afín a la administración obtenga la concesión. Además, añadió que promueve la corrupción al eliminar apelaciones en los procesos ordinarios de contratación pública.
La polémica gira, según el legislador, en torno a que el Estado terminaría pagando alquiler sobre terrenos propios.
Tras el rechazo del informe negativo de mayoría, el texto se remite nuevamente a la Comisión de Jurídicos, aún no conformada, para continuar su trámite de archivo.
Ahora, los diputados deberán conocer en el Plenario el informe de minoría, sobre el cual ya habían advertido legisladores del Congreso anterior. Además, se presentaron mociones de fondo que deberán ser analizadas en comisión.